Todo estaba listo para que en septiembre del año pasado Bahía Málaga, lugar de anidamiento de las ballenas jorobadas en el Pacífico colombiano y uno de los rincones más biodiversos del país, por fin entrara en la lista de áreas protegidas.
Las comunidades de la región habían dado su aprobación. La Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales recomendó, con carácter urgente, proteger cerca de 50.000 hectáreas de ecosistemas de gran valor biológico. La Procuraduría General de la Nación también conceptuó a favor de la iniciativa. Incluso, el propio Gobierno, a través de un Conpes, consideró que no era apropiado pensar en la construcción de un puerto de embarque en la privilegiada bahía.
En aquel momento, la directora de Parques Nacionales, Julia Miranda, segura de que Bahía Málaga era virtualmente otro de los parques bajo su cuidado, se atrevió a comentar: “Esta decisión es producto de un debate con todas las cartas sobre la mesa”.
Pero como el pan a veces se quema a la salida del horno, lo que todos creían una realidad, comenzó a frustrarse. Los días pasaron sin que el ministro de Ambiente, Carlos Costa, estampara definitivamente su firma en el decreto. Su indecisión tenía un solo origen. Un grupo de industriales del Valle del Cauca, liderados por la Cámara de Comercio y el propio gobernador Juan Carlos Abadía, se negaban a abandonar la idea de construir un puerto para embarcaciones de gran calado.
Quienes por más de dos años habían participado en el dispendioso trabajo de negociación que exige la declaratoria de un área protegida, de repente fueron nuevamente convocados a reuniones. El 23 de diciembre se celebró una junta en Cali y el pasado 3 de febrero se convocó una más en la sede del Ministerio del Ambiente. En ambas reuniones saltó a la vista la incompatibilidad de visiones que industriales y el resto de la comunidad tienen sobre Bahía Málaga. Era la hora de las decisiones.
Consultado sobre la postergación de esta declaratoria, el ministro Carlos Costa comentó: “Hemos recibido muchas inquietudes por parte del sector productivo del Valle. Nos han pedido tiempo para estudiar nuevas propuestas. Estas son decisiones que afectan de manera definitiva el territorio nacional y no quisiera que se tomaran en contra de determinados sectores”.
“Es una determinación que hay que tomar antes de que termine este gobierno. Antes de terminar mi ministerio se toma la decisión”, prometió el Ministro aclarando que “lo que no quiero es que sea una decisión atropellada, que en la medida de lo posible se entiendan las razones en las que está sustentada”.