La tragedia de Francisca (chilena, 29 años) está resumida en dos instantes: el día en que se enteró de su condición VIH positivo cuando apenas cumplía unas semanas de embarazo, y la noche en que dio a luz a su bebé y al despertar de la anestesia una enfermera le anunció: “Nunca más podrá tener hijos”. Francisca fue esterilizada a los 20 años, sin su consentimiento, ni conocimiento, por ser portadora de VIH.
“Las mujeres VIH positivo en Chile son presionadas constantemente para que prevengan la ocurrencia de embarazos, y la esterilización forzada o no consentida es un problema sistemático”. La denuncia la hizo la red Vivo Positivo de Chile y la ONG estadounidense Centro de Derechos Reproductivos, a través de un informe titulado Dignidad negada. Aparecen allí los casos de 19 mujeres a quienes se les vulneró el derecho de ser madres, como a Francisca, que hoy tiene un niño sano de 8 años pero soñaba con una familia numerosa.
“En Chile no hay una ley que promulgue ni que defienda los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, mucho menos los de las VIH positivo. Somos un país muy conservador en ese sentido, no tenemos ni siquiera despenalización del aborto en casos terapéuticos”, dice Sara Araya, presidenta de Vivo Positivo.
Esta declaración podría complementarse con un fragmento del estudio que reza que si bien Chile ha tenido una democracia estable desde que terminó la era Pinochet (1990), “el desarrollo económico y la estabilidad política no se han traducido en que las mujeres puedan gozar de manera completa e igualitaria de sus derechos humanos fundamentales”. Y se citan dos ejemplos: el país sólo legalizó el divorcio en 2004 y en el tema del aborto tiene una de las leyes más restrictivas del mundo, ni siquiera es permitido cuando la vida de la madre está en peligro.
¿Qué busca con la esterilización obligatoria Chile (y otros países que cita el informe de Vivo Positivo como República Dominicana, México, Venezuela, Namibia y Sudáfrica)? ¿Detener el virus? ¿Evitar engrosar la lista de portadores? Jorge Cerón, director de Fundamor —entidad que trabaja con niños VIH/sida en Colombia—, explica que el riesgo de infección es mínimo (cerca del 2%) si la madre infectada se somete al debido tratamiento con antirretrovirales, el parto es por cesárea y se elimina la lactancia. Cerón califica los casos en Chile como una “arbitrariedad”. Dice: “El sistema de seguridad social debe brindar todas las herramientas para que el riesgo se minimice. Ningún Estado tiene el derecho de quitarle a una mujer la posibilidad de decidir”.
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— Francisca, ¿cómo fue el momento en que se enteró de que era portadora?
— Fue como la muerte. No tenía información sobre la enfermedad, pensaba que a lo mejor no iba a poder terminar el embarazo, que me quedaba poco tiempo de vida —Francisca responde a través de una llamada telefónica. Está en un pueblo en el centro de Chile—.
— ¿Qué le dijeron sobre la suerte del bebé?
— Que si no me tomaba los medicamentos había riesgo de que naciera con la enfermedad. Que no iba a poder amamantarlo ni tenerlo en un parto natural —habla tranquila, pausada, sólo se deja perturbar por leves temblores de tierra que en Chile son rutina—.
— ¿Cómo fue el momento del parto?
— Se me reventó la placenta antes del parto programado. Mientras una enfermera me trasladaba me decía que cómo había sido posible que quedara en embarazo en esta situación, que si no había pensado en abortar, que era una madre inconsciente.
— ¿Cómo fue el procedimiento?
— En el momento del parto me anestesiaron, me quedé dormida. Cuando desperté vi a mi hijo sano y eso me dio tranquilidad. Al otro día vino a verme la matrona del hospital, me dijo que todo había salido bien y me advirtió: “Ya no vas a tener más hijos”.
— ¿Qué pensó en ese momento?
— No le tomé mucho asunto. Estaba preocupada por la salud del niño, estaba todavía muy adolorida. Las enfermeras me miraban extraño, no eran capaces de tocarme, debe ser porque soy portadora. No tuve nada de apoyo. Mi recuperación fue muy dolorosa.
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Este mes se cumplen 30 años de la aparición de los primeros casos de VIH. En el balance de lo que han dejado estas tres décadas de la enfermedad se citan cifras como: En todo el mundo hay 33,3 millones de afectados por el VIH/sida, las mujeres representan la mitad de las personas que viven con el VIH en todo el mundo, en Latinoamérica los casos suman 1,8 millones, y en Colombia la cifra está entre 210 y 220 mil.
En los múltiples informes entregados por ONG y organismos internacionales se resalta que en América Latina la enfermedad está controlada, que incluso se han reducido las tasas y que ahora la lucha en la región es contra la exclusión. Sólo por nombrar un caso: se estima que en Latinoamérica la cobertura de los antirretrovirales para prevenir la transmisión maternoinfantil es del 53%, y seis naciones (Nicaragua, Chile, Uruguay, Argentina, Ecuador y Costa Rica) han alcanzado el 80%, según un informe de EFE. En Colombia desde 2005 existe un programa dirigido por el Ministerio de la Protección Social para evitar la transmisión de madre a hijo.
Pero a Chile, el país de Francisca, no le basta con estar entre las naciones con mayor cobertura de antirretrovirales. Desde los años 90 —como cuenta Sara Araya, de Vivo Positivo— han sumado a su lucha contra el VIH “la esterilización sistemática”. Los primeros años a través de un método químico que utilizaba la quinacrina, explica Araya. Luego vinieron nuevos procedimientos —como la ligadura de trompas—, y nuevas estrategias —amenazaban a las mujeres con someterlas a un parto natural, aumentando el riesgo de contagio del bebé, si no daban su consentimiento—. Para el año 2000 la ONG ya tenía 20 casos registrados —hoy suman 50—.
En 2004 revelaron un estudio denunciando por primera vez esta práctica ante las autoridades y el gobierno chileno. Y en 2005 conocieron la historia de Francisca, que se ha vuelto una insignia en su lucha. Demandaron el caso a un tribunal en Chile. Falló en su contra. Ahora está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Si se aprueba la demanda sería para mí al menos el reconocimiento de que sí se hizo y de que no va a volver a ocurrir, con eso sería feliz”, dice Francisca.
El caso de las esterilizaciones ilegales en Perú
Aunque no hay cifras exactas se estima que durante el gobierno de Alberto Fujimori en Perú (1990-2000) un total de 300.000 mujeres de comunidades indígenas, campesinas y estratos bajos fueron esterilizadas sin su consentimiento.
Todo esto sucedió en un programa represivo y compulsivo atribuido al primer mandatario, que buscaba controlar la natalidad en su país.
Años después la Defensoría del Pueblo peruana se atrevió a calificar esta iniciativa como una “esterilización mortífera” que desencadenó cientos de víctimas mortales: 7,82 fallecidos por cada 100.000 intervenciones quirúrgicas entre 1996 y 1999.
También fueron víctimas de esta campaña 22.000 hombres.
Este precisamente fue uno de los puntos que entró a jugar en contra de Keiko Fujimori, hija del exmandatario, quien aspiraba a la presidencia de Perú y durante la reciente campaña fue duramente cuestionada por el accionar de su padre.