La justicia francesa condenó ayer a cuatro años de cárcel y a una multa de 75.000 euros a Jean-Claude Mas, el fundador de la empresa de implantes mamarios defectuosos PIP. El castigo se acompañó de una prohibición definitiva para ejercer cargos en el sector médico o de gestionar una empresa.
“Usted tiene que reflexionar desde una celda sobre esta triste odisea comercial que ha dejado tantas víctimas”, había indicado meses atrás el fiscal de Marsella, Jacques Dallest. Una solicitud que finalmente fue respaldada por los jueces franceses.
La condena se conoce dos semanas después de que el Tribunal de Comercio de Toulon (Francia) condenara a la empresa certificadora alemana Tüv Rheinland a indemnizar a 1.672 mujeres por permitir que las prótesis PIP fueran vendidas sin ser sometidas a estrictos protocolos de control y vigilancia.
Pero Mas no es el único que tendrá que pasar una temporada tras las rejas. Otros altos ejecutivos, como Claude Couty, quien fue director financiero de la empresa con sede en el sur de Francia, y Hannelore Font, directora de calidad, así como Loïc Gossard, encargado de producción de la PYME, fueron condenados a dos años de cárcel. Thierry Brinon, responsable de I+D, fue condenado a 18 meses de cárcel.
Más de 7.000 mujeres de 71 países que fueron víctimas de estos implantes mamarios defectuosos están siendo representadas por más de 300 abogados en el megajuicio que sigue su curso en las cortes francesas.
El abogado de Mas indicó que apelarán la decisión. Sin embargo, durante el juicio, Mas pidió perdón por primera vez a sus víctimas, aunque nunca admitió la mala calidad del producto. El último balance de la Agencia Nacional Sanitaria del Medicamento, estimó en 7.500 el número de prótesis PIP que sufrieron roturas y en 3.000 el de efectos secundarios, principalmente reacciones inflamatorias. Cifras que corresponden tan sólo a Francia.
La abogada colombiana Nathalie Lozano, quien representó a 1.500 colombianas en el juicio contra la empresa certificadora alemana Tüv Rheinland, dijo recientemente en una entrevista a El Espectador que uno de los problemas que han enfrentado las pacientes colombianas para participar en estos juicios es la falta de cooperación de los médicos locales.
“Muchas afectadas han intentado acceder a sus historias clínicas, sin que los médicos se las faciliten, pues les dilatan la entrega de un documento al que tienen derecho, con excusas como no tener tiempo para buscar en las bases de datos. Me ha impactado el papel de los cirujanos en este problema. Ellas necesitan sus historias clínicas para acceder a la reparación”, explicó la abogada.
El caso aún no está cerrado pues las autoridades de vigilancia en Europa también están en la mira de la justicia por no cumplir con su labor. Hasta ahora tampoco ha quedado claro la responsabilidad individual de los cirujanos y médicos.