Freno a la minería en el Amazonas

Desde este momento, y por lo menos durante dos años, la Amazonia colombiana estará a salvo de la llegada de la locomotora minera, gracias a que el pasado viernes, antes de dejar su cargo para dedicarse a asuntos de paz, el exministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Frank Pearl, expidió una resolución con la que le puso freno a esa actividad en la zona. La decisión implica que se suspenderá de manera temporal la recepción de solicitudes de sustracción en la reserva forestal de la Amazonia, mecanismo que permitía a las autoridades excluir algunas zonas de la reserva para su explotación.

La noticia, que aplaudieron los ambientalistas, le hace contrapeso a otra resolución: la 0045 de julio de 2012, anunciada por el propio presidente, Juan Manuel Santos, en la cumbre Río+20. En concreto, esta disposición convierte alrededor de 17 millones de hectáreas en la Amazonia, la Orinoquia y el Chocó en “áreas estratégicas mineras”.

¿Que significa esta declaratoria? Aunque desde el mismo día de su anuncio son más las dudas que las certezas en torno a los alcances reales de la resolución, el Gobierno ha insistido en que se trata de una estrategia para “lograr el crecimiento y el desarrollo sostenible del sector minero colombiano, bajo un concepto de responsabilidad técnica, ambiental y social”. En pocas palabras, se trata de cerrar las puertas de estos territorios, ricos en minerales, a la minería ilegal y seleccionar las empresas más calificadas para que hagan la explotación.

El tema tiene tanto de largo como de ancho. Mientras que el Gobierno defiende la resolución como la mejor alternativa para evitar la explotación ilegal, que no tiene control alguno, para expertos en medio ambiente los territorios como la Amazonia deben estar al margen de cualquier actividad minera, debido a su gran biodiversidad.

Lo cierto es que, por ahora, aunque 83% de las áreas de minería estratégica (14’230.558 hectáreas) seguirán vigentes en este territorio, estarían bloqueadas debido a que se encuentran en la zona de reserva forestal que el Ministerio de Ambiente acaba de blindar. Hasta la fecha existen dos solicitudes de sustracción de reserva, 51 títulos mineros vigentes y casi 1.200 solicitudes de concesión sobre casi cinco millones de hectáreas de la Amazonia, rica en minerales como oro o coltán. Ante este panorama, y ante la incertidumbre del verdadero impacto ambiental que las exploraciones representarían, el exministro Pearl se amparó en el “principio de precaución”, que le otorga facultades para abstenerse de permitir actividades como la minería cuando no hay claridad sobre los posibles daños.

Frente a esta duda la Corte Constitucional ha señalado que la decisión siempre debe inclinarse “a la protección del medio ambiente, pues si se adelanta la actividad minera y luego se demuestra que ocasionaba un grave daño ambiental, sería imposible revertir sus consecuencias”. En este caso la resolución dice puntualmente: “La actividad minera en la Amazonia representa un peligro de daño irreversible y, por tanto, al existir un principio de certeza sobre dicho peligro, el Ministerio de Ambiente considera necesario adoptar medidas encaminadas a impedir la degradación ambiental”.

Sin embargo, la resolución no es definitiva, ya que el mismo documento aclara que se levantará “una vez se lleve a cabo la zonificación y ordenamiento ambiental de la reserva”, en los que se establecerá qué sectores seguirán protegidos y cuáles se podrán sustraer con el fin de que se puedan aprovechar económicamente. Según el propio Ministerio de Ambiente, este proceso podría tardar mínimo dos años, aunque, según la ley, cuenta con cinco años para hacer esta labor.

De igual forma, vale aclarar que la Amazonia no estará del todo libre de minería, ya que la resolución del Minambiente no es retroactiva y, como queda claro en el documento, las solicitudes que se presentaron antes del pasado 31 de agosto continuarán su trámite hasta que se tome una decisión definitiva. Esto sumado a que la minería ilegal artesanal sigue proliferando en la zona.

