Colombia-Ecuador: una cita sensible

La carretera que va desde el aeropuerto Atahualpa, en la ciudad ecuatoriana de Ibarra, hasta una hostería en Cotacachi, en donde este martes se reúnen las delegaciones de Colombia y Ecuador en una cita más para solucionar la crisis diplomática desatada hace más de un año, está fuertemente vigilada. Cientos de soldados y policías custodian el lugar que acoge a la Comisión de Asuntos Sensibles, encabezada por los ministros de Relaciones Exteriores Fánder Falconí y Jaime Bermúdez, en un encuentro calificado por analistas como “sensible” y “complicado”.

“Esta no es una cita como las anteriores en Nueva York o Ipiales. Aunque los problemas de fondo continúan y no son menores, la situación se dificulta con las acusaciones de lado y lado. El ambiente es de desconfianza y así es difícil llegar a soluciones”, explica el profesor de ciencia política de la Universidad Central de Quito, Mario Viteri.

La semana pasada, el gobierno venezolano hizo graves denuncias sobre supuestas operaciones de espionaje colombiano en Venezuela, Ecuador y Cuba. Y aunque el presidente Rafael Correa fue muy cauto en sus declaraciones, sí calificó la denuncia como “extremadamente grave”. El mandatario ecuatoriano no descartó que las relaciones se puedan complicar aún más, en caso de que “todo esto resulte cierto”.

Otro punto de divergencia que está en la agenda es la actuación del juez de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, Francisco Revelo, quien involucró a funcionarios colombianos en el proceso legal que sigue por el ataque colombiano a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en territorio ecuatoriano, ocurrido el 1° de marzo de 2008.

El juez Revelo resolvió vincular, sin orden de prisión, al director de la Policía de Colombia, Óscar Naranjo, y al ex comandante del Ejército colombiano, Mario Montoya, en el mencionado proceso legal (ver juicios a colombianos). En dicho juicio también fueron involucrados el comandante de las Fuerzas Militares colombianas, Freddy Padilla, y el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, contra quienes fue dictada una orden de detención.

Las acciones del juez Revelo provocaron la suspensión de un encuentro de las comisiones binacionales de Seguridad y de Desarrollo Fronterizo, que debía producirse el pasado 16 de octubre.  “Uno oye las declaraciones públicas del fiscal, oye al juez y se da cuenta de que hay una actuación totalmente mediada por la política, por la politización, por el populismo y que no tiene ninguna base jurídica”, se quejó en su momento el ministro de Defensa colombiano, Gabriel Silva.

Denuncias colombianas

El ambiente se torna más enrarecido con la denuncia que hizo el ministro Silva sobre un supuesto plan para atentar contra la vida del juez de la provincia de Sucumbíos Daniel Méndez, quien fue el primero en investigar el bombardeo colombiano en Angostura (ver amenazas de las Farc). Después, Méndez trasladó el caso a Revelo. Según Silva, las Farc prentendía atentar contra Méndez e involucrar a las autoridades colombianas para obstaculizar el proceso de normalización de relaciones diplomáticas.

Sin embargo, ambos gobiernos parecen estar comprometidos y dispuestos a superar los obstáculos. El canciller ecuatoriano aseguró horas antes de la reunión que “hay la voluntad política de los dos presidentes, Rafael Correa y Álvaro Uribe, para que las dos cancillerías encuentren un mecanismo de facilitación de diálogo en Ibarra”. Asimismo, el Canciller colombiano ratificó la disposición que existe en el país para solucionar los problemas con Ecuador.

El vocero de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de Colombia, Jairo Clopatofsky, señaló que el compromiso de los dos países para asistir a una cita en donde se abordarán temas “sensibles” de la agenda es un gesto positivo. “Parece que por fin los gobiernos entendieron que el camino correcto no es la guerra política, sino el diálogo”, aseguró el senador a periodistas.

Y es que la reunión de hoy no será nada fácil, pues en la agenda están todos los temas en los que los gobiernos de los dos países han mantenido posiciones irreconciliables. Para ayudar en la búsqueda de salidas, a la cita también asistirán el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y la representante del Centro Carter, Jennifer McCoy.

