Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Hace 24 años, en junio de 1989, la empresa Dow Química derramó 238 kilogramos del peligroso químico lorsban en la bahía de Cartagena. Fue uno de los escándalos ambientales de la época. Las fotografías de peces muertos aparecieron en la prensa. Las comunidades aledañas protestaron. La zona afectada, según algunos cálculos de las autoridades ambientales, fue al menos de 3 km² y generó pérdidas para el sector pesquero cuantificadas en más de $12 mil millones.
Salvo los abogados de la empresa y los de la organización Fundepúblico, que desde ese año promovieron una acción popular por el incidente, prácticamente el resto del país se olvidó del caso. Este mes la vieja noticia revivió por cuenta de una decisión que tomó el Tribunal Superior de Cartagena.
Argumentando que la acción popular tiene naturaleza preventiva y por lo tanto no es el mecanismo idóneo para resarcir los daños ocasionados, y que el transcurso del tiempo no permite afirmar si dicho daño ecológico continúa, el Tribunal revocó la determinación tomada en 2012 por el Juzgado 4º Civil del Circuito de Cartagena, que había declarado la responsabilidad ambiental de Dow y la condenó al pago del daño en favor del Distrito de Cartagena.
“Las implicaciones de esta sentencia para la bahía de Cartagena y para Colombia son nefastas”, advierte Mariana Sarmiento, directora de Programas Ambientales Fundepúblico. La abogada cree que, en primer lugar, se malinterpreta el alcance de las acciones populares al afirmar que éstas sólo tienen carácter preventivo. “Lo anterior contradice la normatividad y jurisprudencia vigente sobre el tema, pero sobre todo atenta contra la lógica del derecho ambiental y del interés público”, señaló.
En segundo lugar, dice que “al exonerar a Dow del daño causado, y de la sanción económica, crea un precedente y un incentivo perverso para dilatar los casos en los estrados judiciales o en instancias administrativas”.
Por estas razones han decidido continuar con la batalla jurídica y presentar una acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia que tendrá que ser fallada antes de un mes.
En su momento la compañía, que es filial de la multinacional Dow Corporation, contrató personal para recoger el pescado muerto y realizó una donación de $35 millones al Fondo Pro-Pesca Artesanal. Sin embargo, argumenta Fundepúblico, nunca ha pagado por el daño ambiental.
Eugenia Ponce de León, exdirectora del Instituto Humboldt y profesora de la Universidad Externado de Colombia, cree que ni los ciudadanos ni el medio ambiente pueden terminar pagando la negligencia y la lentitud de los sistemas judiciales para definir casos como este: “Es la negación total del concepto de justicia, no cumple el sistema judicial y luego se dice que ha pasado mucho tiempo”. Y aclaró que lo que la empresa no pagó en ese momento es posible compensarlo hoy de otras maneras.
Voceros de Dow Química le expresaron a El Espectador a través de un comunicado que la compañía “realizó las actividades necesarias para lograr el restablecimiento del equilibrio ecológico de la bahía, el cual fue declarado por las autoridades como corregido” y que se mantenían respetuosas de las decisiones que tomarán los jueces.
pcorrea@elespectador.com