Lo que ocurrió en el cerro Berlín, con el desalojo de los soldados y con la retoma, dejó lesionada la dignidad de unos y heridos a decenas entre los otros. En La Laguna —municipio de Caldono— la situación pasó a mayores por el asesinato de un comunero, que desató la acción de la Guardia Indígena para capturar a 32 soldados acusados por homicidio.
Para acercarse a la solución el Gobierno tendrá que aceptar que la militarización y la ubicación de unidades de guerra en territorios de propiedad privada colectiva no puede desconocer a la autoridad indígena o las normas del Derecho Internacional Humanitario.
Y, por su parte, los indígenas deben aceptar que al Estado le corresponde la potestad y la responsabilidad de combatir a las guerrillas que pretenden reproducirse en esa región. Es una difícil ecuación, porque por constitución los resguardos son la casa de los indígenas y tienen derechos inalienables en todo su territorio y los cabildos son autoridad legalmente reconocida, que cuenta con su fuerza de orden desarmada que es la Guardia Indígena. Con esos títulos están presionando el retiro de todos los armados y reclaman el derecho a encargarse de su seguridad en una ambiente que no sea de guerra.
Si no se conciertan soluciones en la mesa de diálogo, que ya ha comenzado a funcionar con la intervención del delegado del Presidente, la escalada de agresión, unos con bastones y otros con fusiles, seguirá produciendo heridos, muertos y resentimientos. Y mientras tanto la guerrilla se repliega, se escabulle y espera para beneficiarse de los conflictos no resueltos entre el Estado y las comunidades étnicas.
* Director de Indepaz