El canciller Falconí ratificó que al margen de los temas que se traten hoy “continuará cumpliéndose la hoja de ruta”, establecida por los dos países el pasado mes de septiembre, en Nueva York. En ese sentido, el diario El Comercio, de Quito, señaló que las autoridades seccionales y gubernamentales de las zonas fronterizas entregarán una resolución para modificar el llamado Acuerdo de Esmeraldas, firmado el 11 de noviembre de 1999 y que regula el transporte terrestre, tránsito de personas, comercio internacional y la canasta básica familiar de la frontera.

En el documento, se plantean tres cambios básicos: la creación de una canasta básica de integración fronteriza, intercambio de datos judiciales y la creación de una empresa de transporte binacional. Según explicó el gobernador de Nariño, Antonio Navarro, es necesario modificar el convenio para volverlo más ágil y beneficioso para los pobladores de las zonas de frontera.

“Si consiguen mejorar las condiciones de las poblaciones fronterizas, que son las que están padeciendo en carne propia las consecuencias de la crisis, será un gran paso. La solución final dependerá de la confianza. Los dos países deben recuperar el respeto mutuo”, concluyó el analista ecuatoriano Mario Viteri.

El espionaje, el tercer tema sensible

Otro de los asuntos sensibles en la agenda de hoy es la denuncia por supuesto espionaje hecha por el presidente Hugo Chávez la semana pasada. El vicepresidente ecuatoriano, Lenín Moreno, afirmó que la Cancillería y el Ministerio de Seguridad Interna y Externa están investigando “si la denuncia tiene asidero en lo real, y si eso fuera así, tendrán que hacerse los reclamos”.

Por su parte, el ministro ecuatoriano de Seguridad, Miguel Carvajal, afirmó a la cadena Ecuavisa que las investigaciones ecuatorianas sobre el supuesto espionaje apuntan a que Colombia habría realizado “actividades de inteligencia humana en la embajada” y en sus “consulados en Colombia y también (...) en territorio ecuatoriano en 2008 y 2009”.

Un día antes de la cita, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó los hechos como muy graves. Según dijo, “es terriblemente grave que Bogotá quiera espiar y desestabilizar a países vecinos, como consta en los documentos incautados a dos espías colombianos recientemente detenidos”. Y agregó: “El Gobierno colombiano dirige una operación de espionaje contra los gobiernos de la región”. Las autoridades ecuatorianas no comentaron nada, por la cercanía de la cita con Colombia.

Juicios a colombianos

Este es uno de los temas más delicados que se tratarán hoy en la mesa de diálogo. El ministro de Defensa, Gabriel Silva, insiste en que Ecuador abandone los juicios penales iniciados por el juez tercero de lo Penal de Sucumbíos, Daniel Méndez, contra cuatro colombianos, y le sugirió a Quito que invoque el principio de “colaboración armónica” de los poderes públicos dentro de un Estado.

Sin embargo, el canciller ecuatoriano ha reiterado que en Ecuador existe un sistema democrático en el que rige una independencia de funciones entre los poderes del Estado, por lo que el gobierno no puede interferir en la justicia ecuatoriana.

Por otro lado, el fiscal general, Washington Pesántez, dijo que el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, no debería ser involucrado en el proceso penal sobre Angostura que tramita la justicia ecuatoriana. “Yo creo que no, los presidentes tienen inmunidad de territorio y no se podría llegar a tan lejos”.

Amenazas de las Farc

Colombia denunció un supuesto plan de las Farc para asesinar a Daniel Méndez, el juez ecuatoriano que investiga el bombardeo colombiano del 1º de marzo de 2008. Según autoridades colombianas, las Farc estarían buscando impedir la normalización de las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Bogotá y Quito. Sobre el tema, el ministro ecuatoriano de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, señaló que se han tomado todas las precauciones para resguardar la seguridad del juez. Por su parte, el vicepresidente de Ecuador, Lenín Moreno, expresó su preocupación por la situación y señaló que se deberá incluir al juez en un programa de protección.

Méndez señaló que ya cuenta con protección policial para evitar un posible atentado contra su integridad. “Sí, estoy con protección. De todas formas, hay que tener el cuidado correspondiente para evitar cualquier desgracia”, agregó el juez, tras reconocer que no es la primera vez que recibe amenazas.