Exparas en las redes de cooperantes

El caos en que se convirtió el proceso de paz entre el gobierno Uribe y los grupos de autodefensa después del fallo de la Corte Constitucional que dejó en sus debidas proporciones la ley de Justicia y Paz, puso al Estado en la coyuntura de reconocer la existencia de 21 nuevos grupos criminales, con aproximadamente 4.000 desmovilizados de regreso a la ilegalidad. Y entre las diversas estrategias para combatirlos, con aprobación gubernamental, fue integrar antiguos paramilitares a las redes de cooperantes del Ejército Nacional.

La evidencia está contenida en un cable diplomático enviado desde la Embajada de Estados Unidos en Colombia en febrero de 2007, en un recuento sobre este dilema para la seguridad. El documento precisó que la mayoría de los líderes de las nuevas agrupaciones criminales era exparamilitares de nivel medio, pero muy bien armados y con el apoyo de exintegrantes de los bloques del paramilitarismo. Según el reporte, eran grupos sin mayor ideología e incluso haciendo tratos con las Farc en departamentos como el Vichada o el Meta.

El informe a Washington recoge los puntos de vista de algunos oficiales de la fuerza pública y los comentarios particulares del observador de la OEA para el proceso de paz con las autodefensas Sergio Caramagna. En tal sentido, citando al general Jesús Gómez Méndez, se especifica que la mejor manera de combatir a las nuevas estructuras criminales es enfrentando los tres desafíos que ellos encarnan: la topografía en que se mueven, la forma como han infiltrado a las instituciones y las altas sumas de dinero que manejan por el narcotráfico.

Pero un oficial de inteligencia de la Brigada XVII del Ejército fue más allá y reconoció que al menos 250 miembros de los grupos criminales en Urabá tenían experiencia militar previa. Por eso el oficial le confirmó a la Embajada de Estados Unidos que antiguos miembros del Bloque Elmer Cárdenas de Fredy Rendón Henao, alias El Alemán, con la aprobación del Gobierno habían sido incorporados a la red de cooperantes. Y añadió que estaban dando muy buena información sobre una banda en Urabá asociada a Vicente Castaño.

En otro aparte del mismo cable es el vocero de la OEA quien admite que los jefes paramilitares Carlos Mario Jiménez, alias Macaco; Fredy Rendón, alias El Alemán; y Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, le confirmaron que había un acuerdo con el Gobierno para que sus redes de informantes se incorporaran a las redes de cooperantes del Ejército. El director del DAS de entonces, Andrés Peñate, lo negó con insistencia, pero en el cable diplomático quedó la evidencia de que algo extraordinario había que hacer para confrontar las estructuras mafiosas que estaban naciendo.

Ya en un cable diplomático de mayo de 2006, el Gobierno y la Misión de la OEA lo tenían claro. Aproximadamente el 4 por ciento de los desmovilizados del paramilitarismo pronto estuvo de regreso a las actividades criminales. En ese momento, la Dirección de Inteligencia de la Policía ya hablaba de 10 estructuras, cada una con 50 miembros en promedio, con una peligrosa mezcla de desmovilizados, narcotraficantes o delincuentes comunes. No se creía que fuese el renacer del paramilitarismo pero sí el fortalecimiento del narcotráfico.

Para tender este desafío, la Embajada referenció la creación de un grupo llamado de “Inteligencia para la Paz”, integrado por delegados del Ministerio de Defensa, el DAS, la Armada, la Policía y la Oficina del Alto Comisionado de Paz. Ese grupo, según el cable detectó de entrada 120 puntos geográficos de altísimo riesgo, todos localizados en zonas de conflicto armado y en regiones donde hubo desmovilización del paramilitarismo en el proceso de paz. La irrupción de las bandas criminales ya hacía difícil calcular el número de desmovilizados.

Sin embargo, a falta de afrontar el dilema de las bandas criminales, ya para entonces pesaba en el ambiente la influencia del paramilitarismo en la política. El comentario de Vicente Castaño, en el sentido de que ya tenían en el Congreso un 35 por ciento de sus integrantes, puso a las autoridades a dar explicaciones en la Embajada de Estados Unidos. La prueba es que en noviembre de 2006, ya el director del DAS Andrés Peñate reconocía que 13 de los nuevos miembros del Congreso elegidos en marzo, eran claramente fichas de los grupos de autodefensa.

El cable dejó ver las diferencias de criterios que habían sobre quiénes podían ser esos políticos cercanos a las autodefensas. Algunas fuentes mencionaban a Eleonora Pineda, Rocío Arias y Carlos Moreno de Caro. Otros que Zulema Jattin, Jairo Merlano y Mauricio Pimiento. El DAS sólo se comprometía con Dieb Maloof y Jorge Luis Caballero. De lo que nadie dudaba era de la tremenda influencia del paramilitarismo en la Costa Atlántica, y de la irrupción de un personaje a quien se calificó como la “baronesa de las loterías”, más coloquialmente llamada, La Gata.

