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Mariano Rajoy destituyó al gobierno catalán con Carles Puigdemont a la cabeza. El Poder Judicial, a instancia de la Fiscalía, dictó cárcel para todos ellos y el viernes se aprobaba la orden de búsqueda y captura internacional para el mismo presidente, “exiliado” en Bélgica por el momento.
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Lo cierto es que la democracia española, por todo lo anterior, no pasa por su mejor momento; lo más grave es la ausencia de un diálogo con el que se pudo haber afrontado y superado el conflicto nacional. De hecho, cabe discutir si el gobierno catalán se inscribe dentro de la categoría de presos políticos.
Pese a todo, Cataluña puede tener ante sí, aunque sea indirectamente, la posibilidad de un referéndum en las próximas elecciones de diciembre, lo cual podía haber sido, desde el principio, la solución al problema. Antes ya hubo unas elecciones plebiscitarias en 2015, cuando el sector independentista declaró que se presentaba a las elecciones para pedir el Sí a la independencia a través de la candidatura “Junts Pel Sí”, que servía para aglutinar el voto independentista. Entonces el independentismo logró un 47,8 % de los votos frente a un 40 % del voto obtenido por los partidos constitucionalistas, a lo que se sumaba el 10 %, aproximadamente, de aquellos qjue no se posicionaron ni a favor ni en contra. Entonces, con una mayoría frágil de diputados, el gobierno catalán logró llevar adelante el “procès” llegando hasta al momento político actual de estancamiento.
La cuestión catalana, que a su vez es una cuestión española, ha trascendido de una manera impensable en la palestra internacional y ha sacudido los cimientos de la Unión Europea. El movimiento por la independencia en Cataluña, que sería mejor llamarlo movimiento por el “Derecho a Decidir”, resulta un movimiento fresco, nuevo y con un carácter democratizante en sus demandas. Consignas como “Democracia”, “Referéndum” o “Independencia”, bajo un movimiento cívico y pacifista, han puesto en entredicho la aparentemente consolidada democracia española.
Precisamente, el movimiento independentista, frente a la negación del Estado español a una consulta legal y vinculante, ha tenido que construir nuevas formas de reivindicación para lograr visibilizar el conflicto y apelar al mundo internacional.
La democracia española surgió del pacto entre moderados franquistas y moderados demócratas. El pacto de la Transición, que llevó consigo a la aprobación de la Constitución de 1978 para dotar al Estado español de un nuevo marco de convivencia, sentó las bases de los conflictos que, sin embargo, hoy en día siguen tan vigentes como irresolutos. Y es que, si bien se pactó un modelo de Estado descentralizado, pero no federal, denominado eufemísticamente como Estado autonómico, siguen pesando la herencia centralista y la concepción única y excluyente de la nación española. En ese sentido, una de las cuestiones fundamentales que generan el conflicto con sectores de Cataluña es la redacción del artículo 2 de la Constitución española y por el que “la indisoluble unidad de la Nación española es patria común e indivisible de todos los españoles”.
Otro conflicto es en relación CON cómo se ha descentralizado el Estado Español y el papel que ha jugado el Tribunal Constitucional Español a la hora de censurar cambios en el ordenamiento fiscal y territorial del Estado. En ese sentido, la propuesta de cambio del Estatuto de Autonomía de Cataluña fue recortada por el propio Tribunal en el año 2011, y los intentos de pactar nuevas competencias fiscales para los catalanes han sido ignoradas por el Gobierno central. Así, esta forma de interpretar la cuestión nacional con el Partido Popular en el Ejecutivo permitió centrar buena parte de la agenda política y mediática fuera de la crisis y los escándalos de corrupción que han sacudido al mismo, de manera reiterada, en los últimos años. Lo mismo sucedía con buena parte del Gobierno catalán que, afectado por los mismos males, encontraba en el problema territorial el foco prioritario de todas sus urgencias, lo cual, igualmente, contribuyó a invisibilizar buena parte de su desgobierno, azotado también por recortes y corrupción.
Lo peor de todo es que a esta situación se llega sin un plan B. Sin una estrategia alternativa. Y sin una oferta de diálogo. La cuestión nacional se ha reducido a una suerte simplista de poder contra derecho. De legalidad frente a legitimidad. Y así, las alternativas se reducen a posibilidades excluyentes donde el corto plazo no sirve para superar la situación entre España y Cataluña.
Muy posiblemente, las futuras elecciones del 21 de diciembre van a ser las más importantes de la historia política reciente de Cataluña, pero también de la democracia española. Allí veremos la disputa electoral del independentismo y de lo que se ha conocido vulgarmente como “unionismo”. El resultado, salvo sorpresa, será nuevamente ajustado y competido, de manera que habrá una nueva posibilidad para acomodar a esos más de dos millones de catalanes que hoy sólo entienden la solución en términos de ruptura frente a España. He ahí la cuestión. La democracia española debe mostrar la solidez de sus bases y su capacidad de adaptación a los tiempos de cambio que corren y que exigen de diálogo, consenso y reforma. Ni la ruptura ni el continuismo son la solución y, por ende, la transformación de las bases constitucionales y territoriales son la única opción para proseguir en la senda democrática de la convivencia, la tolerancia y la normalización de un conflicto político donde la legitimidad, en última instancia, ha de modular la legalidad.
*Jerónimo Ríos es politólogo y doctor en Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid
David Molina es politólogo y doctorando de la Universidad Complutense de Madrid