De presiones, conjeturas y argumentación jurídica

Cualquiera sea el desenlace de la situación que quedó planteada ayer con la declaratoria de nulidad de la elección de la fiscal Viviane Morales, no cabe duda de que la gran perdedora es la justicia. Con 13 meses en el cargo, y a pesar de las dificultades personales a las que se vio expuesta, su gestión estaba tomando forma. Ahora, también haciendo uso de la sentencia del Consejo de Estado, lo que puede venir es un retroceso en los procesos que venía impulsando el ente acusador.

Es cierto que la solución a corto plazo está en manos del presidente Santos agilizando la presentación de una nueva terna en la que incluso podría ser incluida la fiscal Viviane Morales. Pero otro detalle inédito de la decisión del Consejo de Estado es que sería una terna para concluir el período institucional, es decir, hasta el 31 de julio de 2013. Eso implicaría nuevo fiscal sólo por un año, sin tener en cuenta el tiempo que pueda tomar el proceso de escogencia en la Corte Suprema.

Una transición que, se quiera o no, implica que cada caso de resonancia judicial tiene que volver a evaluarse, sin contar con las actuaciones de los abogados que seguramente van a invocar nulidades amparándose en el fallo del Consejo de Estado. Una crisis de insospechadas proporciones, con un ingrediente de fondo que resulta inocultable: la mano de la política en la cotidianidad judicial, precisamente en momentos en que el gobierno Santos se la juega por una reforma a la justicia en el Congreso.

En este incierto panorama, los interrogantes que rodean al sorpresivo fallo del Consejo de Estado apuntan a establecer qué presiones existieron al margen de la discusión puramente jurídica sobre la elección de la fiscal Morales y, como lo resaltó ayer en este diario en su columna de opinión la periodista Cecilia Orozco, debe tenerse en cuenta el gran ascendiente que sobre sus colegas hoy ejerce el consejero de Estado Marco Antonio Velilla, quien paradójicamente hizo parte de la primera terna de candidatos presentada por el expresidente Uribe para el cargo de fiscal.

Su postura sobre el tema era pública y, de hecho, lo había advertido desde noviembre de 2010 en una entrevista al periódico El Tiempo, cuando manifestó que la única terna que tenía soporte constitucional y legal era la primera, es decir, en la que él estuvo postulado junto a Camilo Ospina y María Victoria Uribe. Con un comentario a voces que Velilla nunca se encargó de negar: su cercanía con el entonces ministro del Interior Fabio Valencia y, obviamente, del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Alrededor de esta conjetura, El Espectador pudo establecer que el consejero Velilla fue definitivo para que se adoptara la decisión de este martes en la noche y que su opinión y consideraciones fuera de la Sala porque se declaró impedido fueron cruciales para que la mayoría de la corporación respaldara la nulidad de la elección de la fiscal. Además, no faltaron comentarios por fuera de la discusión sobre la inconveniencia de que la esposa de Carlos Alonso Lucio siguiera al frente del ente acusador.

En otras palabras, una mezcla de argumentación jurídica y barniz político para demostrar como la polarización en tiempos de Uribe sigue vigente, incluso en las altas cortes. En ese sentido, la interpretación que empezó a dársele al fallo, como lo comentó a El Espectador una fuente consultada cercana al Poder Judicial, es que el gran ganador con la caída de la fiscal Morales es un sector del uribismo que venía cuestionando en público y en privado las actuaciones de la funcionaria en varios casos.

¿Qué va a suceder ahora con expedientes tales como Agro Ingreso Seguro, las chuzadas del DAS, la parapolítica o las falsas desmovilizaciones que hoy tienen fugitivo al excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo? Hay quienes creen que la mayoría de estos casos no tendrían dificultades porque están en manos de fiscales independientes, al margen de quién sea el jefe del ente acusador. Pero no cabe duda de que el criterio del fiscal general pesa y así lo demuestra la experiencia.

Del otro lado de la discusión, también hay quienes creen que con otro fiscal podrían avanzar algunos casos que parecían paralizados. Como el escándalo de la Dirección de Estupefacientes o incluso los nuevos avances de la parapolítica. Lo cierto es que en la Corte Suprema de Justicia ya existe la urgencia de que muchos de los testimonios que ahora están dando los jefes paramilitares extraditados también sirvan para documentar los casos que lleva el alto tribunal.

En resumidas cuentas, lo sucedido en la noche del pasado martes en el Consejo de Estado va más allá de un simple fallo de nulidad en el campo del derecho administrativo. Las consecuencias, conjeturas y efectos inmediatos del fallo, incluyendo la notificación del mismo o la eventualidad de una tutela, van a crear un nuevo escenario de discusión pública y confrontación política. Una vez más, la Fiscalía General de la Nación está en interinidad y esta circunstancia afecta la evolución de la justicia.

Comunicado de la Corte Suprema de Justicia

Frente a la anunciada nulidad de la elección de la señora Fiscal General de la Nación, doctora Viviane Morales Hoyos, la Corte Suprema de Justicia espera conocer los términos de la sentencia del H. Consejo de Estado, para proceder de inmediato a adelantar las acciones dirigidas a llenar el vacío que deje su salida del cargo. La Corte Suprema de Justicia respeta la providencia del máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo y, como corresponde al irrestricto apego al Estado de derecho, cumplirá las determinaciones que en ella se dispongan. En suma, no la discute, la cumple. Sin embargo, esta Corporación deja en claro que también actuó con respeto a la Constitución Política y la Ley en el proceso de elección de Fiscal General de la Nación, al interpretar el reglamento interno. En su momento, por decisión de mayorías –como de igual forma lo hace ahora el Consejo de Estado– estableció que, ante la ausencia definitiva de cinco (5) de sus integrantes, se alteraba la votación calificada de las dos terceras partes; y que, en estos eventos, la elección era viable con 12 de los 18 votos posibles; y la doctora Morales Hoyos obtuvo 14. Es importante recordar que la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de su facultad constitucional de darse su propio reglamento, es la autorizada para concretar los alcances del mismo, sin perjuicio de las atribuciones otorgadas a otras autoridades judiciales.

‘Acatamos el fallo’: Santos

“La Fiscalía, en cabeza de una colegial, Viviane Morales, de este Colegio Mayor, con el apoyo contundente e irrestricto del Gobierno, ha venido luchando en los últimos tiempos contra el crimen y contra la corrupción, y ha tocado sectores y personas muy sensibles.

Quiero darle al país total tranquilidad, que cualquier persona que salga nuevamente elegida como fiscal, bien sea la doctora Viviane Morales o cualquier otra persona, seguirá con esa política y no habrá ninguna solución de continuidad (que habrá continuidad). Esa coordinación entre el Gobierno y la Fiscalía para luchar contra el crimen y la corrupción no tendrá, lo repito, solución de continuidad.

Ahora bien, frente al fallo, por supuesto lo respetamos y lo acatamos, como debe ser. Y vamos a esperar a conocer su alcance y a ser notificados oficialmente para ver cómo procedemos”.