La resolución se basó en las leyes y convenios que ha firmado Colombia para proteger las reservas naturales y especialmente la Amazonia. Esta reserva forestal que pone en jaque a la locomotora minera es la más extensa del país, con una superficie de 38 millones de hectáreas, con jurisdicción en nueve departamentos y 88 municipios, y donde se alberga una de las más importantes muestras de la biodiversidad del país, al contar con casi 700 especies de aves, 158 de anfibios, 195 de reptiles, 212 de mamíferos y 753 de peces.

Con su decisión, el exministro Pearl no sólo deja abierta una gran polémica por la notoria falta de conexión entre las carteras de Ambiente y de Minas, sino que también abre la posibilidad de revisar la delimitación de las áreas de minería estratégica en el país.

Lo que opinan los expertos

- Julio Carrizosa, Experto en medio ambiente

“Aunque la medida es positiva, debe estar acompañada por el fortalecimiento de las autoridades ambientales, para que puedan hacer mayor control en la zona, ya que la mayoría de intentos de minería allí han sido ilegales y por eso hay que establecer un método para impedirlos”.

- Gustavo Wilches, Especialista en derecho ambiental

“Celebro la decisión y ojalá llegue a otros lugares. No se trata de negar la minería, pero hay sitios como el Amazonas donde la prioridad son los servicios ambientales. En momentos en los que se busca un acuerdo para la paz, es necesario tener en cuenta que para alcanzarla entre los seres humanos es necesario alcanzarla con la naturaleza”.

- Julio Fierro, Geólogo, experto en minería

“Mi primera preocupación con esta resolución es que demuestra que hay una desarticulación entre el Ministerio de Minas y el Ministerio de Ambiente, y esto no es bueno para el país. Por otro lado, me extraña que se busque el respeto de los valores ambientales en la Amazonia, pero no se hagan las mismas reflexiones en la Zona Andina, donde hay cuencas abastecedoras de agua y gran biodiversidad”.

Desde este momento, y por lo menos durante dos años, la Amazonia colombiana estará a salvo de la llegada de la locomotora minera, gracias a que el pasado viernes, antes de dejar su cargo para dedicarse a asuntos de paz, el exministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Frank Pearl, expidió una resolución con la que le puso freno a esa actividad en la zona. La decisión implica que se suspenderá de manera temporal la recepción de solicitudes de sustracción en la reserva forestal de la Amazonia, mecanismo que permitía a las autoridades excluir algunas zonas de la reserva para su explotación.

La noticia, que aplaudieron los ambientalistas, le hace contrapeso a otra resolución: la 0045 de julio de 2012, anunciada por el propio presidente, Juan Manuel Santos, en la cumbre Río+20. En concreto, esta disposición convierte alrededor de 17 millones de hectáreas en la Amazonia, la Orinoquia y el Chocó en “áreas estratégicas mineras”.

¿Que significa esta declaratoria? Aunque desde el mismo día de su anuncio son más las dudas que las certezas en torno a los alcances reales de la resolución, el Gobierno ha insistido en que se trata de una estrategia para “lograr el crecimiento y el desarrollo sostenible del sector minero colombiano, bajo un concepto de responsabilidad técnica, ambiental y social”. En pocas palabras, se trata de cerrar las puertas de estos territorios, ricos en minerales, a la minería ilegal y seleccionar las empresas más calificadas para que hagan la explotación.

El tema tiene tanto de largo como de ancho. Mientras que el Gobierno defiende la resolución como la mejor alternativa para evitar la explotación ilegal, que no tiene control alguno, para expertos en medio ambiente los territorios como la Amazonia deben estar al margen de cualquier actividad minera, debido a su gran biodiversidad.

