El preámbulo del primer escándalo del DAS

En abril de 2006, antes del escándalo de la parapolítica, y en plena campaña presidencial, Colombia se vio agitada por las revelaciones del exdirector de informática del DAS, Rafael García. Sus acusaciones contra el exdirector del organismos Jorge Noguera, la confesión de su participación en episodios de fraude y corrupción, y la forma como el nuevo director del DAS, Andrés Peñate, encaró el tema y le atribuyó responsabilidades a la oposición de alentar los señalamientos de García fueron materia de los cables de la Embajada de Estados Unidos.

Según un cable con fecha del 27 de abril, las revelaciones de García habían causado revuelo,  no sólo por señalar a Jorge Noguera de tener nexos con el paramilitarismo, sino también porque expresó que había planeado asesinar al presidente venezolano Hugo Chávez, de la misma manera que había participado en el crimen del fiscal venezolano Danilo Anderson. Además de sus implicaciones en un complot para asesinar a sindicalistas. Para la Embajada americana, no eran claras las razones de la conducta del testigo.

Las dudas radicaban en saber si García lo que buscaba era una rebaja en su sentencia o si pretendía afectar la campaña reeleccionista de Uribe. El entonces director del DAS, Andrés Peñate, comentó en la Embajada que la oposición estaba usando a García para afectar la campaña presidencial y que, a través de otro preso, que estaba en la misma cárcel donde se encontraba el exdirector de Informática, supo que los entonces senadores Gustavo Petro y Piedad Córdoba hacían parte de esta iniciativa de ayudarlo para perjudicar al presidente Álvaro Uribe.

A cambio, comentó Peñate en la Embajada, los entonces congresistas le habrían ofrecido contactos para obtener su condición de refugiado político en Argentina o Venezuela. Lo cierto es que para el cuerpo diplomático de Estados Unidos, el arresto de García, que tuvo lugar el 25 de junio de 2005, se había producido en desarrollo de una investigación según la cual el personaje habría ayudado a colombianos a eludir su extradición y a algunos criminales extranjeros a ingresar al país borrando sus antecedentes.

El cable detalló los antecedentes del escándalo, refiriendo que la salida de Jorge Noguera de la dirección del DAS tuvo lugar en octubre de 2005, luego de un bochornoso episodio de acusaciones mutuas, de conexiones con el paramilitarismo, entre el propio Noguera y su segundo, José Miguel Narváez. En criterio de la Embajada, este último había hecho esfuerzos por evidenciar los malos manejos del director de Inteligencia, Enrique Ariza, a quien había señalado de crear una oficina para vender información privilegiada a las autodefensas.

A su vez, Noguera acusaba a Narváez de tener contactos con los grupos paramilitares que comandaba Héctor Buitrago en el Casanare. La confrontación provocó que el tema trascendiera a los medios de comunicación, y que el entonces presidente Uribe tratara de aplacar la crisis creando una comisión de estudio para mejorar el trabajo del DAS. No obstante, el cable detalló cómo al mismo tiempo otras agencias del gobierno ya estaban inmersas en sus propios escándalos de corrupción o de nexos con grupos ilegales.

Por ejemplo, el reporte a Washington añadió que en esa misma época se conoció de irregularidades en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, que le había otorgado a la empresaria del chance Enilse López, más conocida como ‘La Gata’, equivocadas licencias para manejar equipos de seguridad y protección personal. De igual modo, el Incoder se había visto afectado por señalamientos de corrupción en la entrega de tierras que fueron quitadas a los desplazados. Finalmente, a Finagro se le acusaba de entregar créditos irregulares al paramilitarismo.

En el mismo informe de la Embajada se consignó la dura confrontación que tuvo el entonces presidente Uribe con la revista Semana, precisamente por la publicación de las confesiones del exdirector de informática del DAS, y de qué manera había promovido al menos cuatro entrevistas para defenderse de las imputaciones y al mismo tiempo resaltar su récord de capturas y acciones en favor de la seguridad. Uribe, añadió el cable, se defendió en plena campaña electoral de las acusaciones de que se había cometido fraude en 2002.

Ante las dimensiones del escándalo, la Embajada comentó finalmente que por ahora seguía trabajando con el DAS en operaciones específicas y que debía confirmar todas las denuncias. No obstante, precisó que en otros gobiernos ya había quedado claro que ciertas actuaciones del DAS causaban problema. Aun así, resaltó la posición asumida por el recién llegado Andrés Peñate, de quien se veían buenos avances como el relevo de varios directores seccionales, entre otras acciones de mejoramiento.

Hoy, cinco años después, Jorge Noguera se defiende ante la Corte Suprema por nexos con las Auc; de García no se volvió a saber nada; Narváez afronta múltiples procesos por sus nexos con los paramilitares y de algunos crímenes políticos, y Peñate no ha terminado de resolver con la justicia si tuvo algo que ver con el escándalo de las ‘chuzadas’ e interceptaciones ilegales en el DAS. El presidente Uribe inicia su defensa ante el Congreso, mientras Petro y Córdoba siguen siendo algunos de sus principales opositores políticos en el país.

