En una semana de decisiones de la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de la presunta feria de notarías entregadas por el gobierno para aceitar la primera reelección del Jefe de Estado, el primer peso pesado de la política que será vinculado al expediente preliminar que se adelanta por estos hechos será nadie más ni nadie menos que el influyente ex senador antioqueño Mario Uribe Escobar. En el transcurso de los próximos días, la Corte lo llamará a rendir versión libre.
El Espectador conoció que dentro de las pesquisas adelantadas por los magistrados auxiliares a cargo del proceso se han recibido en los últimos días testimonios de ex notarios y ex funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro que relacionan al presidente del partido Colombia Democrática como un beneficiario de notarías por parte del Ejecutivo. En esencia, se trata de cinco notarías en Medellín, Bogotá y Envigado, sobre las que ya testimonió en junio pasado el ex superintendente Manuel Guillermo Cuello Baute.
De acuerdo con su explosiva declaración, Mario Uribe Escobar habría recibido tres notarías el 25 de noviembre de 2005, a escasos cinco días de que entrara en vigencia la denominada Ley de Garantías que le prohibió al Gobierno ejecutar contratos con el fin de evitar que la torta burocrática terminara apalancando la reelección. La primera de esta notarías, la quinta de Medellín, le fue encargada a Juan José Rivera quien pertenecería al grupo político del ex parlamentario antioqueño. Lo mismo habría ocurrido con Jorge Iván Ríos Valencia, nombrado por el Ejecutivo como notario sexto de Medellín, y Teresa Aguilar Rodríguez, en la Notaría 13 de Bogotá.
No es la primera vez que el nombre del ex senador está en el radar de las autoridades. En 2007 su nombre se sumó al escándalo parapolítico que sacudió el país y en septiembre fue llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia por sus presuntos nexos con los grupos de autodefensa. Uribe Escobar renunció al Congreso aduciendo que el alto tribunal no le daba garantías de un proceso justo, y su expediente pasó a manos de un fiscal delegado ante la Corte: Ramiro Marín. En abril de 2008, le dictó medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación y relacionó en su providencia reuniones con Salvatore Mancuso y un supuesto aumento injustificado en sus guarismos electorales.
Para evitar el carcelazo, el ex senador pidió asilo político en la embajada de Costa Rica, pero le fue negado y pocas horas después fue recluido en el pabellón especial de los parapolíticos de la cárcel La Picota de Bogotá. En septiembre de 2008 Mario Uribe Escobar recobró su libertad, luego de que el entonces vicefiscal Guillermo Mendoza Diago, al resolver un recurso de apelación a la medida de aseguramiento, advirtiera vacíos en la investigación, que de todas maneras no impidieron que siguiera vinculado al expediente por el delito de concierto para delinquir agravado.
Precisamente, en momentos en que la Fiscalía se apresta a definir si acusa o precluye el proceso en favor de Uribe Escobar, la Corte Suprema de Justicia vuelve sobre sus pasos para rastrear si fue privilegiado por el Gobierno con notarías como recompensa por el trámite del proyecto de ley que aprobó la reelección presidencial inmediata. Tampoco es la primera vez que se habla de la supuesta injerencia del ex senador en varias notarías. En el pasado, su nombre fue relacionado con un presunto padrinazgo para que algunos de sus familiares fueran nombrados como titulares de varias notarías.
Se dijo, por ejemplo, que su hermana Ángela María fue notaria en Envigado, que su hermano Jorge Humberto estuvo en la notaría 24 de Bogotá, que uno de sus primos, Humberto Uribe Ruíz, fue el notario único de Caldas, Antioquia, que Piedad del Carmen Ramírez, ex cuñada de Uribe Ruíz, fue quien reemplazó en la notaría 23 de Medellín a Rodrigo Escobar, tío de Mario Uribe. En este mismo listado trascendió que Jesús Otilio Ruíz, notario 24 de Medellín supuestamente fue uno de los recomendados por Uribe Escobar. El ex senador siempre negó que hubiera tenido influencia en las notarías de sus familiares.
No obstante, en la declaración que rindió el pasado 14 de agosto ante la Procuraduría –revelada el viernes pasado por El Espectador–, Cuello Baute reconoció que uno de los momentos más agrios que vivió con funcionarios del alto Gobierno, cuando era superintendente de Notariado y Registro, ocurrió después de que iniciara un proceso disciplinario en contra de Jorge Alberto Uribe Escobar, hermano del ex senador, a quien terminó sancionando. Según Cuello, este hecho marcó un primer distanciamiento con el Ejecutivo, justo en tiempos en los que, según su denuncia, el Gobierno necesitaba “cumplir” con compromisos pactados con varios congresistas que le dieron la bendición a la reelección presidencial.
El Espectador también conoció que la Corte Suprema de Justicia vincularía al proceso de las notarías a 19 congresistas sobre los que se tienen pistas e indicios serios de que recibieron notarías a cambio de su voto en el Congreso en 2004. Las pesquisas de la comisión de la Corte que adelanta el expediente ya empiezan a apuntar a seis funcionarios del Gobierno o particulares que deberán explicarle sus actuaciones a la Fiscalía. Los magistrados compulsarían copias al ente acusador en las próximas horas. Así avanza el proceso que tiene en vilo al país político.