En manos de Kirchner

Dos días después de que el Gobierno colombiano presentara las supuestas pruebas sobre la presencia de guerrilleros, tanto de las Farc como del Eln, en territorio venezolano, la tensión entre los dos países preocupa a la región. El viernes, Néstor Kirchner, ex presidente de Argentina y actual secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), planeó reuniones independientes con los presidentes Hugo Chávez y Álvaro Uribe, en las que actuará en calidad de mediador para superar la crisis.

Las reuniones, pactadas para el próximo 5 de agosto en Caracas y el día 6 en Bogotá, se definieron luego de "permanentes comunicaciones telefónicas con los presidentes de Ecuador, Rafael Correa; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y otros mandatarios de la región para resolver rápidamente la grave situación que envuelve a los dos países”, afirmaron fuentes cercanas a Kirchner.

La entrada en escena del ex presidente argentino se produjo luego de que la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) resultara insuficiente para solucionar el problema. Lejos de aliviar la tensión diplomática que surgió cuando la semana pasada Colombia anunció la existencia de las pruebas, el jueves la sesión dio como resultado una enérgica ruptura de relaciones por parte de Hugo Chávez.

El mismo día en que el embajador colombiano ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos, presentó las denuncias, el presidente pro témpore de Unasur, Rafael Correa, abrió la posibilidad de convocar a una reunión extraordinaria para analizar la crisis diplomática entre Colombia y Venezuela.

De acuerdo con la analista Laura Gil, “Unasur resulta un escenario más favorable para Chávez, porque en la región goza de un mayor número de aliados que Colombia y también porque no existe la influencia política de los Estados Unidos”.

De otro lado, Benjamín Herrera, director de la maestría de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, baraja la posibilidad de que una próxima cumbre suramericana se convierta en el espacio indicado para iniciar el proceso de restablecimiento de relaciones entre Hugo Chávez y Juan Manuel Santos. “Esa cumbre debería darse después del 7 de agosto”, añade.

No obstante, el gobierno de Álvaro Uribe considera que sus esfuerzos para lograr la cooperación de Venezuela han sido reiterados. El canciller colombiano, Jaime Bermúdez, así lo expresó en una corta rueda de prensa ofrecida el viernes, en la que afirmó que más allá de las declaraciones que han rodeado la actual crisis diplomática, “no se ha dado respuesta al tema de fondo (...) Colombia busca que haya cooperación eficaz en la lucha contra el terrorismo”.

La reacción se dio después de que el pedido que Colombia elevó a la OEA sobre la creación de una comisión especial que se encargará de verificar las coordenadas de los campamentos en Venezuela resultó infructuoso. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, aseguró que no hay manera de establecer este mecanismo sin la previa aprobación venezolana.

Esto implicó la inviabilidad de la medida, ya que también este viernes el gobierno de ese país reiteró su negativa a la petición. “Venezuela no tiene por qué responder a los pedidos de escrutinio de un gobierno que en ocasiones anteriores ha denunciado de manera mentirosa situaciones similares”, declaró el embajador Roy Cháderton, jefe de la misión diplomática de Caracas en la OEA.

El proceder de la OEA en este escenario de crisis fue duramente criticado. El contradictor más fuerte al actuar de Insulza fue Ecuador, por medio de su canciller Ricardo Patiño. El funcionario lo acusó de “absoluta incapacidad” para evitar los roces entre Colombia y Venezuela. Patiño criticó la ausencia de “diplomacia preventiva” en la Secretaría General de la Organización, pues en su opinión —una opinión que comparte Venezuela— se debió haber evaluado previamente la situación y la postura de cada uno de los países antes de poner en marcha el Consejo Permanente.

Según Benjamín Herrera, “a la OEA le critican no haber hecho lo posible para impedir que la confrontación se diera de una manera pública y acalorada”.

De hecho, en la víspera de la sesión, la Cancillería ecuatoriana dio la orden a su embajador ante la OEA, Francisco Proaño, quien ejercía la Presidencia del Consejo Permanente, que se tomara un tiempo para hacer las consultas, pero según el propio mandatario de Ecuador, Rafael Correa, Insulza presionó para que el encuentro se diera pronto. Tras recibir la orden —y alegando un conflicto de principios—, Proaño renunció a su cargo y la sesión extraordinaria se llevó a cabo durante la mañana del jueves.

Continúan las reacciones

Mientras el papel de Insulza era cuestionado, el ministro de Defensa de Venezuela, Carlos Mata, desmintió las denuncias de Colombia y advirtió que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana dará una respuesta “contundente” a cualquier “fuerza extranjera” que intente violar la soberanía nacional. Desde el jueves, cerca de 20.000 soldados venezolanos custodian los 2.219 kilómetros de frontera entre los dos países y hasta ahora el reporte es de total tranquilidad.

Por otra parte, el secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para Latinoamérica, Arturo Valenzuela, calificó de “muy serias” las denuncias de Colombia e invitó a un próximo diálogo entre las dos naciones. El gobierno estadounidense también manifestó su postura a través del Departamento de Estado, que en una comunicación pública instó a Venezuela a investigar lo expuesto por Bogotá.

Los embajadores de la Unión Europea ante Caracas y Bogotá también emitieron una declaración conjunta pidiendo evitar una escalada del conflicto.