El país resistiría desaparición de 24 EPS emproblemadas
Se identificó qué riesgo habría en los departamentos si se liquidan las entidades que tienen alguna medida de vigilancia, control o intervención por problemas financieros. Cundinamarca y Guainía, entre los pocos vulnerables.
Redacción Vivir
¿Qué pasaría en el país si la Superintendencia de Salud decidiera liquidar todas las entidades promotoras de salud (EPS) que hoy se encuentran bajo alguna medida de vigilancia, intervención o proceso administrativo sancionatorio por parte de ese organismo, fundamentalmente por problemas financieros? Para ser precisos: ¿qué sucedería si finalmente desaparecieran las 17 de las 33 EPS del régimen subsidiado que están atravesando esta situación y las 10 de las 21 del contributivo que están en las mismas (algunas EPS funcionan en los dos regímenes y aparecen en ambos listados)?
La Superintendencia hizo un mapeo de Colombia para identificar cuál es el riesgo de cada departamento en el supuesto de que desaparecieran las EPS emproblemadas o cuestionadas. Hay que advertir que este es uno de los principales objetivos de este gobierno con miras a superar la crisis del sistema: acabar con las EPS que no son sólidas financieramente y dejar sólo aquellas que tienen un músculo financiero estable.
El resultado del análisis realizado por la Superintendencia apunta a que la mayoría de regiones del país tendría cómo afrontar este hipotético escenario. Sólo la atención de los colombianos de unos pocos municipios estaría en verdadero peligro. Por ejemplo, si se liquidaran las EPS del subsidiado, quizá Cundinamarca sería el departamento más vulnerable: municipios como Tenjo, Suesca, Villapinzón, Madrid y Soacha fueron calificados con un nivel de riesgo muy alto entre cuatro niveles (bajo, medio, alto y muy alto).
El segundo departamento con mayores problemas sería Casanare, en municipios como Támara, Tauramena, La Salina y Sácama. Y en menor medida aparecen también Antioquia, Guainía y Amazonas, cada uno con un municipio en riesgo muy alto: Vigía del Fuerte, Puerto Colombia y La Victoria, respectivamente.
En general, el mapa del país sin las EPS del subsidiado hoy emproblemadas no luce alarmante. Y por el lado de las entidades del régimen contributivo el panorama es más aliviador todavía. En este caso, Guainía sería el departamento con el peor diagnóstico, con corregimientos como Mapiripana y Morichal Nuevo en riesgo muy alto. También se ve a La Guajira, Cauca y Nariño, cada uno con un municipio en esta situación.
Para llegar a estas conclusiones, la Superintendencia dividió al país en cuatro categorías, según su vulnerabilidad: el nivel de riesgo más bajo fue para aquellos en los que existen dos o más EPS sin medida especial y con capacidad disponible para asumir a los afiliados que quedan desprotegidos. Este es el caso de Bogotá, a pesar de que 14 de las 33 EPS de ambos regímenes que operan allí están bajo alguna medida. El siguiente es el nivel medio, al que pertenecen las regiones con sólo dos EPS sanas y con capacidad; luego está el nivel alto, para aquellas con una sola EPS en estas condiciones, y por último, el muy alto, para las zonas en las que no existe ninguna EPS en este estado.
¿Cuál sería el siguiente paso en caso de que finalmente el grupo de las EPS con problemas desapareciera, o al menos una buena parte de ellas? La Superintendencia ha insistido en que se han venido creando herramientas para asumir este posible escenario.
Una de ellas, y la más poderosa, es el Decreto 1955 de 2012, que establece unas medidas para “garantizar la continuidad del aseguramiento”. Entre ellas: alianzas entre EPS de ambos regímenes y entidades territoriales (alcaldías y gobernaciones), y la ampliación de la capacidad de afiliación y de plazos para el cumplimiento de requisitos financieros.
¿Qué pasaría en el país si la Superintendencia de Salud decidiera liquidar todas las entidades promotoras de salud (EPS) que hoy se encuentran bajo alguna medida de vigilancia, intervención o proceso administrativo sancionatorio por parte de ese organismo, fundamentalmente por problemas financieros? Para ser precisos: ¿qué sucedería si finalmente desaparecieran las 17 de las 33 EPS del régimen subsidiado que están atravesando esta situación y las 10 de las 21 del contributivo que están en las mismas (algunas EPS funcionan en los dos regímenes y aparecen en ambos listados)?
La Superintendencia hizo un mapeo de Colombia para identificar cuál es el riesgo de cada departamento en el supuesto de que desaparecieran las EPS emproblemadas o cuestionadas. Hay que advertir que este es uno de los principales objetivos de este gobierno con miras a superar la crisis del sistema: acabar con las EPS que no son sólidas financieramente y dejar sólo aquellas que tienen un músculo financiero estable.
El resultado del análisis realizado por la Superintendencia apunta a que la mayoría de regiones del país tendría cómo afrontar este hipotético escenario. Sólo la atención de los colombianos de unos pocos municipios estaría en verdadero peligro. Por ejemplo, si se liquidaran las EPS del subsidiado, quizá Cundinamarca sería el departamento más vulnerable: municipios como Tenjo, Suesca, Villapinzón, Madrid y Soacha fueron calificados con un nivel de riesgo muy alto entre cuatro niveles (bajo, medio, alto y muy alto).
El segundo departamento con mayores problemas sería Casanare, en municipios como Támara, Tauramena, La Salina y Sácama. Y en menor medida aparecen también Antioquia, Guainía y Amazonas, cada uno con un municipio en riesgo muy alto: Vigía del Fuerte, Puerto Colombia y La Victoria, respectivamente.
En general, el mapa del país sin las EPS del subsidiado hoy emproblemadas no luce alarmante. Y por el lado de las entidades del régimen contributivo el panorama es más aliviador todavía. En este caso, Guainía sería el departamento con el peor diagnóstico, con corregimientos como Mapiripana y Morichal Nuevo en riesgo muy alto. También se ve a La Guajira, Cauca y Nariño, cada uno con un municipio en esta situación.
Para llegar a estas conclusiones, la Superintendencia dividió al país en cuatro categorías, según su vulnerabilidad: el nivel de riesgo más bajo fue para aquellos en los que existen dos o más EPS sin medida especial y con capacidad disponible para asumir a los afiliados que quedan desprotegidos. Este es el caso de Bogotá, a pesar de que 14 de las 33 EPS de ambos regímenes que operan allí están bajo alguna medida. El siguiente es el nivel medio, al que pertenecen las regiones con sólo dos EPS sanas y con capacidad; luego está el nivel alto, para aquellas con una sola EPS en estas condiciones, y por último, el muy alto, para las zonas en las que no existe ninguna EPS en este estado.
¿Cuál sería el siguiente paso en caso de que finalmente el grupo de las EPS con problemas desapareciera, o al menos una buena parte de ellas? La Superintendencia ha insistido en que se han venido creando herramientas para asumir este posible escenario.
Una de ellas, y la más poderosa, es el Decreto 1955 de 2012, que establece unas medidas para “garantizar la continuidad del aseguramiento”. Entre ellas: alianzas entre EPS de ambos regímenes y entidades territoriales (alcaldías y gobernaciones), y la ampliación de la capacidad de afiliación y de plazos para el cumplimiento de requisitos financieros.