'El país ha salido del clóset'

En el calendario de Mauricio Albarracín, director de Colombia Diversa, el 19 de junio de 2007 es la fecha en la que recuerda haber perdido la inocencia frente al Estado colombiano, cuando un grupo de senadores conservadores hundió el proyecto de ley de parejas del mismo sexo. Un episodio con el que ratificó sus ganas de luchar sin descanso por los derechos de la comunidad LGBTI.

Desde su Bucaramanga natal, la misma ciudad cuna del procurador Alejandro Ordóñez, uno de sus principales contradictores, había llegado a Bogotá dos años atrás como judicante de la Corte Constitucional con el magistrado Manuel José Cepeda.

A sus 16 años salió del clóset. Aquel estudiante de undécimo grado tuvo la convicción de que ese era su derecho y que para poder ser feliz tenía que abrir camino para otros, así como su abuelo cortaba caña para darle sustento a su familia. Había que combatir contra todas las formas de intolerancia.

Dieciséis años después, Albarracín, abogado y filósofo de la Universidad Industrial de Santander, ocupa la dirección de Colombia Diversa, que mañana cumplirá diez años de fundación. En entrevista con El Espectador habla de los avances y las deudas nacionales en materia de derechos LGBTI.

En 1993 se dio en Colombia la primera decisión de la Corte Constitucional a favor de los derechos de los LGBTI: el ciudadano Carlos Montaño quería cambiarse el nombre. ¿Cuáles fueron los alcances de ese caso?

Los primeros logros legales fueron gracias a ciudadanos valientes que dieron peleas a través de tutelas. Esos pioneros de los 90 abrieron el camino. Pensemos por ejemplo en Martha Álvarez, una mujer lesbiana que luchó por años para que se lograra la visita íntima, o en el trabajo valeroso del abogado Germán Rincón Perfetti, que nos enseñó el valor del derecho constitucional en estas luchas.

¿Qué derechos se han otorgado a los LGBTI en esta última década?

Hemos avanzado en dos frentes. Por una parte, logramos que las parejas del mismo sexo fueran reconocidas como uniones maritales de hecho y como familia. Hoy tienen derechos económicos, de seguridad social, migratorios y todos los derechos sociales. También avanzamos en el reconocimiento de la adopción por parte de gays y lesbianas como solteros, así como la adopción del hijo o hija biológico del compañero o la compañera. Se ha consolidado el derecho a la no discriminación, por ejemplo, el derecho al espacio público, la protección de derechos de personas trans, la eliminación de prohibiciones como la donación de sangre, protecciones laborales y se ha luchado contra la discriminación en la escuela. A través de la jurisprudencia de la Corte, hoy vivimos en un país más igualitario.

¿Fue suficiente la orden de la Corte de exigirles a los notarios que realizaran la unión solemne entre parejas del mismo sexo sin dar pie a la objeción de conciencia?

La Corte Constitucional debió eliminar la discriminación en relación con el derecho al matrimonio. Sin embargo, la decisión buscó un punto medio que permitía que el debate avanzara. La Corte reconoció que las parejas del mismo sexo son una familia y que pueden buscar protegerla a través de un contrato ante jueces y notarios.

¿Aún es necesario que el Legislativo regule esa materia?

Nuestro Congreso es el mejor ejemplo de que las mayorías políticas son fuente de humillaciones para las minorías sexuales. Nuestra historia legislativa está plagada de ejemplos de segregación contra la población LGBTI, desde la penalización hasta la prohibición de ser notarios, profesores o miembros de las Fuerzas Militares. El Congreso nunca ha aprobado una ley que proteja a las parejas del mismo sexo, por lo que la Corte no puede seguir enviando estos temas allí. Cuando la Corte envía al Congreso la discusión de un derecho es como si nos enviara a los leones.

¿Cuántas parejas gays han legalizado su unión mediante esa figura?

Hemos realizado alrededor de 30 uniones. Jueces valientes han dado un paso a la igualdad y seguiremos luchando por este derecho, juzgado por juzgado, en la Corte Constitucional y donde sea necesario.

El procurador, Alejandro Ordóñez, radicó un concepto ante la CC en el que reclama que no sean aceptadas las solicitudes de seis parejas gays que buscan unirse mediante matrimonio civil. ¿Cuál es su posición frente a las reiteradas oposiciones del procurador?

El procurador es el funcionario público más homofóbico y con más poder de la historia de Colombia. Ha denigrado de la población LGBTI desde su tesis de grado como abogado hasta hoy. Usa el derecho y las instituciones como una máscara de la discriminación y dice que sus opiniones son “estrictamente jurídicas”; seguramente para él también la Inquisición y la quema de brujas fueron procesos “estrictamente jurídicos”. Desde que llegó a esa oficina ha gastado los recursos públicos para perseguirnos y no permitir que seamos personas iguales. Su acción no sólo es contra la Constitución, es contra el cristianismo. Al prójimo no se le persigue ni con la Constitución ni con la Biblia.

