"Cobro de valorización se aplaza"

El cobro de valorización —una contribución que hace un grupo de ciudadanos para financiar una obra de infraestructura que eventualmente valorizará su predio— se volvió un dolor de cabeza para el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Tanto que al cierre de esta edición, la directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), María Fernanda Rojas, dijo que este primer pago se aplazará.

La decisión fue producto de la reunión que sostuvieron ayer la administración Petro y los voceros de las bancadas del Concejo, quienes convinieron que hoy el Distrito radicará un acto administrativo con la modificación que tendrá el actual cobro. Ahora, en un tiempo perentorio, el IDU debe definir por cuánto tiempo se extiende el plazo para cobrar la contribución, pues la primera fecha prevista era el 27 de febrero con el 15% de descuento.

Se espera que hoy mismo se conozca el nuevo período de pago, que empezará una vez el Concejo apruebe las modificaciones que el Distrito le presente respecto al Acuerdo 180. Éste fue aprobado en 2005 y estableció la construcción de 137 obras en la ciudad, divididas en cuatro fases por medio de la recolección de $2,1 billones a lo largo de una década. Algunos de los cambios serían realizar un nuevo plan de obras y revisar el modo de asignación del cobro.

Pero tomar esta alternativa no fue fácil para el Distrito.

Obligado a hacer cumplir el Acuerdo 180 de 2005, Petro ahora enfrenta la indignación de cientos de bogotanos que no sólo consideran que los cobros han sido excesivos o injustos, sino que dejaron de creer en una medida de la cual se aprovecharon en el pasado los protagonistas del cartel de la contratación.

De nada ha servido la labor pedagógica adelantada por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), que desde hacía meses venía sensibilizando a la ciudadanía sobre los orígenes del Acuerdo 180, las facilidades de pago del actual cobro y las numerosas obras que en el pasado han sido financiadas con este tipo de aporte.

Sólo por nombrar algunas, gracias al cobro de valorización pasado se construyeron la Avenida Norte Quito Sur y el puente de la calle 100. Y así lo explicó numerosas veces el IDU, cuando preparaba el proceso de recaudo de la segunda fase de valorización: el cobro de $850 mil millones a los propietarios de 1’721.000 predios, para la construcción de 47 obras —calles, andenes, parques— en diversos sectores de la ciudad.

Una vez iniciado el cobro, fueron dos las reacciones de los ciudadanos. Un buen grupo tomó el recibo, se acercó a los puntos de recaudo y pagó: a la fecha, 326.438 propietarios de predios habían hecho esta diligencia, por lo que el IDU cuenta hoy con $97.000 millones en aportes.

Pero muchos otros reaccionaron con sorpresa. A algunos les llegaron recibos para financiar obras considerablemente lejos de los predios que supuestamente deberían valorizarse. Otros se encontraron con cobros desmedidos y otros más no podían creer que llegara un nuevo recibo cuando las obras de la primera fase ya comenzaban a deteriorarse.

Vinieron las quemas de recibos, tomas de Transmilenio y la lluvia de quejas comenzó y no se detuvo en las oficinas del IDU (hoy han sido radicadas más de 19.000).

Entonces comenzó la feria de las acusaciones. El alcalde le echó la culpa al Concejo, que aprobó el acuerdo. El IDU responsabilizó a los alcaldes anteriores, que le hicieron el quite a un cobro evidentemente problemático, atrasaron el cronograma y se evitaron el costo político (tanto Lucho Garzón como Samuel Moreno tuvieron la responsabilidad de efectuar el cobro actual).

El Concejo, a su vez, se ha defendido. Varios cabildantes responsabilizaron a una administración que, a su juicio, no previó los problemas que implicaba efectuar el cobro tal cual estaba establecido y reaccionó tan sólo cuando la gente se alborotó en las calles y en los medios.

La Personería, por su parte, ya anunció apertura de investigación a los funcionarios involucrados, argumentando que faltó solidez técnica y planeación.

Independientemente de los cuestionamientos técnicos que rodean el polémico acuerdo (tanto la concejal Angélica Lozano como el concejal Miguel Uribe han publicado en sus páginas de internet diagnósticos sobre los problemas de la herramienta). Lo cierto es que la valorización se volvió un caballo de batalla que unos y otros han querido usar en una ciudad altamente polarizada y en la que el alcalde no ha logrado tener una relación armónica con el Concejo.

