Cortes rechazan reforma a la justicia

Con “enorme preocupación” los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado se manifestaron anoche frente al contenido del proyecto de reforma a la justicia, radicado ayer por los ministros del Interior, Germán Vargas Lleras, y de Justicia (designado), Juan Carlos Esguerra, ante la Secretaría del Senado.

En un comunicado de siete puntos, leído por el presidente del Consejo de Estado, magistrado Mauricio Fajardo, los jurisconsultos consideraron que la iniciativa gubernamental “pone en riesgo la autonomía y la independencia del Poder Judicial en Colombia, presupuestos indispensables para la existencia de una verdadera democracia”.

Es tal el descontento, que en las próximas horas estudiarán “la viabilidad de solicitar una veeduría internacional, así como alertar a los organismos judiciales y a la comunidad del mismo orden, por los riesgos que con el proyecto presentado se ciernen sobre la autonomía y la independencia de la función jurisdiccional en Colombia y, con ello, sobre el régimen democrático del país”.

Además, hicieron un llamado perentorio al Congreso de la República, donde será discutido el proyecto, para que examinen con serenidad sus alcances y adopten las decisiones que correspondan “consultando los más altos intereses de la patria, del régimen democrático y de la administración de justicia.

La reforma plantea la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, tanto en su Sala Disciplinaria como en la Administrativa. Doble instancia en el juzgamiento de aforados, sin considerar la inmunidad parlamentaria. Reglamentación de la tutela para evitar el llamado “choque de trenes”. Eliminación de las funciones nominadoras de las altas cortes en cuanto a la elección de procurador y contralor. Nuevas inhabilidades para los magistrados que terminen período y la posibilidad de implementar un régimen pensional especial para ellos.

Estos son, en esencia, los puntos que constituyen la columna vertebral. “Hemos radicado un proyecto que inspirará un interesante debate con el fin de reformar aspectos sustanciales para ofrecerles a los colombianos mayor acceso a la justicia, descongestión y superar aspectos institucionales, siempre respetando la plena independencia y autonomía”, señaló Vargas Lleras.

El Gobierno optó por dejar en manos del Legislativo la reestructuración de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. “Llegamos a la conclusión de que es el propio Congreso el que debe asumir la responsabilidad de presentar una iniciativa en materia de sugerir la reforma que debe adelantarse a la Comisión”, dijo el mininterior.

Ayer mismo el presidente de la Cámara, Simón Gaviria, anunció que presentará un proyecto encaminado a eliminar la Comisión, planteando la creación de un comité de personalidades de alto rango, con calidades de magistrados, para que adelanten la instrucción de los procesos contra jefes de Estado, miembros de las altas cortes y fiscal general, entre otros, y recomienden ante la plenaria de la corporación si acusan o no.

El Gobierno espera ahora que, dado ya el primer paso con la radicación de la iniciativa, las altas cortes den a conocer sus puntos de vista o incluso presenten su propio proyecto. “Sería bueno, para enriquecer este debate, como lo han señalado algunos magistrados del Consejo de Estado, que ellos presenten sus propuestas concretas”, enfatizó Vargas Lleras, mientras que Esguerra, ministro de Justicia designado, indicó que “nada ha sido más respetado y respetable que la autonomía de la Rama Judicial”.

Eliminación del Consejo Superior de la Judicatura

Los artículos del 16 al 19 versan sobre la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y el ente por el que será reemplazado. A partir de la sanción de esta reforma, las funciones de administración de la Rama Judicial serían asumidas por el Consejo Superior Judicial (CSJ), el cual estará integrado por una Sala de Gobierno y la gerencia de la Rama. La Sala de Gobierno estará integrada por diez miembros, entre ellos los presidentes de las altas cortes (Constitucional, Suprema de Justicia y el Consejo de Estado), tres delegados —no magistrados de las cortes— expertos en finanzas públicas y un delegado de jueces y magistrados. Con voz pero sin voto, también tendrán asiento en el CSJ el ministro de Justicia, el fiscal general de la Nación y el gerente de la Rama.

Según los analistas, la eliminación de la Judicatura será uno de los puntos más difíciles de tranzar al interior del Congreso, ya que, según consideran, se trata de una entidad que se ha convertido en todo un fortín político para los mismos legisladores. Sin embargo, las altas cortes estarían de acuerdo con la posición del Ejecutivo de acabar con él.

Acceso a la justicia, el principal reto

Sin duda, el acceso a la justicia y el fortalecimiento de la Rama es uno de los grandes retos de la reforma, por lo que la descongestión judicial es una de las primeras metas que el Gobierno se ha propuesto. La iniciativa propone ampliar el rango de los servidores judiciales, otorgándoles funciones jurisdiccionales a notarios, centros de conciliación y arbitraje y abogados en ejercicio. Adicionalmente se establece la figura del arbitramento obligatorio en algunos casos que aún están por definirse.