En 1999, la Corte protegió a los gays de las Fuerzas Armadas y exigió que no se considerara una falta de disciplina la homosexualidad. ¿Se cumple a cabalidad?

No tenemos datos sobre el cumplimiento de esta sentencia. Mi percepción es que en nuestras Fuerzas Militares tienen un “no preguntes, no lo digas” en la vida cotidiana. Algunos soldados nos escriben y les ayudamos a sobrellevar los ambientes homofóbicos a los que se ven sometidos en ocasiones. Creo que los militares deberían ser valientes y reconocer que en sus filas existen personas LGBTI que tienen el mismo honor que los heterosexuales.

¿Cómo ha cambiado la percepción de los colombianos frente al tema LGBTI en los últimos diez años?

Colombia ha salido del clóset en esta década. La comunidad LGBTI ha dado un salto a la escena pública y esto ha permitido que la ciudadanía entienda que somos sus hermanos, hijos, vecinos, compañeros de trabajo, profesores y amigos. Este país ha cambiado porque tanto unos como otros hemos abierto nuestras mentes y corazones para entender que la diversidad enriquece nuestras vidas. Todavía nos falta mucho por hacer.

¿Y qué falta?

Tener plena igualdad, garantizar y proteger el matrimonio igualitario, así como librar batallas pendientes para garantizar derechos parentales, a través de la adopción, el registro de niños, el reconocimiento de los hijos de crianza, la protección de la custodia, entre otros. Además, el país tiene un gran problema de cumplimiento de los derechos, bien sea por resistencia cultural o trabas burocráticas. Necesitamos que el Gobierno Nacional y los gobiernos locales se tomen en serio las políticas públicas de igualdad y no discriminación.

¿A qué le apunta Colombia Diversa para los próximos años?

Seguiremos apostándole al reconocimiento de derechos a través del litigio y el seguimiento de la situación de los derechos humanos. Pero también haremos un gran esfuerzo para fortalecer la acción política de la comunidad LGBTI y conectarnos mejor a través de las nuevas tecnologías.

pcuartas@elespectador.com

@pilar4as

En el calendario de Mauricio Albarracín, director de Colombia Diversa, el 19 de junio de 2007 es la fecha en la que recuerda haber perdido la inocencia frente al Estado colombiano, cuando un grupo de senadores conservadores hundió el proyecto de ley de parejas del mismo sexo. Un episodio con el que ratificó sus ganas de luchar sin descanso por los derechos de la comunidad LGBTI.

Desde su Bucaramanga natal, la misma ciudad cuna del procurador Alejandro Ordóñez, uno de sus principales contradictores, había llegado a Bogotá dos años atrás como judicante de la Corte Constitucional con el magistrado Manuel José Cepeda.

A sus 16 años salió del clóset. Aquel estudiante de undécimo grado tuvo la convicción de que ese era su derecho y que para poder ser feliz tenía que abrir camino para otros, así como su abuelo cortaba caña para darle sustento a su familia. Había que combatir contra todas las formas de intolerancia.

Dieciséis años después, Albarracín, abogado y filósofo de la Universidad Industrial de Santander, ocupa la dirección de Colombia Diversa, que mañana cumplirá diez años de fundación. En entrevista con El Espectador habla de los avances y las deudas nacionales en materia de derechos LGBTI.

En 1993 se dio en Colombia la primera decisión de la Corte Constitucional a favor de los derechos de los LGBTI: el ciudadano Carlos Montaño quería cambiarse el nombre. ¿Cuáles fueron los alcances de ese caso?

Los primeros logros legales fueron gracias a ciudadanos valientes que dieron peleas a través de tutelas. Esos pioneros de los 90 abrieron el camino. Pensemos por ejemplo en Martha Álvarez, una mujer lesbiana que luchó por años para que se lograra la visita íntima, o en el trabajo valeroso del abogado Germán Rincón Perfetti, que nos enseñó el valor del derecho constitucional en estas luchas.

¿Qué derechos se han otorgado a los LGBTI en esta última década?

Hemos avanzado en dos frentes. Por una parte, logramos que las parejas del mismo sexo fueran reconocidas como uniones maritales de hecho y como familia. Hoy tienen derechos económicos, de seguridad social, migratorios y todos los derechos sociales. También avanzamos en el reconocimiento de la adopción por parte de gays y lesbianas como solteros, así como la adopción del hijo o hija biológico del compañero o la compañera. Se ha consolidado el derecho a la no discriminación, por ejemplo, el derecho al espacio público, la protección de derechos de personas trans, la eliminación de prohibiciones como la donación de sangre, protecciones laborales y se ha luchado contra la discriminación en la escuela. A través de la jurisprudencia de la Corte, hoy vivimos en un país más igualitario.

