La tarde avanzaba sin contratiempos y en el Ministerio de Defensa se desarrollaba una reunión de altos mandos de las Fuerzas Militares y el ministro Gabriel Silva para evaluar la difícil situación de violencia en Medellín. De repente ingresó al recinto un suboficial con un documento que acabó el encuentro. Era el informe donde se daba cuenta de la decisión de un juez ecuatoriano de vincular al general Freddy Padilla a la investigación por el bombardeo al campamento de las Farc en el que fue abatido el jefe guerrillero Raúl Reyes.
De inmediato, el ministro Silva y sus acompañantes dimensionaron la gravedad de lo sucedido y, sin pensarlo mucho, decidieron reportar la novedad al presidente Álvaro Uribe. Sin embargo, a esa hora, el Jefe del Estado le daba los últimos detalles a su reunión con los dignatarios de la Corte Suprema de Justicia para resolver la interinidad de la Fiscalía General de la Nación. Cuando Uribe supo de la urgencia del Ministro de hablar con él, argumentó que sólo podía interrumpir su cita con los magistrados si se trataba de un caso de seguridad nacional.
“Es un asunto de seguridad nacional”, resaltó el ministro Silva y el Presidente se enteró de lo sucedido. El juez tercero de lo penal de Sucumbíos (Ecuador) decidió ordenar la detención del general Freddy Padilla, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, en una investigación en la que ya está solicitado en extradición el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos. El presidente Uribe agilizó su reunión con los magistrados y, tras advertírselo al ministro Silva, salió a darle la cara al tema.
Entonces habló con los periodistas, resaltando que le producía dolor y rechazo la decisión del juez ecuatoriano, instando a los ciudadanos a rodear al general Padilla, tras destacar su tarea contra el terrorismo. Sólo en ese momento el país se enteró lo que estaba sucediendo en el Alto Gobierno. No obstante, el caso era más grave que el simple anuncio de investigación contra el general Padilla. Los altos mandos supieron que el juez ecuatoriano quiere ir más allá. Por eso la reacción inmediata del Gobierno.
El Espectador se enteró de que el juez ecuatoriano no sólo busca que el general Padilla sea investigado por la operación en que fue dado de baja Raúl Reyes en marzo de 2008, sino que evalúa la posibilidad de incluir también al comandante de la Policía, general Óscar Naranjo Trujillo; al comandante de la Fuerza Aérea, general Jorge Ballesteros; al general (r) del Ejército, Mario Montoya, hoy embajador en la República Dominicana; y al jefe de la Fuerza de Tarea Omega, general Alejandro Navas Ramos.
La primera decisión del Gobierno, tras las declaraciones del presidente Uribe, fue suspender la reunión de la Comisión Binacional de Fronteras Ecuador-Colombia, que debía cumplirse este viernes en la ciudad de Ibarra como parte del proceso de reactivación de las relaciones entre las dos naciones. El jueves el ministro Gabriel Silva Luján explicó la decisión en términos gráficos: “No es posible uno enviar a sus oficiales a una reunión donde pende una espada de Damocles sobre la cabeza de ellos”.
Y agregó a renglón seguido: “Uno oye las declaraciones públicas del Fiscal, oye al juez, y se da cuenta de que hay una actuación totalmente mediada por la política, por el populismo, y que no tiene ninguna base jurídica”. Al mismo tiempo, el Comando de las Fuerzas Militares expidió una declaración para señalar que “no reconoce la jurisdicción extraterritorial de la justicia ecuatoriana para investigar y juzgar a funcionarios y ex funcionarios colombianos, tal como quedó plasmado en un documento firmado en Nueva York en septiembre”.
Aunque la postura colombiana de rechazo fue enérgica y contundente, del lado ecuatoriano, los comentarios fueron elusivos. El canciller Fander Falconí, desde la Base Aérea Mariscal Sucre de Quito, previo a un viaje a la cumbre presidencial del Alba en Bolivia, manifestó que el gobierno del presidente Rafael Correa tiene la voluntad de construir un diálogo sostenido con Colombia, pero agregó que en Ecuador “existe plena independencia entre las funciones del Estado”. En otras palabras, ni desautorizó al juez ni salió a apoyarlo.
“Me gustaría reafirmar un principio constitucional: la Fiscalía es un órgano autónomo de la función judicial, tal como nos lo marca el artículo 233 de nuestra Constitución”, resaltó el canciller Falconí. A su vez, el ministro de Seguridad Miguel Carvajal, al ser consultado sobre la suspensión de la reunión, añadió: “Si tiene que venir a una reunión el jefe de las Fuerzas Militares y está con orden de detención preventiva, ¿cómo va a venir?”. Un comentario para reconocer que la reunión de Ibarra quedó cancelada y de paso aplazada la opción de restablecer las relaciones.
En Ibarra estaba prevista una larga agenda sobre migración, crimen organizado, impacto del crimen transnacional, cooperación judicial, entre otros aspectos. Además, era clave para avanzar en el camino que emprendieron los cancilleres Fander Falconí y Jaime Bermúdez desde el pasado 9 de octubre. Por ahora, como desde hace 19 meses, todo sigue en veremos. Las relaciones entre Ecuador y Colombia sin solución a la vista, y los ecos del bombardeo al campamento de Raúl Reyes sin cesar en el poder judicial ecuatoriano.
Continúa desmonte de salvaguardia cambiaria
El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, anunció ayer que el Gobierno ecuatoriano desmontó las salvaguardias a 319 productos colombianos que hacen parte del grupo de 1.319 productos a los que le había impuesto aranceles de entre el 20% y el 54% el pasado 11 de julio. Este paquete se une a los 680 ya artículos que ya habían sido liberados del gravamen el pasado 21 de agosto, después del compromiso del gobierno de Rafael Correa de restablecerles el arancel cero gradualmente en seis meses.
Las conservas, los cigarrillos, los productos de cuero, el papel, las confecciones, el calzado, los camperos y las motos, entre otros, se beneficiarían de la medida.
Con estos desmontes, sólo quedan 347 subpartidas por regresar a lo pactado bajo el programa de liberalización andino.