Con el fin de descongestionar los despachos judiciales, se propone ampliar el número de operadores jurisdiccionales. Frente a este aspecto el ministro Germán Vargas Lleras afirmó: “En materia de descongestión, proponemos orientar una política de choque para que 2,3 millones de procesos puedan ser evacuados rápidamente, creemos que en un tiempo máximo de dos años, para dejar al día la justicia. Para eso se le solicita al Congreso que, excepcionalmente en algunos casos y de manera permanente en otros, se asignen funciones jurisdiccionales a personas como abogados, auxiliares de la justicia, notarios y centros de conciliación”.

Las reglas de la tutela

La reglamentación de la tutela pretende superar el choque de trenes que ha tenido lugar a lo largo de estos años. La idea es que se defina un procedimiento claro para que la tutela siga siendo el instrumento más popular de acceso a la justicia, pero que regule cualquier controversia que pueda surgir entre las cortes, estableciendo como instancia de cierre la Constitucional. Se insistirá en que no procede la tutela contra superior jerárquico.

Son cuatro puntos clave.

- Reglamentar las competencias y especialidades para el conocimiento de juzgados y tribunales de las diferentes acciones de tutela.

- Regular la acción de tutela contra sentencias judiciales, incluyendo las proferidas por las altas cortes. Las tutelas contra providencias de las altas cortes se tramitarán en única instancia ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado, según fuere el caso.

- Los fallos de tutela contra providencias de las altas cortes podrán ser seleccionados y revisados por la Sala Plena de la Corte Constitucional, para unificar la interpretación de los derechos fundamentales.

- Establecer un término de caducidad de 30 días para la interposición de tutelas contra cualquier sentencia judicial.

Doble instancia

El proyecto contempla el concepto de sistema acusatorio en el juzgamiento de congresistas y también incluye la doble instancia. En materia de juzgamiento de aforados, se propone impulsar una reforma para consignar una segunda instancia y un sistema acusatorio que sea muy garantista, de manera que el ente acusador actuará de forma independiente al que ejerce las funciones de juzgamiento. La investigación y la acusación serían asumidas por el Fiscal General; el control de garantías será ejercido por el Tribunal Superior de Bogotá, y el juzgamiento en doble instancia tendrá lugar ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que se dividirá en dos secciones: una actuaría como juez de primera instancia y la otra como instancia de apelación. En adelante las altas cortes dejarían de hacer la nominación tanto de Procurador General como de Contralor. El primero sería elegido por el Senado, de terna que envíe el presidente de la República, y el segundo lo elegiría el Congreso en pleno, entre quienes se inscriban como aspirantes para el cargo.
 

Con “enorme preocupación” los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado se manifestaron anoche frente al contenido del proyecto de reforma a la justicia, radicado ayer por los ministros del Interior, Germán Vargas Lleras, y de Justicia (designado), Juan Carlos Esguerra, ante la Secretaría del Senado.

En un comunicado de siete puntos, leído por el presidente del Consejo de Estado, magistrado Mauricio Fajardo, los jurisconsultos consideraron que la iniciativa gubernamental “pone en riesgo la autonomía y la independencia del Poder Judicial en Colombia, presupuestos indispensables para la existencia de una verdadera democracia”.

Es tal el descontento, que en las próximas horas estudiarán “la viabilidad de solicitar una veeduría internacional, así como alertar a los organismos judiciales y a la comunidad del mismo orden, por los riesgos que con el proyecto presentado se ciernen sobre la autonomía y la independencia de la función jurisdiccional en Colombia y, con ello, sobre el régimen democrático del país”.

Además, hicieron un llamado perentorio al Congreso de la República, donde será discutido el proyecto, para que examinen con serenidad sus alcances y adopten las decisiones que correspondan “consultando los más altos intereses de la patria, del régimen democrático y de la administración de justicia.

La reforma plantea la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, tanto en su Sala Disciplinaria como en la Administrativa. Doble instancia en el juzgamiento de aforados, sin considerar la inmunidad parlamentaria. Reglamentación de la tutela para evitar el llamado “choque de trenes”. Eliminación de las funciones nominadoras de las altas cortes en cuanto a la elección de procurador y contralor. Nuevas inhabilidades para los magistrados que terminen período y la posibilidad de implementar un régimen pensional especial para ellos.

Estos son, en esencia, los puntos que constituyen la columna vertebral. “Hemos radicado un proyecto que inspirará un interesante debate con el fin de reformar aspectos sustanciales para ofrecerles a los colombianos mayor acceso a la justicia, descongestión y superar aspectos institucionales, siempre respetando la plena independencia y autonomía”, señaló Vargas Lleras.

El Gobierno optó por dejar en manos del Legislativo la reestructuración de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. “Llegamos a la conclusión de que es el propio Congreso el que debe asumir la responsabilidad de presentar una iniciativa en materia de sugerir la reforma que debe adelantarse a la Comisión”, dijo el mininterior.

