'Había que limpiar la casa'

Después de dos años de que el Convenio Andrés Bello (CAB) suspendiera sus proyectos de promoción de la educación, la ciencia y la cultura, por malos manejos administrativos, este miércoles volverá a la acción con el encuentro en Bogotá de delegados de los 12 países miembros del tratado.

Los secretarios nacionales (representantes de los ministerios de Educación y Cultura) se reunirán para trazar una nueva ruta que reviva los proyectos del tratado. Durante 40 años fue reconocido por impulsar políticas públicas a favor de la educación en los distintos países, pero se vio golpeado por irregularidades en la administración de recursos por parte de la secretaría ejecutiva, con sede en Colombia.

En 2009 los rumores sobre las irregularidades en los procesos administrativos y presupuestales dentro del Convenio Andrés Bello se volvieron hechos. Los malos manejos de sus recursos sumaron deudas por más de US$20 millones y llevaron a la suspensión de los proyectos de promoción de educación, ciencia y cultura que el tratado internacional adelantaba en los 12 países miembros (Chile, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, Cuba, Panamá, España, Paraguay, México, República Dominicana y Colombia).

Los ministros de Educación, jefes del tratado en cada país, ordenaron la reestructuración financiera. En enero de este año la secretaria adjunta del CAB, María Mercedes Perry, dijo que con el saneamiento de la institución se lograron disminuir los gastos del Convenio y se aumentó el patrimonio de US$1,6 millones en 2009 a US$6,3 millones en 2011.

Para la nueva secretaria ejecutiva del CAB, Mónica López, quien fue directora de Calidad de Preescolar, Básica y Media del Ministerio de Educación de Colombia, tras la reestructuración del Convenio, “que era necesario para limpiar la casa”, se pasó de tener una planta de personal de más de 130 de empleados a una de menos de 20 y se establecieron límites concretos que impedirán cometer “imprudencias jurídicas como las que se cometieron”.

Ahora, el Convenio buscará restablecer la confianza de las instituciones y los ciudadanos, para que se vinculen a los proyectos de cooperación entre los países. En esta nueva etapa el CAB buscará impulsar iniciativas donde las competencias ciudadanas sean el eje.

Hasta el próximo viernes los delegados discutirán la agenda con la que el Convenio reanudará actividades en los 12 países, así como las estrategias para garantizar su financiación. Cuarenta años después de firmado el tratado, también deberá debatirse si aparte de una reestructuración financiera las reglas de juego acordadas en 1970 continúan vigentes.

Después de dos años de que el Convenio Andrés Bello (CAB) suspendiera sus proyectos de promoción de la educación, la ciencia y la cultura, por malos manejos administrativos, este miércoles volverá a la acción con el encuentro en Bogotá de delegados de los 12 países miembros del tratado.

Los secretarios nacionales (representantes de los ministerios de Educación y Cultura) se reunirán para trazar una nueva ruta que reviva los proyectos del tratado. Durante 40 años fue reconocido por impulsar políticas públicas a favor de la educación en los distintos países, pero se vio golpeado por irregularidades en la administración de recursos por parte de la secretaría ejecutiva, con sede en Colombia.

En 2009 los rumores sobre las irregularidades en los procesos administrativos y presupuestales dentro del Convenio Andrés Bello se volvieron hechos. Los malos manejos de sus recursos sumaron deudas por más de US$20 millones y llevaron a la suspensión de los proyectos de promoción de educación, ciencia y cultura que el tratado internacional adelantaba en los 12 países miembros (Chile, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, Cuba, Panamá, España, Paraguay, México, República Dominicana y Colombia).

Los ministros de Educación, jefes del tratado en cada país, ordenaron la reestructuración financiera. En enero de este año la secretaria adjunta del CAB, María Mercedes Perry, dijo que con el saneamiento de la institución se lograron disminuir los gastos del Convenio y se aumentó el patrimonio de US$1,6 millones en 2009 a US$6,3 millones en 2011.

Para la nueva secretaria ejecutiva del CAB, Mónica López, quien fue directora de Calidad de Preescolar, Básica y Media del Ministerio de Educación de Colombia, tras la reestructuración del Convenio, “que era necesario para limpiar la casa”, se pasó de tener una planta de personal de más de 130 de empleados a una de menos de 20 y se establecieron límites concretos que impedirán cometer “imprudencias jurídicas como las que se cometieron”.

Ahora, el Convenio buscará restablecer la confianza de las instituciones y los ciudadanos, para que se vinculen a los proyectos de cooperación entre los países. En esta nueva etapa el CAB buscará impulsar iniciativas donde las competencias ciudadanas sean el eje.

Hasta el próximo viernes los delegados discutirán la agenda con la que el Convenio reanudará actividades en los 12 países, así como las estrategias para garantizar su financiación. Cuarenta años después de firmado el tratado, también deberá debatirse si aparte de una reestructuración financiera las reglas de juego acordadas en 1970 continúan vigentes.