En medio del debate de la libertad de informar

Aunque las Farc reconocieron que tenían en su poder al periodista francés Roméo Langlois y habían asegurado que sería liberado en poco tiempo, un nuevo comunicado de la guerrilla, en el que plantean que sólo será entregado cuando en el país se abra el debate sobre la libertad de informar, ha generado gran preocupación por la posibilidad de que las Farc utilicen el impacto mediático de la detención del reportero extranjero para ganar réditos políticos.

En el comunicado de siete puntos las Farc afirman que los periodistas llevados por las Fuerzas Militares no cumplen el propósito imparcial de informar sobre la realidad y se preguntan cuál sería la actuación de las autoridades colombianas si un periodista acompañara unidades guerrilleras.

Con esos argumentos plantean que “las libertades de pensamiento, expresión e información no pueden operar sólo para el beneficio de los dueños del capital y de la tierra”. Y afirman que “el régimen colombiano asesina, amenaza, encarcela o destierra a los periodistas que intentan investigar o informar sobre la versión no oficial del conflicto”.

A la ya compleja situación de Langlois se suma la responsabilidad que el reportero habría asumido al iniciar su trabajo de campo acompañado de las tropas contra el narcotráfico en el sur del país. Según afirmó el comandante de las Fuerzas Armadas, general Alejandro Navas, existe un documento firmado por el periodista en el que reconoce el peligro en el que se encuentra al acompañar al Ejército en sus labores.

El general Navas también se refirió al presunto uso de prendas privativas del Ejército por parte de Langlois y afirmó que “el periodista no estaba uniformado. Simplemente se le habían proporcionado unos elementos para su protección. El chaleco que tenía el periodista no lo tenían los soldados”. Sin embargo, las Farc en su comunicado aseguran lo contrario.

Al margen de la disputa entre el Gobierno y las Farc sobre las condiciones en las que se dio la retención de Langlois y si existió algún tipo de falla de parte del periodista, el procurador general, Alejandro Ordóñez, ordenó una investigación sobre este hecho para determinar qué autoridades civiles o militares autorizaron la presencia del comunicador en una zona de conflicto, aparentemente con prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, y si con ello se presentaron faltas disciplinarias.

El caso de Langlois ha generado tal impacto que en Colombia y en el mundo se mantienen los reclamos por su liberación. Ayer, un grupo de corresponsales internacionales viajaron a la zona donde se dio la retención, para reclamar la entrega inmediata. Este llamado fue respaldado por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien reclamó que “si lo tienen, que lo liberen urgentemente sin dilaciones y sin dudas”.

Para el ministro, “lo que están es tratando de crear un escenario mediático, en vez de liberar rápidamente a este periodista, quien estaba en un ejercicio profesional”.