Ayer mismo el presidente de la Cámara, Simón Gaviria, anunció que presentará un proyecto encaminado a eliminar la Comisión, planteando la creación de un comité de personalidades de alto rango, con calidades de magistrados, para que adelanten la instrucción de los procesos contra jefes de Estado, miembros de las altas cortes y fiscal general, entre otros, y recomienden ante la plenaria de la corporación si acusan o no.

El Gobierno espera ahora que, dado ya el primer paso con la radicación de la iniciativa, las altas cortes den a conocer sus puntos de vista o incluso presenten su propio proyecto. “Sería bueno, para enriquecer este debate, como lo han señalado algunos magistrados del Consejo de Estado, que ellos presenten sus propuestas concretas”, enfatizó Vargas Lleras, mientras que Esguerra, ministro de Justicia designado, indicó que “nada ha sido más respetado y respetable que la autonomía de la Rama Judicial”.

Eliminación del Consejo Superior de la Judicatura

Los artículos del 16 al 19 versan sobre la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y el ente por el que será reemplazado. A partir de la sanción de esta reforma, las funciones de administración de la Rama Judicial serían asumidas por el Consejo Superior Judicial (CSJ), el cual estará integrado por una Sala de Gobierno y la gerencia de la Rama. La Sala de Gobierno estará integrada por diez miembros, entre ellos los presidentes de las altas cortes (Constitucional, Suprema de Justicia y el Consejo de Estado), tres delegados —no magistrados de las cortes— expertos en finanzas públicas y un delegado de jueces y magistrados. Con voz pero sin voto, también tendrán asiento en el CSJ el ministro de Justicia, el fiscal general de la Nación y el gerente de la Rama.

Según los analistas, la eliminación de la Judicatura será uno de los puntos más difíciles de tranzar al interior del Congreso, ya que, según consideran, se trata de una entidad que se ha convertido en todo un fortín político para los mismos legisladores. Sin embargo, las altas cortes estarían de acuerdo con la posición del Ejecutivo de acabar con él.

Acceso a la justicia, el principal reto

Sin duda, el acceso a la justicia y el fortalecimiento de la Rama es uno de los grandes retos de la reforma, por lo que la descongestión judicial es una de las primeras metas que el Gobierno se ha propuesto. La iniciativa propone ampliar el rango de los servidores judiciales, otorgándoles funciones jurisdiccionales a notarios, centros de conciliación y arbitraje y abogados en ejercicio. Adicionalmente se establece la figura del arbitramento obligatorio en algunos casos que aún están por definirse.

Con el fin de descongestionar los despachos judiciales, se propone ampliar el número de operadores jurisdiccionales. Frente a este aspecto el ministro Germán Vargas Lleras afirmó: “En materia de descongestión, proponemos orientar una política de choque para que 2,3 millones de procesos puedan ser evacuados rápidamente, creemos que en un tiempo máximo de dos años, para dejar al día la justicia. Para eso se le solicita al Congreso que, excepcionalmente en algunos casos y de manera permanente en otros, se asignen funciones jurisdiccionales a personas como abogados, auxiliares de la justicia, notarios y centros de conciliación”.

Las reglas de la tutela

La reglamentación de la tutela pretende superar el choque de trenes que ha tenido lugar a lo largo de estos años. La idea es que se defina un procedimiento claro para que la tutela siga siendo el instrumento más popular de acceso a la justicia, pero que regule cualquier controversia que pueda surgir entre las cortes, estableciendo como instancia de cierre la Constitucional. Se insistirá en que no procede la tutela contra superior jerárquico.

Son cuatro puntos clave.

- Reglamentar las competencias y especialidades para el conocimiento de juzgados y tribunales de las diferentes acciones de tutela.

- Regular la acción de tutela contra sentencias judiciales, incluyendo las proferidas por las altas cortes. Las tutelas contra providencias de las altas cortes se tramitarán en única instancia ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado, según fuere el caso.

- Los fallos de tutela contra providencias de las altas cortes podrán ser seleccionados y revisados por la Sala Plena de la Corte Constitucional, para unificar la interpretación de los derechos fundamentales.

- Establecer un término de caducidad de 30 días para la interposición de tutelas contra cualquier sentencia judicial.

Doble instancia

El proyecto contempla el concepto de sistema acusatorio en el juzgamiento de congresistas y también incluye la doble instancia. En materia de juzgamiento de aforados, se propone impulsar una reforma para consignar una segunda instancia y un sistema acusatorio que sea muy garantista, de manera que el ente acusador actuará de forma independiente al que ejerce las funciones de juzgamiento. La investigación y la acusación serían asumidas por el Fiscal General; el control de garantías será ejercido por el Tribunal Superior de Bogotá, y el juzgamiento en doble instancia tendrá lugar ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que se dividirá en dos secciones: una actuaría como juez de primera instancia y la otra como instancia de apelación. En adelante las altas cortes dejarían de hacer la nominación tanto de Procurador General como de Contralor. El primero sería elegido por el Senado, de terna que envíe el presidente de la República, y el segundo lo elegiría el Congreso en pleno, entre quienes se inscriban como aspirantes para el cargo.