El caos en que se convirtió el proceso de paz entre el gobierno Uribe y los grupos de autodefensa después del fallo de la Corte Constitucional que dejó en sus debidas proporciones la ley de Justicia y Paz, puso al Estado en la coyuntura de reconocer la existencia de 21 nuevos grupos criminales, con aproximadamente 4.000 desmovilizados de regreso a la ilegalidad. Y entre las diversas estrategias para combatirlos, con aprobación gubernamental, fue integrar antiguos paramilitares a las redes de cooperantes del Ejército Nacional.

La evidencia está contenida en un cable diplomático enviado desde la Embajada de Estados Unidos en Colombia en febrero de 2007, en un recuento sobre este dilema para la seguridad. El documento precisó que la mayoría de los líderes de las nuevas agrupaciones criminales era exparamilitares de nivel medio, pero muy bien armados y con el apoyo de exintegrantes de los bloques del paramilitarismo. Según el reporte, eran grupos sin mayor ideología e incluso haciendo tratos con las Farc en departamentos como el Vichada o el Meta.

El informe a Washington recoge los puntos de vista de algunos oficiales de la fuerza pública y los comentarios particulares del observador de la OEA para el proceso de paz con las autodefensas Sergio Caramagna. En tal sentido, citando al general Jesús Gómez Méndez, se especifica que la mejor manera de combatir a las nuevas estructuras criminales es enfrentando los tres desafíos que ellos encarnan: la topografía en que se mueven, la forma como han infiltrado a las instituciones y las altas sumas de dinero que manejan por el narcotráfico.

Pero un oficial de inteligencia de la Brigada XVII del Ejército fue más allá y reconoció que al menos 250 miembros de los grupos criminales en Urabá tenían experiencia militar previa. Por eso el oficial le confirmó a la Embajada de Estados Unidos que antiguos miembros del Bloque Elmer Cárdenas de Fredy Rendón Henao, alias El Alemán, con la aprobación del Gobierno habían sido incorporados a la red de cooperantes. Y añadió que estaban dando muy buena información sobre una banda en Urabá asociada a Vicente Castaño.

En otro aparte del mismo cable es el vocero de la OEA quien admite que los jefes paramilitares Carlos Mario Jiménez, alias Macaco; Fredy Rendón, alias El Alemán; y Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, le confirmaron que había un acuerdo con el Gobierno para que sus redes de informantes se incorporaran a las redes de cooperantes del Ejército. El director del DAS de entonces, Andrés Peñate, lo negó con insistencia, pero en el cable diplomático quedó la evidencia de que algo extraordinario había que hacer para confrontar las estructuras mafiosas que estaban naciendo.

Ya en un cable diplomático de mayo de 2006, el Gobierno y la Misión de la OEA lo tenían claro. Aproximadamente el 4 por ciento de los desmovilizados del paramilitarismo pronto estuvo de regreso a las actividades criminales. En ese momento, la Dirección de Inteligencia de la Policía ya hablaba de 10 estructuras, cada una con 50 miembros en promedio, con una peligrosa mezcla de desmovilizados, narcotraficantes o delincuentes comunes. No se creía que fuese el renacer del paramilitarismo pero sí el fortalecimiento del narcotráfico.

Para tender este desafío, la Embajada referenció la creación de un grupo llamado de “Inteligencia para la Paz”, integrado por delegados del Ministerio de Defensa, el DAS, la Armada, la Policía y la Oficina del Alto Comisionado de Paz. Ese grupo, según el cable detectó de entrada 120 puntos geográficos de altísimo riesgo, todos localizados en zonas de conflicto armado y en regiones donde hubo desmovilización del paramilitarismo en el proceso de paz. La irrupción de las bandas criminales ya hacía difícil calcular el número de desmovilizados.

Sin embargo, a falta de afrontar el dilema de las bandas criminales, ya para entonces pesaba en el ambiente la influencia del paramilitarismo en la política. El comentario de Vicente Castaño, en el sentido de que ya tenían en el Congreso un 35 por ciento de sus integrantes, puso a las autoridades a dar explicaciones en la Embajada de Estados Unidos. La prueba es que en noviembre de 2006, ya el director del DAS Andrés Peñate reconocía que 13 de los nuevos miembros del Congreso elegidos en marzo, eran claramente fichas de los grupos de autodefensa.

El cable dejó ver las diferencias de criterios que habían sobre quiénes podían ser esos políticos cercanos a las autodefensas. Algunas fuentes mencionaban a Eleonora Pineda, Rocío Arias y Carlos Moreno de Caro. Otros que Zulema Jattin, Jairo Merlano y Mauricio Pimiento. El DAS sólo se comprometía con Dieb Maloof y Jorge Luis Caballero. De lo que nadie dudaba era de la tremenda influencia del paramilitarismo en la Costa Atlántica, y de la irrupción de un personaje a quien se calificó como la “baronesa de las loterías”, más coloquialmente llamada, La Gata.