El Congreso en la unidad nacional

Después de unos meses de relativa incertidumbre sobre los resultados de las elecciones de marzo pasado, se posesiona este martes ante los colombianos un nuevo Congreso con una agenda que promete dar solución a diversas dificultades del país. Pero más allá de la promoción de dicha agenda, este Congreso afronta varios retos. El primero va de la mano con el ejercicio de su función legislativa, respetando la Constitución y procurando hacer un examen crítico de los proyectos de ley que presenta la Rama Ejecutiva. Esta labor crítica —permitida y fomentada por el reglamento del Congreso— consiste en cuestionar, revisar y enmendar los proyectos de ley cuando exista jurisdicción, y se considere que hay espacio para mejorar su contenido.

Incluso, un Congreso con una buena mayoría —como es el que vemos este martes posesionándose gracias a las curules obtenidas por los partidos de la U y Conservador—, debe ejercer controles internos para que el contenido de la ley sea el adecuado y represente a la mayoría de los colombianos. Para esto, la labor de los líderes legislativos de los partidos debe estar coordinada desde los directorios nacionales, procurando consolidar las propuestas que les permitan honrar sus compromisos programáticos con la ciudadanía. Sin duda, los líderes del Partido Liberal y Cambio Radical se convertirán en los garantes de que la actuación de los legisladores en el interior de la gran coalición sea transparente y programática.

Aunque los congresistas también gozan de iniciativa legislativa y algunos de los proyectos de ley son finalmente aprobados, el segundo reto para este nuevo Congreso es formular menos proyectos a título individual o de interés local, que en su mayoría son archivados y nunca ven la luz detrás de la comisión, y promover aquellos presentados en bancadas, los cuales podrían reflejar de manera más efectiva una sintonía con las necesidades percibidas por la ciudadanía (actualmente, los proyectos de ley en bancada no superan el 20% en cada legislatura).

Uno de estos proyectos debería ser una reforma constitucional que restablezca los balances y contrapesos después de la aprobación de la reelección presidencial. La razón es conocida por todos: uno de los grandes lunares del segundo período de Álvaro Uribe fue el constante y sistemático cuestionamiento a las entidades que se suponen son independientes del Poder Ejecutivo, siguiendo el espíritu de la Constitución de 1991. Las comisiones primeras de Cámara y Senado deben dar esta discusión urgentemente, antes de que se vean de nuevo los choques de trenes entre la Rama Judicial y el Ejecutivo, además del cuestionamiento de los medios y de la ciudadanía.

Además de su labor legislativa, el Congreso de la República también ejerce la tarea de control político. Éste es el conjunto de mociones y acciones que tienen los legisladores para indagar y juzgar el comportamiento de los servidores públicos. Esta labor es muy importante, por cuanto el Congreso tiene una jurisdicción limitada en su labor legislativa y debe, mediante la solicitud de información e investigación, dar cuenta a la ciudadanía de las posibles irregularidades en la ejecución presupuestal y de diseño de las políticas públicas diseñadas por el Presidente de la República, sus ministros y todos los entes gubernamentales.

Desde este punto, el Congreso elegido para el período 2010-2014 tiene su tercer reto. A pesar de no tener muchas fuerzas por fuera de la coalición, debe tener la capacidad de mostrarse crítico e independiente, incluso a costa de ver fisuras en la coalición de gobierno en el corto plazo. Es aquí donde el rol del Polo Democrático será fundamental.

Finalmente, el Congreso entrante tiene la tarea de sostener su legitimidad a pesar de las investigaciones que se han abierto y que quizá se abran en el futuro. Si bien la reforma del Consejo Nacional Electoral y del sistema de partidos promovió cambios en la distribución de avales en el interior de los partidos, aún existen problemas con algunos legisladores y partidos que deberán ser resueltos para que la ciudadanía recupere el respeto por la institución. Eso es, específicamente, los escándalos por violaciones al régimen de financiación, así como las posibles relaciones de algunos legisladores con grupos al margen de la ley.

 * Programa de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes