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Una “catástrofe informática”. Así define la Federación Médica Colombiana lo que sucedió con las bases de datos de los recobros al Fosyga (Fondo de Solidaridad y Garantías) por lo menos desde 2005, cuando empezó a ser manejado por el consorcio Fidufosyga. Éste tenía como misión administrar los recursos que el Gobierno destina para reembolsarles a las EPS los gastos en los que incurrieron, por prestarles a los pacientes un servicio o un medicamento que no está incluido en el Plan Obligatorio de Salud (No POS).
Pero no sólo los llamados “recobros” estaban en manos de Fidufosyga; el consorcio también era responsable de la auditoría de los datos. El primer error, dice Óscar Andia, director del Observatorio del Medicamento de la Federación, quien sostiene que la tarea de auditor no le corresponde a una fiducia. Con esto se empieza a explicar el desastre informático.
En resumen lo que denuncia la Federación es que los registros en medio magnético que envían las EPS al Fosyga para cobrar sus facturas, no coinciden con los soportes físicos; lo que se suma a otras irregularidades como recobros duplicados, recobros con valores unitarios exorbitantes e innumerables errores al identificar los medicamentos. Sólo por dar un ejemplo: mientras hubo miles de registros que eran recobrados a un precio inferior de $500, lo que es inverosímil; el valor unitario de otros medicamentos superaba los $100 millones.
El análisis detallado de esta situación lo viene haciendo la Federación desde abril de 2010, cuando presentó un derecho de petición al consorcio Fidufosyga solicitándole un informe detallado de los recobros pagados entre los años 2007 y 2009. Inicialmente el consorcio negó esta solicitud alegando la confidencialidad de la información. Entonces vino una tutela que fue negada inicialmente, pero en segunda instancia se le dio la razón a la Federación y se obligó a Fidufosyga a entregar los datos.
A partir de ese momento se empezó a desenmascarar el caos en el que se estaban llevando las cuentas. En agosto de 2010, luego de analizar la información, la Federación “detectó graves inconsistencias y solicitó nuevos archivos libres de errores”. Encontró, por ejemplo, que se pagaron $490’043.227 por una muestra de 20 registros en los que en la casilla que debería ir el nombre del medicamento aparece simplemente “0”; o que por una muestra de 90 registros, que fueron apuntados con la nota “sin nombre del medicamento”, se desembolsaron $881’922.228.
Esas primeras pesquisas dejaron al descubierto otros hallazgos preocupantes: en una muestra de 9.750 casos, en los que la cantidad del medicamento suministrado fue igual a “1”, se pagaron $326.373 millones. La pregunta que se hizo en ese momento la Federación fue: ¿cómo pudo Fidufosyga pagar más de $300 mil millones en medicamentos de costos unitarios tan absurdos? Y una perla más: existen recobros del mismo producto, el mismo día y por valores muy elevados. Para mencionar un solo caso, está el de Novoseven®, que registró 12 recobros el 28 de septiembre de 2009, todos por el mismo costo aunque se tratara de cantidades diferentes. Apenas comenzaban los hallazgos.
En septiembre de 2010 la Federación recibió un nuevo CD con la información “corregida”, según lo aseguró Fidufosyga, pero que al ser analizada tenía las mismas inconsistencias; entonces se insistió en un tercer envío sin errores. Para ese momento las investigaciones de la Federación ya habían arrojado nuevos descubrimientos, como el de 41.470 registros que fueron recobrados a un valor inferior al de una moneda de $500 o el de 675.896 recobros con graves errores en los registros sanitarios.
El diciembre de 2010 el Consorcio Fidufosyga respondió negando otra vez las inconsistencias y envió un tercer archivo. Con esto la Federación reforzó sus tesis sobre enormes sobrecostos en los recobros, la dominancia de algunas EPS, la existencia de medicamentos que siendo POS fueron recobrados como No POS y otros tantos errores en la base de datos.
En febrero de 2011 hubo un hallazgo escandaloso: se encontraron 21 recobros de Rituximab en los que el valor unitario de cada ampolla era de $130 millones, cuando su precio regular en el mercado oscila entre los $6 y los $10 millones. Fidufosyga argumentó que se trataba de un error en su sistema. Finalmente, en octubre de 2011, el consorcio reconoció que muchos de los registros físicos que llegaban al Fosyga no coincidían con los magnéticos. Es decir, por primera vez aceptó el desastre que existía adentro.
Algo para resaltar aquí es que Fidufosyga señala que las responsables de esas inconsistencias son las EPS. Y, además, afirma que ellos “no tienen la facultad legal ni contractual para modificar los datos suministrados por las EPS, ya sea en medio físico o magnético”. Lo que significa que así fueran conscientes del error, no tenían las capacidades legales para hacer correcciones.
Y peor aún, había una circular del 21 de noviembre de 2008 y una resolución (la 5033 de diciembre 2008, firmada por el entonces ministro de la Protección Social, Diego Palacio) que, según la Federación, avala de alguna manera las inconsistencias entre los reportes magnéticos y físicos al exigir que, a pesar de que no coincidieran las facturas, se desembolsara el dinero y se hicieran los pagos.
El doctor Andia asegura que al tomar esta decisión el Gobierno se amparó en una orden que acababa de dar la Corte Constitucional, en la que exigían el pago de las facturas retrasadas. Sin embargo, dice Andia, esa decisión de Diego Palacio “abrió las puertas a la corrupción. Se pagaban las facturas sin que hubiera certeza de la información y, como existía ese hueco, por ahí salieron todas las barbaridades que usted se imagine: cuentas que se cobraban tres o más veces, valores de recobros descomunales...”, dice Andia.
“En otras palabras —reza el informe de la Federación— los registros magnéticos de más de $5,8 billones en recobros (dato de la Supersalud para los años 2007 a 2010), pueden tener valores unitarios exorbitantes, estar duplicados o triplicados, no identificar adecuadamente los productos recobrados, corresponder a medicamentos que siendo POS fueron recobrados como No POS (y esto) con total legalidad, porque se respetó la normatividad vigente”.
Fue sólo en la administración de Juan Manuel Santos que el Ministerio tapó ese “hueco” y a través de la Resolución 2064, del 02 de junio de 2011, exigió no hacer los pagos “cuando la información contenida en los físicos del recobro no se ajusta a la información consignada en el medio magnético”. Sin embargo, durante dos años se pagaron miles de facturas de las que no se tiene ninguna seguridad. Según la Federación, hay un caso contundente: el Fosyga pagó entre los años 2005 y 2010 la suma de $22.330’896.642 por recobros de factores antihemofílicos VIII y IX, que siendo POS fueron recobrados como No POS, dinero que tendrá que ser reembolsado por las EPS.
La pregunta es: ¿cuántos engaños como este hay en la caótica contabilidad del Fosyga? El nuevo consorcio, que ahora administra este fondo, SAYP, dice que se encuentra en proceso de revisión de los datos entregados por el consorcio Fidufosyga. ¿Cuándo se va a conocer la verdad?