Más de tres semanas después de iniciado el paro campesino en la región del Catatumbo, y cuando el país esperaba que los acercamientos entre el Gobierno y los manifestantes comenzaran a dar resultados, el ambiente vuelve a caldearse. ¿La razón? Los cuestionamientos en contra de César Jerez, delegado de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) y uno de los líderes de la protesta, quien es señalado de tener presuntos nexos con las Farc. Una información que para la Casa de Nariño es delicada y por la que el presidente Santos citó ayer a una reunión con altos funcionarios con el fin de conocer de primera mano la situación e impartir directrices para superar la crisis.
Tras el encuentro, se decidió insistir en el diálogo —para lo cual el viceministro de Trabajo, José Noé Ríos, volverá hoy a la zona—, al tiempo que la Fiscalía designará una comisión especial para investigar la muerte de cuatro campesinos en las manifestaciones y la presunta infiltración de la guerrilla. “Se definió una agenda de cuatro temas para desarrollar en los correspondientes diálogos y llegar a acuerdos. Queda pendiente precisar que inician las mesas una vez se levante el paro. Hoy viajo a Tibú a tratar este asunto con los campesinos, para que las reuniones formales comiencen el próximo lunes”, explicó Ríos.
Pero lo claro es que las acusaciones contra Jerez, antes que generar incertidumbre, produjeron un malestar en el interior de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), cuyos delegados decidieron levantarse ayer de la mesa de concertación, que apenas comenzaba a consolidarse. Lo complicado del asunto es que ahora se habla de la posibilidad de que campesinos de otras regiones, como Putumayo, Caquetá, norte del Cauca y Nariño, se unan al paro. Y de contactos de los voceros del Catatumbo con los camioneros, los zapateros de Bucaramanga y los cafeteros.
En conclusión, el tema se le creció al Gobierno y, según fuentes cercanas a la Presidencia, el jefe de Estado habría pedido certezas en torno a la información que involucra a Jerez con las Farc. Lo que se ha dicho desde el Ministerio de Defensa es que este geólogo, educado en la antigua Unión Soviética, aparece mencionado en los computadores que se incautaron tras las operaciones contra los comandantes guerrilleros Alfonso Cano, Raúl Reyes y Mono Jojoy. El mismo Jerez ha dicho que esas acusaciones “sólo apuntan a deslegitimar las causas de las protestas y legitimar el uso de la fuerza contra los campesinos”.
Según había dicho ayer desde Cúcuta el vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo, el ente acusador prepara la conformación de un grupo con miembros de la Sección de Análisis Criminal del CTI, que serán los encargados de contextualizar lo que ocurre en la región para poder avanzar con las investigaciones. “La protesta social por sí sola no puede ser penalizada, porque es un derecho constitucional que tienen todos los colombianos, pero si se convierte en violenta y está acompañada de actos ilegales deja de ser protesta social legítima y puede ser judicializada”, advirtió el funcionario.
Otro asunto que genera suspicacia en el alto gobierno tiene que ver con Rubén Zamora, uno de los negociadores de las Farc en el proceso de paz que se desarrolla en La Habana, comandante del frente 33, que opera en el Catatumbo y al que se acusa de tener infiltrada la protesta. De cualquier manera, el presidente Santos habría impartido instrucciones precisas no sólo para apaciguar los ánimos en Norte de Santander, sino en otras partes del país. Eso sí, todos en el Gobierno son conscientes de que, más allá de los problemas de orden público y la presencia guerrillera, existen factores de tipo social que alimentan el malestar ciudadano, por lo que se hace urgente que el Estado haga presencia.
Ayer, 28 miembros de la sociedad civil de Norte de Santander les pidieron al Gobierno y las organizaciones campesinas del Catatumbo avanzar con urgencia en la búsqueda de acuerdos sobre los problemas sociales, económicos y humanitarios identificados en la Mesa de Interlocución y de Acuerdo (MIA). El panorama es desalentador: de acuerdo con el documento Conpes 2013 para el Catatumbo, la incidencia de pobreza multidimensional en Norte de Santander, para el año 2005, alcanzó un 58,2% (superior a la media nacional, que fue del 49%), mientras que todos los municipios de la región se encuentran por encima del 73%, a excepción de Ocaña. El Tarra (92%) y Hacarí (93%) tienen el mayor porcentaje de pobres.