Gobierno pedirá plazo para reformar el Código de Minas

Si todo sale como el Ministerio del Interior lo tiene planeado, en los próximos días la Corte Constitucional estará analizando la propuesta de prórroga de la vigencia del actual Código Minero. El objetivo inicial era entregar una nueva versión de esta ley el 11 de mayo, pero ya el mismo Gobierno ha reconocido que no se efectuará pues no se ha cumplido con el trámite obligatorio de consulta previa a las minorías étnicas que se verían afectadas por ésta. Este miércoles el ministro Fernando Carrillo anunció que le pedirá al Alto Tribunal que le dé un plazo de cinco meses para que el Gobierno alcance a consultar a estos grupos.

Precisamente, por no haber tenido en cuenta a las comunidades en el proceso, en mayo de 2011 la Corte Constitucional tumbó la Ley 1382 de 2010 que reformaba el antiguo Código de Minas. En ese momento la alta corporación le dio al Gobierno un plazo de dos años para que preparara un nuevo proyecto, teniendo en cuenta a las comunidades. Sin embargo, quedan menos de tres meses para que se venza el plazo y aún no se ha hecho el trámite.

De no lograr el plazo, el 11 de mayo el Código de Minas quedará sin efectos y el país no tendrá otra alternativa que volver a la antigua política minera, como lo reconoció el ministro de Minas, Federico Renjifo, a finales de enero. El retroceso implica varios cambios que tendrían implicaciones, sobre todo, en los ecosistemas de páramos: mientras que la reforma al código prohíbe la minería en zonas de páramo y humedales, la anterior política los tenía desprotegidos lo que ha permitido que hoy existan títulos sobre el 45% de los humedales y 394 proyectos de minería en páramos.

Si la Corte Constitucional acepta la prórroga, el Ministerio tendría que lograr el proceso de consulta antes de octubre. Un lapso bastante apretado, si se tiene en cuenta, por ejemplo, que en el proceso de reforma de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) la consulta lleva más de un año y aún no está lista. Sin embargo, el Ministerio del Interior señala que llegó a un acuerdo con las comunidades para iniciar esta actividad.

Así las cosas, la última palabra del rumbo que tomará la legislación minera en el país la tiene ahora la Corte Constitucional.
 

Si todo sale como el Ministerio del Interior lo tiene planeado, en los próximos días la Corte Constitucional estará analizando la propuesta de prórroga de la vigencia del actual Código Minero. El objetivo inicial era entregar una nueva versión de esta ley el 11 de mayo, pero ya el mismo Gobierno ha reconocido que no se efectuará pues no se ha cumplido con el trámite obligatorio de consulta previa a las minorías étnicas que se verían afectadas por ésta. Este miércoles el ministro Fernando Carrillo anunció que le pedirá al Alto Tribunal que le dé un plazo de cinco meses para que el Gobierno alcance a consultar a estos grupos.

Precisamente, por no haber tenido en cuenta a las comunidades en el proceso, en mayo de 2011 la Corte Constitucional tumbó la Ley 1382 de 2010 que reformaba el antiguo Código de Minas. En ese momento la alta corporación le dio al Gobierno un plazo de dos años para que preparara un nuevo proyecto, teniendo en cuenta a las comunidades. Sin embargo, quedan menos de tres meses para que se venza el plazo y aún no se ha hecho el trámite.

De no lograr el plazo, el 11 de mayo el Código de Minas quedará sin efectos y el país no tendrá otra alternativa que volver a la antigua política minera, como lo reconoció el ministro de Minas, Federico Renjifo, a finales de enero. El retroceso implica varios cambios que tendrían implicaciones, sobre todo, en los ecosistemas de páramos: mientras que la reforma al código prohíbe la minería en zonas de páramo y humedales, la anterior política los tenía desprotegidos lo que ha permitido que hoy existan títulos sobre el 45% de los humedales y 394 proyectos de minería en páramos.

Si la Corte Constitucional acepta la prórroga, el Ministerio tendría que lograr el proceso de consulta antes de octubre. Un lapso bastante apretado, si se tiene en cuenta, por ejemplo, que en el proceso de reforma de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) la consulta lleva más de un año y aún no está lista. Sin embargo, el Ministerio del Interior señala que llegó a un acuerdo con las comunidades para iniciar esta actividad.

Así las cosas, la última palabra del rumbo que tomará la legislación minera en el país la tiene ahora la Corte Constitucional.