Además, tendrá que hacer un trabajo social y comunitario que incluye la limpieza de las playas de la bahía de Santa Marta en un plazo de un año y una labor de educación con los pobladores y los empleados sobre cuidado ecológico.
“Esta es la multa más alta impuesta por el Ministerio de Ambiente. Lo ejemplarizante es que por primera vez se obliga a hacer trabajo comunitario. Con esto, la empresa tendrá que invertir hasta diez veces más dinero que el de la multa”, explicó la ministra Luz Helena Sarmiento. Recordó, además, que a partir del 1º de enero del próximo año la Drummond deberá empezar a hacer el cargue directo del material y, de no cumplir, será sancionada con multas diarias.
Sin embargo, Rodrigo Negrete, abogado experto en políticas ambientales, asegura que el cargue directo, por un lado, va a generar un fuerte impacto con las obras que requiere, y por el otro, no soluciona el conflicto del uso del suelo frente al turismo.
“Si se extiende el muelle, va a entorpecer el tráfico de pequeñas embarcaciones y barcos pesqueros; y si acercan los buques al puerto, va a haber más embarcaciones cerca de la playa, incrementando el ruido y las emisiones de gases, que es lo que molesta a los turistas y habitantes de la zona”. Para Negrete, la solución es trasladar el puerto: “Deberían irse de esa zona a una alejada de las áreas urbanas y turísticas del país”.
Cronología de una denuncia
El 13 de enero dos empleados de la Drummond le informaron al abogado samario Alejandro Arias, reconocido defensor del medio ambiente, y a Aníbal Pérez, presidente de la Asociación de Trabajadores Enfermos de Drummond, que había ocurrido un incidente con una de las barcazas de la compañía.
El mineral terminó bajo el agua luego de que la empresa, para evitar el hundimiento de la embarcación, arrojara parte del carbón por la borda. Arias y Pérez tomaron en el lugar una serie de fotos que evidenciaban el accidente.
Cuando presentaron las pruebas a la Dirección Marítima (Dimar), se encontraron con que la empresa ya había reportado el hecho, pero omitiendo su responsabilidad en el tema de la contaminación. Precisamente fue esta autoridad la primera que se puso al frente de la investigación y la que, en palabras de Arias, “fue la gran impulsora del proceso”. Dice, además, que la ANLA tardó una semana “en aceptar el hecho”.
Luego de recaudar pruebas en el lugar del incidente, la ANLA abrió una investigación contra la compañía. En mayo de este año se les formularon cargos a las cuatro empresas involucradas en el incidente (American Port Company Inc., Drummond Ltd., Drummond Coal Mining LLC y Transport Services LLC) por deteriorar el ecosistema marino de la zona.
Ahora lo que resta, según Alejandro Arias, “es esperar a que la Contraloría nos cuenta en qué va el juicio fiscal por el tema ambiental, porque esta es una multa, pero no la compensación por los daños ambientales”.