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Si existe un tema del que los colombianos hablen tanto como de fútbol o reelección presidencial, es el de los paros. Tal vez no lo comenten con tanta euforia, pero ya sienten sus estragos en las principales capitales. Las manifestaciones ciudadanas, que comenzaron de manera más bien anónima hace 43 días, se extienden hoy por todo el país y ya no son protagonizadas exclusivamente por los empleados de la Rama Judicial (quienes al cierre de esta edición definían si regresaban a sus trabajos después de 43 días de receso), sino que tienen como protagonistas a indígenas, corteros y mineros.
Ante la tensión de los disturbios en el sur del país entre los indígenas y la fuerza pública, el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, citó a una rueda de prensa anoche para decir que el Gobierno ha hecho muchos esfuerzos por resolver la situación de los indígenas del Cauca y anunciar algunas medidas para proteger a la población.
Visiblemente molesto, el primer mandatario denunció la influencia terrorista en las marchas. “El país ha hecho muchos esfuerzos. Diálogo sí, violencia no. Además, no aceptamos trampas, porque se infiltran terroristas, nos masacran a los policías, ejercen toda clase de violencia y en seguida nos acusan frente a la comunidad internacional porque simplemente nosotros actuamos y evitamos los bloqueos y enfrentamos la violencia. Y todo es con el propósito de bloquearle a Colombia pasos tan importantes como la aprobación del TLC”.
De igual forma, el director de la Policía, general Óscar Naranjo, quien también estuvo presente en la rueda de prensa, mostró un video de uniformados que han resultado heridos en medio de las protestas. Y con el fin de evitar que los vehículos y las personas que transitaban por la zona resultaran también afectados, Naranjo anunció el cierre de la Vía Panamericana desde las 10 de la noche de este miércoles hasta las 5 de la mañana del jueves . “Tenemos información de inteligencia técnica y humana que señala que se estaba preparando un plan para incendiar unos vehículos en la noche. Por esa razón el Gobierno tomó la decisión de cerrar la vía para asegurarnos de que nadie resulte afectado como consecuencia de este plan, que en todo caso tiene claras características terroristas y no corresponde a una protesta pacífica”.
Pero los paros afectan simultáneamente a otros sectores. Empleados de la Registraduría y miembros de la CUT preparan nuevas protestas para esta semana. Los primeros dijeron que se irán a la huelga porque les incumplieron con el pago de un bono por trabajo en época electoral. La CUT protestará en solidaridad con los educadores, corteros e indígenas . Estos últimos bloquearon varias carreteras en Valle, Cauca, Risaralda, Caldas, Chocó y Sucre para presionar un encuentro con el ministro del Interior, Fabio Valencia, a quien solicitan seguridad y tierras para sus 102 etnias.
El Gobierno asegura que buscará el diálogo con todos, pero que no permitirá que se acuda a las vías de hecho. Entre tanto, el ciudadano del común sufre los estragos por los trancones, la caída del comercio, el represamiento de los procesos judiciales, el desabastecimiento en varios municipios de Cauca y la sensación de inseguridad transmitida cada vez que se presenta un choque entre quienes reivindican sus derechos y quienes están encargados de velar por la seguridad de huelguistas y demás ciudadanos.
El paro continúa en Bogotá
El 90% de los juzgados está trabajando y el 80% de los empleados judiciales ya retomó sus labores. Ese fue el parte entregado por el Consejo de la Judicatura al referirse sobre el futuro del paro judicial que desde el 2 de septiembre tiene en vilo al país. Este miércoles, Asonal dispuso mesas de votación en todo el país para decidir la suerte de este cese de actividades y para establecer si se aceptaba la oferta de $150.000 millones para la nivelación salarial, excepto en Antioquia, donde los trabajadores decidieron regresar a sus labores y se comprometieron a reponer el tiempo que estuvieron inactivos. En Bogotá, en los juzgados de Paloquemao, la respuesta fue continuar en huelga.
Registraduría, en cuenta regresiva
De no llegarse a un acuerdo con los Ministerios de Hacienda y del Interior y de Justicia, en las próximas horas los 3.600 funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil entrarían en paro indefinido. Daniel Bohórquez, presidente del sindicato de esa entidad, dijo que los trabajadores de la Registraduría tienen sueldos 42% por debajo de las demás entidades públicas, a pesar de que anualmente le aportan al Estado recursos por $25.000 millones. Asimismo, explicó que el Ministerio de Hacienda los notificó de que no les reconocería prima electoral por las consultas internas de los partidos del próximo 26 de octubre y que el Congreso no ha hecho nada por sacar adelante la ley que establece el régimen especial de carrera en la entidad, que evita su politización. “Estamos por definir la hora cero para ir a paro”, enfatizó.
Concentración nacional de sindicatos
Este jueves, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, con el apoyo del resto de organizaciones sindicales, se concentra en todo el país para protestar. La convocatoria es una señal de solidaridad con el paro de Asonal Judicial, el de los corteros de caña, los 300 mil educadores que denunciaron que se quedarán sin el servicio de salud y los indígenas que reclaman el cumplimiento de un pacto que hace 15 años prometió devolverles sus tierras.
Tarcisio Mora Godoy, presidente de la CUT, asegura que el “Gobierno no ha resuelto peticiones antiguas y nos unimos a los trabajadores para que cumplan”.
En la jornada, los manifestantes tienen planeado reunirse frente al Ministerio de Protección Social a las 11:00 a.m. para buscar un acuerdo con el ministro Diego Palacio. Además de la concentración, la CUT también hizo un llamado a paro nacional de 24 horas el próximo jueves 23 de octubre.
Siguieron los choques
Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), al cierre de esta edición se reportaban unos 70 indígenas heridos y dos policías muertos, producto de los enfrentamientos en diversos puntos del país. Los disturbios, que comenzaron el pasado martes en Cauca y el Valle, tuvieron lugar también en Risaralda, Chocó y Sucre.
Según denunció el presidente de la ONIC, Luis Evelis Andrade, en Cauca “la policía disparó indiscriminadamente con fusiles, lanzó explosivos y gases lacrimógenos”. Los indígenas retuvieron a un agente de la Policía, pero lo dejaron en libertad horas más tarde. Sus protestas comenzaron por la muerte sistemática de integrantes de sus etnias en los últimos años, y exigen la presencia del presidente Uribe Vélez para levantarlas.