El cobro de valorización —una contribución que hace un grupo de ciudadanos para financiar una obra de infraestructura que eventualmente valorizará su predio— se volvió un dolor de cabeza para el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Tanto que al cierre de esta edición, la directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), María Fernanda Rojas, dijo que este primer pago se aplazará.

La decisión fue producto de la reunión que sostuvieron ayer la administración Petro y los voceros de las bancadas del Concejo, quienes convinieron que hoy el Distrito radicará un acto administrativo con la modificación que tendrá el actual cobro. Ahora, en un tiempo perentorio, el IDU debe definir por cuánto tiempo se extiende el plazo para cobrar la contribución, pues la primera fecha prevista era el 27 de febrero con el 15% de descuento.

Se espera que hoy mismo se conozca el nuevo período de pago, que empezará una vez el Concejo apruebe las modificaciones que el Distrito le presente respecto al Acuerdo 180. Éste fue aprobado en 2005 y estableció la construcción de 137 obras en la ciudad, divididas en cuatro fases por medio de la recolección de $2,1 billones a lo largo de una década. Algunos de los cambios serían realizar un nuevo plan de obras y revisar el modo de asignación del cobro.

Pero tomar esta alternativa no fue fácil para el Distrito.

Obligado a hacer cumplir el Acuerdo 180 de 2005, Petro ahora enfrenta la indignación de cientos de bogotanos que no sólo consideran que los cobros han sido excesivos o injustos, sino que dejaron de creer en una medida de la cual se aprovecharon en el pasado los protagonistas del cartel de la contratación.

De nada ha servido la labor pedagógica adelantada por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), que desde hacía meses venía sensibilizando a la ciudadanía sobre los orígenes del Acuerdo 180, las facilidades de pago del actual cobro y las numerosas obras que en el pasado han sido financiadas con este tipo de aporte.

Sólo por nombrar algunas, gracias al cobro de valorización pasado se construyeron la Avenida Norte Quito Sur y el puente de la calle 100. Y así lo explicó numerosas veces el IDU, cuando preparaba el proceso de recaudo de la segunda fase de valorización: el cobro de $850 mil millones a los propietarios de 1’721.000 predios, para la construcción de 47 obras —calles, andenes, parques— en diversos sectores de la ciudad.

Una vez iniciado el cobro, fueron dos las reacciones de los ciudadanos. Un buen grupo tomó el recibo, se acercó a los puntos de recaudo y pagó: a la fecha, 326.438 propietarios de predios habían hecho esta diligencia, por lo que el IDU cuenta hoy con $97.000 millones en aportes.

Pero muchos otros reaccionaron con sorpresa. A algunos les llegaron recibos para financiar obras considerablemente lejos de los predios que supuestamente deberían valorizarse. Otros se encontraron con cobros desmedidos y otros más no podían creer que llegara un nuevo recibo cuando las obras de la primera fase ya comenzaban a deteriorarse.

Vinieron las quemas de recibos, tomas de Transmilenio y la lluvia de quejas comenzó y no se detuvo en las oficinas del IDU (hoy han sido radicadas más de 19.000).

Entonces comenzó la feria de las acusaciones. El alcalde le echó la culpa al Concejo, que aprobó el acuerdo. El IDU responsabilizó a los alcaldes anteriores, que le hicieron el quite a un cobro evidentemente problemático, atrasaron el cronograma y se evitaron el costo político (tanto Lucho Garzón como Samuel Moreno tuvieron la responsabilidad de efectuar el cobro actual).

El Concejo, a su vez, se ha defendido. Varios cabildantes responsabilizaron a una administración que, a su juicio, no previó los problemas que implicaba efectuar el cobro tal cual estaba establecido y reaccionó tan sólo cuando la gente se alborotó en las calles y en los medios.

La Personería, por su parte, ya anunció apertura de investigación a los funcionarios involucrados, argumentando que faltó solidez técnica y planeación.

Independientemente de los cuestionamientos técnicos que rodean el polémico acuerdo (tanto la concejal Angélica Lozano como el concejal Miguel Uribe han publicado en sus páginas de internet diagnósticos sobre los problemas de la herramienta). Lo cierto es que la valorización se volvió un caballo de batalla que unos y otros han querido usar en una ciudad altamente polarizada y en la que el alcalde no ha logrado tener una relación armónica con el Concejo.