En abril de 2006, antes del escándalo de la parapolítica, y en plena campaña presidencial, Colombia se vio agitada por las revelaciones del exdirector de informática del DAS, Rafael García. Sus acusaciones contra el exdirector del organismos Jorge Noguera, la confesión de su participación en episodios de fraude y corrupción, y la forma como el nuevo director del DAS, Andrés Peñate, encaró el tema y le atribuyó responsabilidades a la oposición de alentar los señalamientos de García fueron materia de los cables de la Embajada de Estados Unidos.

Según un cable con fecha del 27 de abril, las revelaciones de García habían causado revuelo,  no sólo por señalar a Jorge Noguera de tener nexos con el paramilitarismo, sino también porque expresó que había planeado asesinar al presidente venezolano Hugo Chávez, de la misma manera que había participado en el crimen del fiscal venezolano Danilo Anderson. Además de sus implicaciones en un complot para asesinar a sindicalistas. Para la Embajada americana, no eran claras las razones de la conducta del testigo.

Las dudas radicaban en saber si García lo que buscaba era una rebaja en su sentencia o si pretendía afectar la campaña reeleccionista de Uribe. El entonces director del DAS, Andrés Peñate, comentó en la Embajada que la oposición estaba usando a García para afectar la campaña presidencial y que, a través de otro preso, que estaba en la misma cárcel donde se encontraba el exdirector de Informática, supo que los entonces senadores Gustavo Petro y Piedad Córdoba hacían parte de esta iniciativa de ayudarlo para perjudicar al presidente Álvaro Uribe.

A cambio, comentó Peñate en la Embajada, los entonces congresistas le habrían ofrecido contactos para obtener su condición de refugiado político en Argentina o Venezuela. Lo cierto es que para el cuerpo diplomático de Estados Unidos, el arresto de García, que tuvo lugar el 25 de junio de 2005, se había producido en desarrollo de una investigación según la cual el personaje habría ayudado a colombianos a eludir su extradición y a algunos criminales extranjeros a ingresar al país borrando sus antecedentes.

El cable detalló los antecedentes del escándalo, refiriendo que la salida de Jorge Noguera de la dirección del DAS tuvo lugar en octubre de 2005, luego de un bochornoso episodio de acusaciones mutuas, de conexiones con el paramilitarismo, entre el propio Noguera y su segundo, José Miguel Narváez. En criterio de la Embajada, este último había hecho esfuerzos por evidenciar los malos manejos del director de Inteligencia, Enrique Ariza, a quien había señalado de crear una oficina para vender información privilegiada a las autodefensas.

A su vez, Noguera acusaba a Narváez de tener contactos con los grupos paramilitares que comandaba Héctor Buitrago en el Casanare. La confrontación provocó que el tema trascendiera a los medios de comunicación, y que el entonces presidente Uribe tratara de aplacar la crisis creando una comisión de estudio para mejorar el trabajo del DAS. No obstante, el cable detalló cómo al mismo tiempo otras agencias del gobierno ya estaban inmersas en sus propios escándalos de corrupción o de nexos con grupos ilegales.

Por ejemplo, el reporte a Washington añadió que en esa misma época se conoció de irregularidades en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, que le había otorgado a la empresaria del chance Enilse López, más conocida como ‘La Gata’, equivocadas licencias para manejar equipos de seguridad y protección personal. De igual modo, el Incoder se había visto afectado por señalamientos de corrupción en la entrega de tierras que fueron quitadas a los desplazados. Finalmente, a Finagro se le acusaba de entregar créditos irregulares al paramilitarismo.

En el mismo informe de la Embajada se consignó la dura confrontación que tuvo el entonces presidente Uribe con la revista Semana, precisamente por la publicación de las confesiones del exdirector de informática del DAS, y de qué manera había promovido al menos cuatro entrevistas para defenderse de las imputaciones y al mismo tiempo resaltar su récord de capturas y acciones en favor de la seguridad. Uribe, añadió el cable, se defendió en plena campaña electoral de las acusaciones de que se había cometido fraude en 2002.

Ante las dimensiones del escándalo, la Embajada comentó finalmente que por ahora seguía trabajando con el DAS en operaciones específicas y que debía confirmar todas las denuncias. No obstante, precisó que en otros gobiernos ya había quedado claro que ciertas actuaciones del DAS causaban problema. Aun así, resaltó la posición asumida por el recién llegado Andrés Peñate, de quien se veían buenos avances como el relevo de varios directores seccionales, entre otras acciones de mejoramiento.

Hoy, cinco años después, Jorge Noguera se defiende ante la Corte Suprema por nexos con las Auc; de García no se volvió a saber nada; Narváez afronta múltiples procesos por sus nexos con los paramilitares y de algunos crímenes políticos, y Peñate no ha terminado de resolver con la justicia si tuvo algo que ver con el escándalo de las ‘chuzadas’ e interceptaciones ilegales en el DAS. El presidente Uribe inicia su defensa ante el Congreso, mientras Petro y Córdoba siguen siendo algunos de sus principales opositores políticos en el país.