Hoy, varios analistas aseguran que la decisión del Primer Mandatario se debió en parte a la presencia en el país de la observadora internacional.
Pillay llegó a Colombia el pasado domingo en la tarde, en el marco de una gira que realiza por varios países, a fin de examinar la situación de los derechos económicos y sociales de las poblaciones más vulnerables. Su primera reunión tuvo lugar en la Cancillería el pasado lunes, y a ella asistieron los ministros de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa. En el encuentro los altos funcionarios del Gobierno no dudaron en destacar el “compromiso” de la Fuerza Pública con la defensa de los Derechos Humanos.
Otro tanto hizo el propio presidente Uribe ese mismo día, en un discurso desde la Escuela Superior de Guerra, en el que se refirió a la visita de la Alta Comisionada diciendo: “Me gustaría que la señora Alta Delegada de los Derechos Humanos pudiera hablar con todos los oficiales de nuestras armas y percibiera, directamente, el compromiso de todos con los Derechos Humanos y que, también, se diera cuenta de que en el corazón de nuestros comandantes hay un compromiso inquebrantable en ese aspecto”.
El Primer Mandatario no desconocía que la segunda actividad de Pillay sería un diálogo, el martes, con los representantes de unas 60 organizaciones sociales defensoras de los Derechos Humanos, quienes le informaron su percepción sobre el tema de las supuestas ejecuciones extrajudiciales. Los activistas le presentaron a la funcionaria un informe de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos —que está conformada entre otras ONG, por la Organización Mundial contra la Tortura—, en el que se documentan 535 casos de asesinatos de este tipo.
“Le explicamos que las evidencias señalan que se trata de un patrón sistemático en el interior de las Fuerzas Militares”, le contó a El Espectador uno de los asistentes al encuentro. Además, las ONG le mostraron a Pillay un balance pormenorizado de lo que ha sido la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. En la reunión, que se realizó en un hotel del norte de Bogotá, hizo presencia una comisión de los pueblos indígenas que se levantaron en una protesta desde hace 15 días.
Para la observadora internacional Laura Gil, es claro que, si bien en las últimas horas aumentaron las denuncias con respecto a las actuaciones irregulares del Ejército, la visita de la Alta Comisionada fue “esencial” para que Uribe tomará la decisión de retirar del servicio a 27 miembros de la institución. “El Gobierno estaba en mora de tomar estas medidas y no tengo duda de que la mirada internacional las impulsó”.
En sentido parecido se pronunció el politólogo Enrique Serrano, quien expresó: “No creo que haya dependido únicamente de eso, porque la investigación ya estaba en curso, pero pienso que la visita de Pillay sí influyó”.
El miércoles por la tarde, la Comisionada emitió un comunicado en el que celebraba las medidas del Gobierno frente al problema de las ejecuciones extrajudiciales, decisión en la que, según los análisis, ella tuvo mucho que ver.