Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Según la declaración de los familiares de los detenidos, el caso se registró el pasado 15 de noviembre en la noche, sin que hasta el momento el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, se haya pronunciado.
Según la denuncia, el recluso que se suicidó era víctima de constantes maltratos y cobros de ‘vacunas’ por parte de otro interno, con la complacencia de algunos guardias.
“Por cada depósito que sus familiares les hacen para sus cosas personales, deben pagarle al detenido Jefferson Murillo el 20% como extorsión para no ser atacados físicamente o asesinados. Sus encomiendas antes son revisadas por el grupo delincuencial del detenido quién se queda en muchas ocasiones con las cosas de los presos, ropa , zapatos y útiles de aseo”, dice el comunicado de la denuncia.
Según los familiares, “Murillo tiene toda una banda delincuencial armada dentro de la cárcel y cuenta con 8 escoltas que lo protegen con armas de fuego y armas blancas”.
Agregan en su declaración que “los abogados de los presos políticos se comunicaron con la señora directora del penal Imelda López Solórzano y ella no se ha percatado de la situación ni aún ha dado traslado al preso que está extorsionando y delinquiendo en la cárcel”.
Los familiares y demás detenidos expresaron mediante su comunicación sus temores ante la situación y rechazan la indiferencia del Inpec con este tema. “Si bien un preso ha sido condenado a purgar una condena, es sujeto de derechos y debe ser resocializado, o por lo menos cumplir sus castigo en condiciones de vida”.
Esta denuncia fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes, así como de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
También le piden a los diferentes organismos del Estado “adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar la resocialización y el trato digno de quienes cumplen penas en las cárceles colombianas, los derechos a la vida, la igualdad, la integridad, la seguridad personal, la integridad física y psicológica y desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por las extorsiones , y hurtos que se cometen dentro del penal, en cabeza de Jefferson Murillo”.
Por Gina Escheback, colaboradora de Soyperiodista.com