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La historia de la sanción más severa que ha impuesto el Ministerio de Ambiente a una empresa en el país –$6.965 millones a la Drummond por haber vertido aproximadamente 1.857 toneladas de carbón en el mar de Ciénaga, Magdalena– empezó con una serie de fotos de baja resolución, pixeladas, que le hicieron un abogado y un sindicalista a una barcaza de la compañía, cargada con el mineral, que se estaba hundiendo.
El 13 de enero de este año dos empleados de la Drummond le informaron al abogado samario Alejandro Arias, reconocido defensor del medio ambiente, y a Aníbal Pérez, presidente de la Asociación de Trabajadores Enfermos de Drummond, que se estaba presentando un problema con uno de los barcos. Después se descubriría que precisamente para evitar su hundimiento, empleados de la compañía habían arrojado al mar parte del mineral.
Arias y Pérez acudieron al lugar y alcanzaron a hacer una serie de imágenes desde cuatro puntos diferentes antes de ser desalojados. “Nos quedó una sola duda: si se había hundido o no la barcaza. Quienes nos habían informado después tuvieron miedo de hablar. Elegimos las mejores diez fotos y acudimos a la Dimar (Dirección Marítima)”, contó Arias.
El 27 de enero Alejandro Arias publicó una entrada en su blog del sitio web de El Heraldo titulada “Drummond, sus fechorías y otros pillos”, en el que se hacía mención a una respuesta que, dos años atrás, les había dado John William Marmol, director de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio de Ambiente, a los “residentes de las playas y alrededores de la empresa Drummond y Prodeco”. En pocas palabras, decía la carta que el Ministerio nunca había encontrado nada irregular en la operación de la empresa.
Pero las fotos del derrame eran la prueba fehaciente de lo que ya todos sabían. Y a partir de ahí la historia comenzó a cambiar.
“Luego, la Dimar comprueba que el material que la Drummond le había entregado del incidente era muy diferente a lo que evidenciaban las fotos que nosotros teníamos. Sólo hasta ese momento el capitán Guillermo Díaz (director de la Dimar de Santa Marta) verificó qué era realmente lo que había sucedido”. Esa entidad, dice Arias, fue la primera en hacerle frente al tema porque el incidente representaba “una infracción a las normas marítimas”. Luego se le dio traslado a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
En 1997, cuando la empresa Drummond entendió que su futuro estaba en Colombia y adquirió la concesión minera El Descanso (Cesar), con más de 1.700 millones de toneladas de carbón enterradas en el suelo, las normas ambientales internacionales y locales ya aconsejaban que el cargue de carbón en los puertos se hiciera de manera directa y no a través de barcazas para reducir la contaminación atmosférica y de las aguas.
En Santa Marta, muy cerca del puerto por el que la Drummond despachaba toneladas de carbón hacia Estados Unidos, Europa y Japón, la Sociedad Portuaria de Santa Marta había ya decidido meterse la mano al bolsillo e invertir cerca de US$30 millones para adecuar su puerto a los estándares ambientales. En 2001 iniciaron las obras y en 2003 ya estaban certificados como uno de los puertos más ecológicos de la región.
A pesar de que los precios del carbón estaban por las nubes y las expectativas de exportación de carbón se perdían en el horizonte económico, el ingeniero Garry Drummond, quien heredó la empresa familiar fundada en Alabama (Estados Unidos) por su padre, decidió no seguir el ejemplo de sus vecinos y prefirió continuar con el negocio al estilo arcaico: con barcazas repletas de carbón navegando entre el puerto y los barcos.
Las quejas de los pobladores de Ciénaga y Santa Marta, que veían poco a poco las turísticas playas teñirse de negro fueron palabras para sordos. Sólo hasta 2007, ante la presión de grupos ambientalistas y la población en general, el gobierno de Álvaro Uribe decidió meterle el diente al vergonzoso asunto y mediante la Resolución 1286, el Ministerio de Ambiente ordenó que en todo el país se implementara el de cargue directo. Se estableció como plazo el 1° de julio de 2010.
Un tira y afloje jurídico entre la empresa y el gobierno llevó a correr la fecha y definir el 1 de enero de 2014 como el último plazo para implementar el sistema de cargue directo.
Este viernes, tras conocerse la sanción impuesta por la ANLA y que obliga a la Drummond a pagar $6.965 millones por el derrame de carbón transportado en una barcaza y a limpiar las playas aledañas al puerto, el vocero de la compañía, José Miguel Linares, presidente de Drummond en Colombia, anunció que avanzan en la construcción del sistema de cargue directo pero que no cumplirán el plazo. “El puerto carbonífero iniciará el cargue directo a más tardar en marzo de 2014”.
Un día antes, la ministra de ambiente Luz Helena Sarmiento dejó saber que a partir del primero de enero, si la empresa no cumple con la norma, se comenzará a cobrar una multa diaria.