Esta es la historia de un escandaloso caso ocurrido en la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la misma que por estos días ha estado en el ojo del huracán porque tumbó apartes de la sentencia de la Corte Suprema contra Yidis Medina, en un acto que fue calificado por algunos analistas como político más que jurídico, porque los miembros de esa sala fueron seleccionados por el Presidente de la República hace pocos meses. El proceso que involucra al magistrado barranquillero Rafael Vélez Fernández, autor de la denuncia que se registra en esta entrevista, sería uno más entre los miles que se encuentran en tribunales y juzgados, de no ser por dos características de connotaciones considerables:
La primera, que Vélez Fernández, del Consejo Seccional de Cundinamarca, se enfrenta penalmente, no a cualquiera, sino a sus superiores. Y la segunda, que le atribuye la suspensión de su cargo por un año que acaba de recibir a una retaliación de miembros de dicha sala disciplinaria. Menciona con nombres y apellidos a tres magistrados que, según él, lo presionaron para que sancionara, en una investigación que él adelantaba, a un abogado demandado por el marido de la representante a la Cámara y ex actriz de televisión Lucero Cortés, Manuel Arturo Rincón Guevara.
La presunta venganza de sus jefes se habría activado porque él no quiso hacer lo que le pedían. Los dos peliagudos asuntos ya están siendo conocidos formalmente por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Y, vaya paradoja, le correspondió presentar una tutela en primera instancia, por presunta violación al debido proceso, en su sitio de trabajo: el Consejo Seccional de Cundinamarca. En segunda instancia revisaría el fallo de este tribunal, los colegas de los denunciados por Vélez.
Pero este no es el único cruce de cables del lío judicial, pues hay otro todavía más complicado: debido a que los involucrados son magistrados, Vélez Fernández tuvo que formular su denuncia en la Comisión de Acusación, integrada, entre otros representantes, por Lucero Cortés, quien habría sido la parlamentaria que a su vez influyó en los tres magistrados que habrían presionado a Vélez para que fallara contra el enemigo de la congresista. ¿Habrá alguna posibilidad de que en este caso brille la imparcialidad, la verdad y la justicia? Por los escenarios descritos y por los antecedentes de investigados e investigadores, parece que no existe ninguna.
Cecilia Orozco Tascón.– ¿Por qué denunció penalmente a cuatro de sus superiores de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura?
Magistrado Rafael Vélez Fernández.– Por haber dictado una providencia contraria a Derecho en la cual me sancionan a mí y a dos compañeros más, con un año de suspensión de nuestros cargos por un desempeño profesional, a juicio de ellos deficiente, en los años 2001 a 2003.
C.O.T.– ¿Por qué la providencia sería contraria a Derecho?
M.R.V.– Porque cuando me sancionaron el 9 de abril pasado, ese caso ya había sido decidido con fallo de absolución del 28 de noviembre de 2007 en la misma sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
C.O.T.– ¿Por qué los investigaban a ustedes?
M.R.V.– Por moras en procesos que teníamos en el despacho. Pero no sólo nos investigaban a nosotros, sino a varias seccionales del país porque en los principales Consejos Seccionales —Cundinamarca, Antioquia, Valle y Atlántico— se estaban decretando muchas prescripciones debido a la denominada congestión judicial.
C.O.T.– ¿Cuántos procesos tenía usted en su despacho cuando lo investigaron?
M.R.V.– Calculo que cuando llegué a esa seccional en 1999, había unos 1.300 procesos.
C.O.T.– ¿Por qué se ordenó abrir una investigación contra ustedes cuatro años después de las prescripciones?
M.R.V.– Porque el Consejo Superior cayó en la cuenta de que se estaban decretando muchas moras. Pero consciente de la situación de precariedad de los recursos que teníamos, consideró válidas nuestras razones y por eso la primera decisión que tomó fue de absolución.
C.O.T.– ¿Cómo se explica que la sala disciplinaria lo absuelva y lo condene por los mismos hechos con cuatro meses de diferencia?
M.R.V.– Cuando una sala integrada por cinco magistrados me absolvió en noviembre, el ponente, doctor Temístocles Ortega Narváez, proponía sanción pero los otros cuatro miembros (magistrados Eduardo Campo, Guillermo Bueno, Rubén Darío Henao y Carlos Mario Isaza) no estuvieron de acuerdo y la ponencia fue derrotada. Después de tomada la decisión, lo lógico era que se redactara la providencia de absolución.
C.O.T.– ¿Por qué no lo hicieron?
