Además de la propuesta de que el Presidente de la República nombre en adelante al Fiscal General de la Nación, el proyecto de reforma constitucional presentado este martes por el Gobierno incluye otras ‘perlas’ que desde ya prometen un enorme debate público. La primera de ellas, la creación de una especie de ‘supercorte’ para investigar y acusar a altos funcionarios del Estado, una figura que ya había sido esbozada en el pasado y que le quita todo protagonismo a la Fiscalía.
Perderá facultades para investigar al Vicepresidente, al Procurador, a los embajadores o jefes de misiones diplomáticas, gobernadores, magistrados auxiliares o generales y almirantes de la Fuerza Pública. Estas funciones serían asumidas por la Unidad de Investigación y Acusación para Aforados Constitucionales, un organismo que también tendría competencia para procesar al Presidente, a los magistrados de las altas cortes, al Fiscal, al defensor del Pueblo, a directores de departamentos administrativos y a los ministros del despacho.
Esta ‘supercorte’ estaría integrada por nueve “agentes acusadores” para un período de cuatro años, elegidos de nueve ternas presentadas así: tres por el Presidente al Congreso; tres por el Congreso a las altas cortes y tres por las altas cortes al Presidente. Su elección se debe dar en un término máximo de tres meses, una vez se oficialicen las ternas y contarán con un cuerpo especializado de policía judicial para apoyar sus pesquisas. La función de control de garantías será ejercida por un magistrado de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá; el juzgamiento por la Corte Suprema y la segunda instancia, por la Sala Plena de esa misma corporación.
En esencia, las funciones de la Fiscalía y de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, en lo que tiene que ver con altos funcionarios del Estado, serían asumidas por esta ‘supercorte’. En lo que tiene que ver con el ente acusador, se prohíbe que el Fiscal General, una vez culmine su período, pueda aspirar a cargos de elección popular dos años después de su retiro y está obligado a “suministrar al Gobierno información sobre las investigaciones que se estén adelantando cuando sea necesaria la preservación del orden público”.
El Gobierno insiste en que esta Unidad de Investigación es una entidad autónoma e independiente, pero el proyecto no aclara a qué rama del poder público pertenecería, si a la Ejecutiva, la Judicial o la Legislativa. Y en todo caso, la Casa de Nariño reivindica que se concentrarán en esa ‘supercorte’ las investigaciones más sensibles del Estado y le dejará al Congreso su capacidad sancionatoria y juicios políticos. Pero si algún miembro del Legislativo incurre en delitos, este nuevo tribunal lo procesará y llevará a juicio ante la Corte Suprema.
Algunos piensan que esta medida busca quitarle dientes a la Corte en sus investigaciones de la parapolítica, desinflar los expedientes adelantados por la Fiscalía en torno a ministros del gobierno Uribe —como el caso de la yidispolítica—, concentrar peligrosamente en esta ‘supercorte’ facultades aún indeterminadas y dejar al ente acusador a merced del Ejecutivo, “sin que en Colombia tengamos ni la madurez ni la disciplina para ello”, según explicó Jaime Horta, presidente del Colegio de Abogados de la Universidad Nacional. Y añadió: “Es una propuesta que llega tarde, como el poema de Julio Flórez”.
El clima para la iniciativa en el Congreso de la República no es el mejor. Ya hay miembros de la coalición santista que han dicho que no le jalarán a la reforma, además de los senadores y representantes de la oposición, hoy concentrada en el Polo Democrático. En palabras del senador Jorge Robledo, este proyecto oficializaría la sentencia de una Fiscalía de bolsillo del Gobierno. “Conociéndose los horrores que se están conociendo y que se empiezan a destapar, es una desfachatez pretender ponernos un fiscal que se origina en el concepto de yo te nombro para que tú me absuelvas”. El objetivo, dice, es “aprovecharse” de la “manguala que llaman unidad nacional”.
En contraste, el ex vicefiscal Francisco José Sintura se mostró de acuerdo con la propuesta, dijo que está totalmente justificada y que con ella se garantizan los derechos de los procesados y de las víctimas. Sin embargo, mostró sus reparos en que mientras entra a operar la ‘supercorte’ y se definen los procesos que tenía la Fiscalía, éstos pasen a ser vigilados por el Consejo Superior de la Judicatura, “que es un órgano político; sería mejor que lo hiciera otro órgano”. Otros analistas advierten que la Sala Plena de la Corte Suprema no puede convertirse en la segunda instancia de los procesos penales sencilla y llanamente porque tan sólo nueve de los 23 magistrados son penalistas.
El proyecto de acto legislativo aún no ha arrancado y ya levanta ampolla. La propuesta de Juan Manuel Santos, hecha realidad por el gobierno Uribe, empezará a debatirse en los próximos días y tiene mucho chance de pasar. Con ella, la llamada unidad nacional tendrá su prueba de fuego.