¿Fue suficiente la orden de la Corte de exigirles a los notarios que realizaran la unión solemne entre parejas del mismo sexo sin dar pie a la objeción de conciencia?

La Corte Constitucional debió eliminar la discriminación en relación con el derecho al matrimonio. Sin embargo, la decisión buscó un punto medio que permitía que el debate avanzara. La Corte reconoció que las parejas del mismo sexo son una familia y que pueden buscar protegerla a través de un contrato ante jueces y notarios.

¿Aún es necesario que el Legislativo regule esa materia?

Nuestro Congreso es el mejor ejemplo de que las mayorías políticas son fuente de humillaciones para las minorías sexuales. Nuestra historia legislativa está plagada de ejemplos de segregación contra la población LGBTI, desde la penalización hasta la prohibición de ser notarios, profesores o miembros de las Fuerzas Militares. El Congreso nunca ha aprobado una ley que proteja a las parejas del mismo sexo, por lo que la Corte no puede seguir enviando estos temas allí. Cuando la Corte envía al Congreso la discusión de un derecho es como si nos enviara a los leones.

¿Cuántas parejas gays han legalizado su unión mediante esa figura?

Hemos realizado alrededor de 30 uniones. Jueces valientes han dado un paso a la igualdad y seguiremos luchando por este derecho, juzgado por juzgado, en la Corte Constitucional y donde sea necesario.

El procurador, Alejandro Ordóñez, radicó un concepto ante la CC en el que reclama que no sean aceptadas las solicitudes de seis parejas gays que buscan unirse mediante matrimonio civil. ¿Cuál es su posición frente a las reiteradas oposiciones del procurador?

El procurador es el funcionario público más homofóbico y con más poder de la historia de Colombia. Ha denigrado de la población LGBTI desde su tesis de grado como abogado hasta hoy. Usa el derecho y las instituciones como una máscara de la discriminación y dice que sus opiniones son “estrictamente jurídicas”; seguramente para él también la Inquisición y la quema de brujas fueron procesos “estrictamente jurídicos”. Desde que llegó a esa oficina ha gastado los recursos públicos para perseguirnos y no permitir que seamos personas iguales. Su acción no sólo es contra la Constitución, es contra el cristianismo. Al prójimo no se le persigue ni con la Constitución ni con la Biblia.

En 1999, la Corte protegió a los gays de las Fuerzas Armadas y exigió que no se considerara una falta de disciplina la homosexualidad. ¿Se cumple a cabalidad?

No tenemos datos sobre el cumplimiento de esta sentencia. Mi percepción es que en nuestras Fuerzas Militares tienen un “no preguntes, no lo digas” en la vida cotidiana. Algunos soldados nos escriben y les ayudamos a sobrellevar los ambientes homofóbicos a los que se ven sometidos en ocasiones. Creo que los militares deberían ser valientes y reconocer que en sus filas existen personas LGBTI que tienen el mismo honor que los heterosexuales.

¿Cómo ha cambiado la percepción de los colombianos frente al tema LGBTI en los últimos diez años?

Colombia ha salido del clóset en esta década. La comunidad LGBTI ha dado un salto a la escena pública y esto ha permitido que la ciudadanía entienda que somos sus hermanos, hijos, vecinos, compañeros de trabajo, profesores y amigos. Este país ha cambiado porque tanto unos como otros hemos abierto nuestras mentes y corazones para entender que la diversidad enriquece nuestras vidas. Todavía nos falta mucho por hacer.

¿Y qué falta?

Tener plena igualdad, garantizar y proteger el matrimonio igualitario, así como librar batallas pendientes para garantizar derechos parentales, a través de la adopción, el registro de niños, el reconocimiento de los hijos de crianza, la protección de la custodia, entre otros. Además, el país tiene un gran problema de cumplimiento de los derechos, bien sea por resistencia cultural o trabas burocráticas. Necesitamos que el Gobierno Nacional y los gobiernos locales se tomen en serio las políticas públicas de igualdad y no discriminación.

¿A qué le apunta Colombia Diversa para los próximos años?

Seguiremos apostándole al reconocimiento de derechos a través del litigio y el seguimiento de la situación de los derechos humanos. Pero también haremos un gran esfuerzo para fortalecer la acción política de la comunidad LGBTI y conectarnos mejor a través de las nuevas tecnologías.

pcuartas@elespectador.com

@pilar4as