Lo cierto es que, por ahora, aunque 83% de las áreas de minería estratégica (14’230.558 hectáreas) seguirán vigentes en este territorio, estarían bloqueadas debido a que se encuentran en la zona de reserva forestal que el Ministerio de Ambiente acaba de blindar. Hasta la fecha existen dos solicitudes de sustracción de reserva, 51 títulos mineros vigentes y casi 1.200 solicitudes de concesión sobre casi cinco millones de hectáreas de la Amazonia, rica en minerales como oro o coltán. Ante este panorama, y ante la incertidumbre del verdadero impacto ambiental que las exploraciones representarían, el exministro Pearl se amparó en el “principio de precaución”, que le otorga facultades para abstenerse de permitir actividades como la minería cuando no hay claridad sobre los posibles daños.

Frente a esta duda la Corte Constitucional ha señalado que la decisión siempre debe inclinarse “a la protección del medio ambiente, pues si se adelanta la actividad minera y luego se demuestra que ocasionaba un grave daño ambiental, sería imposible revertir sus consecuencias”. En este caso la resolución dice puntualmente: “La actividad minera en la Amazonia representa un peligro de daño irreversible y, por tanto, al existir un principio de certeza sobre dicho peligro, el Ministerio de Ambiente considera necesario adoptar medidas encaminadas a impedir la degradación ambiental”.

Sin embargo, la resolución no es definitiva, ya que el mismo documento aclara que se levantará “una vez se lleve a cabo la zonificación y ordenamiento ambiental de la reserva”, en los que se establecerá qué sectores seguirán protegidos y cuáles se podrán sustraer con el fin de que se puedan aprovechar económicamente. Según el propio Ministerio de Ambiente, este proceso podría tardar mínimo dos años, aunque, según la ley, cuenta con cinco años para hacer esta labor.

De igual forma, vale aclarar que la Amazonia no estará del todo libre de minería, ya que la resolución del Minambiente no es retroactiva y, como queda claro en el documento, las solicitudes que se presentaron antes del pasado 31 de agosto continuarán su trámite hasta que se tome una decisión definitiva. Esto sumado a que la minería ilegal artesanal sigue proliferando en la zona.

La resolución se basó en las leyes y convenios que ha firmado Colombia para proteger las reservas naturales y especialmente la Amazonia. Esta reserva forestal que pone en jaque a la locomotora minera es la más extensa del país, con una superficie de 38 millones de hectáreas, con jurisdicción en nueve departamentos y 88 municipios, y donde se alberga una de las más importantes muestras de la biodiversidad del país, al contar con casi 700 especies de aves, 158 de anfibios, 195 de reptiles, 212 de mamíferos y 753 de peces.

Con su decisión, el exministro Pearl no sólo deja abierta una gran polémica por la notoria falta de conexión entre las carteras de Ambiente y de Minas, sino que también abre la posibilidad de revisar la delimitación de las áreas de minería estratégica en el país.

Lo que opinan los expertos

- Julio Carrizosa, Experto en medio ambiente

“Aunque la medida es positiva, debe estar acompañada por el fortalecimiento de las autoridades ambientales, para que puedan hacer mayor control en la zona, ya que la mayoría de intentos de minería allí han sido ilegales y por eso hay que establecer un método para impedirlos”.

- Gustavo Wilches, Especialista en derecho ambiental

“Celebro la decisión y ojalá llegue a otros lugares. No se trata de negar la minería, pero hay sitios como el Amazonas donde la prioridad son los servicios ambientales. En momentos en los que se busca un acuerdo para la paz, es necesario tener en cuenta que para alcanzarla entre los seres humanos es necesario alcanzarla con la naturaleza”.

- Julio Fierro, Geólogo, experto en minería

“Mi primera preocupación con esta resolución es que demuestra que hay una desarticulación entre el Ministerio de Minas y el Ministerio de Ambiente, y esto no es bueno para el país. Por otro lado, me extraña que se busque el respeto de los valores ambientales en la Amazonia, pero no se hagan las mismas reflexiones en la Zona Andina, donde hay cuencas abastecedoras de agua y gran biodiversidad”.