M.R.V.– Porque encomendaron para elaborar la providencia al magistrado Isaza Serrano, quien estaba encargo en la sala. Pero él no alcanzó a durar más de ocho o diez días allí porque llegó la magistrada titular que era María Mercedes López Mora y lo desplazó. Ella, en un acto subversivo, en vez de redactar la absolución, le devolvió el proyecto al magistrado que había sido derrotado, o sea, a Ortega, diciéndole que adhería a su posición de sanción.
C.O.T.– ¿Qué hizo Ortega? ¿No advirtió que era caso juzgado?
M.R.V.– No. Inexplicablemente removió el proyecto y volvió a presentar ponencia con sanción para nosotros.
C.O.T.– Fue cuando la sala volvió a fallar.
M.R.V.– Así es. La segunda sala, es decir la de abril de este año, estaba integrada por magistrados diferentes porque entre diciembre y abril se había cumplido el período de algunos de ellos y habían llegado otros. Además de la doctora López Mora, estaban Julia Emma Garzón de Gómez y Martha Patricia Zea Ramos, quien era encargada. Con los votos de estas dos magistradas, más los de López y Ortega, me dictaron sanción. Dos magistrados más, que me habían absuelto en noviembre, no estuvieron presentes en el momento de la votación.
C.O.T.– ¿Por qué? ¿Qué pasó con ellos?
M.R.V.– No lo sé. El acta dice simplemente que no estuvieron en la votación.
C.O.T.– Pero yo revisé el acta de esa fecha y (los magistrados Henao Orozco y Bueno Miranda) sí estuvieron ese día en la sala. Me imagino que usted lo sabe.
M.R.V.– Sí, claro. Pero le repito que para el momento de la decisión de sanción ellos no aparecen anotados.
C.O.T.– ¿Cree que se fueron para evitar votar contra lo que ellos mismos habían decidido?
M.R.V.– Lo ignoro.
C.O.T.– ¿Qué decidió hacer frente a esa contradicción?
M.R.V.– Denuncié ante la Comisión de Acusación de la Cámara por el delito de prevaricato a los cuatro magistrados que votaron la sanción, por desconocer el fallo anterior.
C.O.T.– ¿A quién le correspondió conocer su denuncia en la Comisión?
M.R.V.– Al representante José Gerardo Piamba.
C.O.T.– ¿Usted cree que tiene garantías de imparcialidad en la Comisión?
M.R.V.– La Constitución y la ley establecen que la Comisión es la juzgadora de los magistrados. Aspiro a que se haga justicia.
C.O.T.– ¿No le preocupa que el representante Piamba sea del Cauca y que el ex magistrado Ortega, uno de los que usted denunció, también sea oriundo de esa región?
M.R.V.– Como le dije, presenté la denuncia penal donde correspondía hacerlo.
C.O.T.– ¿Es cierto que también interpuso una tutela?
M.R.V.– Sí. Usé ese mecanismo porque hubo violación al debido proceso.
C.O.T.– ¿Dónde la interpuso?
M.R.V.– La primera autoridad que conoce de ella es el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca. En segunda instancia le corresponde revisar la decisión al Consejo Superior en su sala disciplinaria. Y por último, la revisaría eventualmente la Corte Constitucional.
C.O.T.– ¿Por qué cree que se presentó esta situación tan particular contra usted?
M.R.V.– Bueno, se dice que no hay efecto sin causa. Esto no ha podido obedecer sino al hecho de que desde el año pasado he venido siendo objeto de unas recomendaciones por parte de unos magistrados de la sala disciplinaria para que falle en contra de un abogado, en un proceso que adelanta mi despacho. Seguramente no ha sido del agrado de ellos que ese resultado que me piden no se haya dado. Yo le atribuyo la sanción que se me impuso a una retaliación.
C.O.T.– ¿A cuál proceso se refiere?
M.R.V.– Se trata de un proceso que se adelanta contra el abogado Juan Carlos Salazar Torres. Se trata de una demanda disciplinaria y el denunciante es el cónyuge o el ex cónyuge de la representante Lucero Cortés. Desde el año pasado me vienen solicitando que falle ese proceso y que lo haga con sanción.
C.O.T.– ¿Quiénes son los magistrados que trataron de influir en usted?
M.R.V.– El año pasado, Jorge Alonso Flechas Díaz (ya retirado) me dio a entender que el material que existía era suficiente para producir una sanción. Y este año, el magistrado Angelino Lizcano Rivera (actual presidente de la sala) también me inquirió por el caso. Le contesté contándole el curso que llevaba el proceso. Me propuso que le comentara esos detalles a la doctora Cortés y me dijo que él estaría dispuesto a propiciar una reunión con ella en el propio Consejo Superior.
