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“Hemos cometido el error de no matarte en el pasado, pero esta vez vamos a matarte. Te cortaremos las venas de las muñecas y de las piernas, te ataremos las manos y las piernas juntas y te tiraremos al río”. La amenaza es solo una de las tantas que ha recibido Shahed Kayes, un activista Blangladés que durante años ha luchado contra la extracción ilegal de arena.
Su historia es la misma de cientos de personas víctimas de intimidaciones por cuenta de su trabajo a favor de los derechos ambientales en el mundo. Así lo documentó en su último informe la ONG Global Witness, que surgió como respuesta a la necesidad de proteger los recursos naturales de la corrupción y los conflictos armados que generan su destrucción.
De acuerdo con el documento revelado este lunes, denominado “¿Cuántos más”, en 2014 se registraron 116 casos de defensores ambientales amenazados, 88 de los cuales se dieron en Latinoamérica, 24 en el sureste asiático, 3 en África y 1 en India. En todos los casos se encontró un denominador común: los grupos indígenas son uno de los más atacados.
Brasil encabeza la lista de países con más víctimas fatales registrando 29, de las cuales cuatro eran indígenas. Le sigue Colombia con 25 asesinatos, 15 de ellos a miembros de comunidades indígenas.
El Espectador habló con Billy Kyte, analista de la ONG y radicado en San Francisco, Estados Unidos. Explicó que el trabajo de investigación del informe llevó seis meses y se realizó a través de fuentes públicas y alianzas con las ONG de cada país. “En el caso de Colombia nosotros no viajamos, hablamos con organizaciones como Somos Defensores y el CINEP. Nuestro trabajo fue reunir la información y hacer investigaciones para entender por qué hay tanto conflicto”, sostuvo.
El aspecto en el que más se vieron afectados los recursos naturales durante el periodo analizado fueron las disputas por la tierra, seguidos por la industria minera y extractiva con la que se ve perjudicada Colombia. “Las empresas están expropiando tierra indígena de las comunidades sin hacer las consultas necesarias para poder invertir y actuar en los territorios”, sostuvo Billy Kyte.
A esto se suma la preocupación de la ONG por la presencia de ejércitos de seguridad privada encargados de algunos de los crímenes, como el caso de Honduras donde hay cinco veces más miembros de seguridad privada que de la Policía Estatal.
Adicionalmente, el informe recalca que el Estado también está persiguiendo a las comunidades por sus protestas en contra de las acciones que llevan a cabo las empresas mineras. “Es importante, pero hay políticos que se alían con empresarios para oponerse a los indígenas y se ha generado prohibición de la protesta”, recalcó Kyte.
El experto resaltó la importancia de identificar a los defensores del medio ambiente y las condiciones en las que se encuentran para crear mecanismos de protección, en especial en el caso de las comunidades indígenas que, en palabras de Kyte, están siendo abatidas.
Por Redacción iPad
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