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Por presuntas violaciones al derecho a la vida, a las garantías judiciales y a la soberanía de su territorio, el procurador general de Ecuador, Diego García, demandó el pasado 11 de junio al Gobierno colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En esencia, el gobierno del presidente Rafael Correa consideró que el bombardeo al campamento del abatido jefe guerrillero ‘Raúl Reyes’, ocurrido el 1° de marzo del año pasado en territorio ecuatoriano, constituyó una violación flagrante de su soberanía, al tiempo que manifestó que en dicha acción militar resultó muerto el ciudadano ecuatoriano Franklin Guillermo Aisalla Molina, sindicado por las autoridades colombianas de formar parte de la guerrilla de las Farc.
De acuerdo con la demanda, Ecuador alega que su gobierno sólo se enteró de la incursión armada al campamento de ‘Reyes’ al día siguiente y que se quebrantó la cartilla de seguridad que establece que en casos como el presentado en la frontera colombo-ecuatoriana, los dos Estados debieron actuar.
La demanda busca una condena internacional al Estado colombiano por su presunta responsabilidad en los hechos que derivaron en un lío diplomático en el vecino país de Ecuador y exige una indemnización para la familia de Aisalla Molina y una petición de disculpas por la llamada ‘Operación Fénix’. El Gobierno colombiano rechazó la demanda.