C.O.T.– Pero eso es totalmente irregular y contrario a la ética. ¿Usted qué le contestó a Lizcano?
M.R.V.– Le dije que como él era mi superior, él vería si me hacía hablar con ella. Finalmente eso se quedó así porque no se concretó nada. Ese mismo día la magistrada Julia Emma Garzón de Gómez también me preguntó por el proceso, pero fue un poco más allá porque me dijo que de acuerdo con lo que ellos sabían, había que sancionar al abogado.
C.O.T.– ¿A quién se refería cuando dijo “ellos”?
M.R.V.– Entendí que a la sala disciplinaria.
C.O.T.– ¿Qué decisión tomó usted respecto del abogado Salazar?
M.R.V.– No tomé ninguna porque el proceso apenas estaba en curso.
C.O.T.– ¿No será que ante las presiones, usted prefirió no tomar ninguna decisión?
M.R.V.– No. Independientemente de las insinuaciones que se me venían haciendo, yo estaba actuando de acuerdo con mis convicciones.
C.O.T.– La señora Cortés pertenece a la Comisión donde usted puso su denuncia penal contra los magistrados presuntamente aliados con ella. Aún así, ¿confía en la Comisión?
M.R.V.- Me imagino que para casos como este deberán observarse los impedimentos.
C.O.T.– Perdóneme pero usted me parece muy ingenuo. Si Cortés puede influir en el Consejo Superior, ¿cómo no pensar que hará lo mismo con el representante Piamba?
M.R.V.– Sólo aspiro a que se haga justicia.
C.O.T.– ¿No ha considerado que quienes lo sancionaron tenían algo de razón?
M.R.V.– Jurídicamente no es posible que la tuvieran por cuanto la decisión del caso ya se había tomado. Yo podía haber robado, podía incluso haber matado, pero si ya había sido absuelto, como en efecto lo fui, no había forma de sancionarme pues había adquirido un derecho.
Magistrados denunciados
Rafael Vélez Fernández denunció por los delitos de prevaricato y falsedad ideológica a los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura Temístocles Ortega (r), María Mercedes López, Julia Emma Garzón de Gómez y Marta Patricia Zea (e). Éstos suspendieron a Vélez de su cargo durante un año, desconociendo un fallo que lo absolvía por los mismos hechos. Vélez Fernández también denunció por tráfico de influencias a los magistrados Jorge Alonso Flechas (r), Angelino Lizcano (actual presidente de la Sala Disciplinaria) y Julia Emma Garzón de Gómez, por haber presuntamente intentado ejercer presión sobre él para que sancionara al abogado Juan Carlos Salazar Torres, contradictor del marido de la representante Lucero Cortés, Manuel Arturo Rincón, polémico empresario que se ha visto envuelto en múltiples demandas.
De Rincón la revista Semana dijo en septiembre de 2006: “Un grupo de empresarios ‘duros’ del país está pensando en constituir una sociedad que se llame ‘Tumbacol’, que significa ‘Tumbados por Manuel Arturo Rincón Guevara’, el actual esposo de la representante a la Cámara Luz Emilia Cortés Méndez, más conocida como Lucero Cortés”. Antiguos socios de Rincón Guevara, entre otros los propietarios de Muebles Bima, han interpuesto por lo menos cinco demandas contra él en la Superintendencia de Sociedades.
Prescripciones del sancionado y sus sancionadores
Según el fallo de sanción de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura que afecta al magistrado Rafael Vélez Fernández, éste habría sido responsable por “negligencia en la instrucción y dirección (de procesos a su cargo cuando trabajaba en la seccional del Atlántico), desconocimiento de los términos y estancos procesales y renuncia al principio de inmediación de la prueba”. También se le endilga un “comportamiento desidioso en el cumplimiento de sus obligaciones…”, entre otras razones, por dejar prescribir un poco más de 350 investigaciones en los años 2001 a 2003. Curiosamente, la sentencia contra Vélez, de abril de este año, admite en su resolución que a sus superiores, los magistrados de la sala que lo sancionaron, les sucedió lo mismo que a él: les prescribieron la mayoría de los procesos porque ya habían pasado más de cinco años de la ocurrencia de los hechos. En efecto, en dicha sentencia se “decreta prescripción de la acción en razón de las conductas ocurridas en los procesos de los antecedentes de la 29 a la 263”, es decir, 234 casos, lo que equivale al 66,8% de prescripciones del total investigado. Al final, Vélez fue responsabilizado por alrededor de 30 casos, es decir, sólo el 8,5% del total inicial.