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Durante diez horas, en cerca de 39 mil mesas de votación y bajo la mirada de más de 2.000 observadores internacionales, los ecuatorianos respondieron ayer con un sí o un no a una sencilla y trascendental pregunta: “¿Aprueba usted el texto de la Nueva Constitución Política de la República?”.
Con los resultados del referendo —que al cierre de esta edición le daban al Sí un 70% de los votos—, el presidente Rafael Correa logra concretar su proyecto político: un modelo de país que anunció el 15 de enero de 2007 y en el que prometió “refundar la patria”, acabar “la partidocracia” e instaurar en Ecuador el socialismo del siglo XXI.
La jornada transcurrió con calma, pese al retraso en la apertura de las mesas de votación. Correa, quien fue de los primeros en votar, se mostró seguro de su triunfo. La calma del mandatario no era en vano. Durante los últimos 20 meses, los votantes lo eligieron con una abrumadora mayoría, le dieron el sí a la propuesta de Asamblea Constitucional y luego le aseguraron el 70 por ciento de los escaños en la Asamblea Constituyente que, desde el 30 de noviembre de 2007, sesionó en la ciudad de Montecristi, provincia de Manabí.
El texto constitucional estuvo listo desde el 23 de junio. Y aunque fue socializado durante varias semanas, una gran porción de los ecuatorianos aún desconocía ayer el contenido del mismo. Así lo divulgó el diario El Universo, con sede en Guayaquil. En varias encuestas publicadas por el diario, el 79% de los electores nunca tuvieron la oportunidad de leer el texto constitucional y el 56% consideraban no tener suficiente conocimiento sobre el mismo.
Constitución revolucionaria
La Carta aprobada contiene 444 artículos y 30 disposiciones transitorias en las que se reordena radicalmente la organización del Estado ecuatoriano. Para el oficialismo, la nueva Carta Magna busca reparar los daños que, argumentan, fueron causados tras dos décadas de reformas neoliberales en el Ecuador: “Se trata de pasar del ‘tener más para vivir mejor’, al buen vivir”, escribió en estas páginas hace unas semanas la embajadora ecuatoriana ante la ONU, María Fernanda Espinosa.
Sin embargo, la oposición, que tiene como rostro emblemático la figura del alcalde de la próspera Guayaquil, Jaime Nebot, considera la nueva Constitución como un remedo del proyecto nacional de Hugo Chávez, en Venezuela. Un modelo que exacerba el presidencialismo y centraliza la economía, creando “el sueño de todos los sistemas totalitarios: esclavizar a la sociedad civil con su dependencia de los dineros públicos”, como arremetió ayer Hernán Pérez Loose, columnista de El Universo, de Guayaquil.
La Constitución le apuesta a un país donde el Estado provee bienes y servicios, planifica el desarrollo y promueve la iniciativa privada reservándose el derecho de “promover políticas redistributivas”, entre ellas, el gravamen a tierras ociosas y la prohibición del latifundio.
La oposición, que asegura que los artículos más determinantes fueron aprobados en Montecristi expeditamente y sin mayor debate, sostiene que esta reorganización económica “atenta contra la economía del mercado”, como lo expuso en un análisis José Javier Villamarín, del Instituto Ecuatoriano de Economía Política.
En materia social, la Carta pretende garantizar la educación y la salud pública. Y el medio ambiente, a su vez, mencionado en el texto como Pachamama, también adquiere derechos propios, entre ellos, “a que se respete integralmente su existencia”.
En términos de política exterior, aboga por un mundo multipolar y trata de “prioritario” el proceso de integración de América Latina y el Caribe.
Finaliza un largo camino
El domingo, una vez cerradas las urnas, el presidente Correa recibió emocionado el triunfo en la opositora Guayaquil, donde los líderes de su ciudad natal se propusieron derrotar el referendo. “Fue un triunfo tres a uno”, afirmó emocionado el mandatario ecuatoriano.
Entre tanto, el delegado de la misión de observación de la OEA, el chileno Enrique Correa, convocaba al Gobierno y a la oposición a “construir acuerdos”, una vez se conocieran los resultados de la jornada.
este lunes se terminarán de contar los votos y en 15 días se conocerán los resultados oficiales del referendo. Correa deberá entonces llamar a elecciones generales. Con la nueva Carta, el actual mandatario podrá presentarse a elecciones, ser elegido y luego reelegido, sin tener en cuenta los casi dos años que ya lleva en el poder.
La reelección inmediata ha sido una de las peleas que su partido, Alianza País, tuvo que dar durante las jornadas en Montecristi. Pero no fue la única.
La Conferencia Episcopal ecuatoriana fue muy crítica con varios artículos concernientes a los derechos reproductivos y familiares. El artículo 68, sostenían, legalizaba las uniones entre homosexuales al reconocer “a la familia en sus distintos tipos”;la ambigüedad del artículo 33, por su parte, abriría la puerta a la legalización del aborto, ya que garantiza “el derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener”, según los prelados.
También el proceso deliberativo fue controversial. El editorial de El Comercio, de Quito, parecía reprocharle al gobierno el que hubiera aceitado el proceso con “leyes, amnistías, nombramientos y ratificaciones de altos funcionarios”. De hecho, en desacuerdo con una amnistía propuesta para el ex presidente Gustavo Noboa, Alberto Acosta, presidente de la Asamblea, renunció en junio a su cargo.
Con la victoria, Correa debe iniciar de inmediato a organizar la campaña de su “reelección”. Entre tanto, tendrá que negociar con un sector opositor que, como ya ha ocurrido en experimentos similares en Bolivia y Venezuela, no se quedará callado ante los cambios que se avecinan .