Desde su creación en 2003, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) se ha convertido en una papa caliente por su importancia en el tema agrario. Hoy, en virtud de la Ley de Tierras, lo es más. Pero definitivamente este cargo parece haberse convertido en un encarte. La última evidencia es la súbita renuncia de su gerente, Juan Manuel Ospina Restrepo, quien terminó en hondas diferencias de criterio con su amigo y copartidario de vieja data, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar.
Sin embargo, la dimisión de Ospina se da en un momento crucial para el desarrollo de las políticas del presidente Juan Manuel Santos, precisamente por la urgencia de implementar la Ley de Tierras. Por eso, desde que se produjo la renuncia, han circulado toda clase de versiones y rumores acerca de las verdaderas razones del retiro. Comentarios que van desde falencias en la administración del Incoder, manejo de cuotas burocráticas, intervención de funcionarios en decisiones de titulación o incluso discrepancias abiertas entre gerente y ministro.
Un alto funcionario del Incoder manifestó que las tensiones se estaban presentando desde finales del año pasado, cuando trascendieron comentarios de una persona que dejó el Instituto manifestando que éste se estaba llenando de asesores y contratistas tomándose atribuciones y afectando el clima laboral. Esos reclamos comenzaron a afectar delicados procesos agrarios, con el consecuente deterioro en la eficiencia de la entidad. Incluso, estas expresiones llegaron hasta la Procuraduría.
Posteriormente, se presentaron nuevas divergencias internas, según fuentes consultadas por El Espectador, debido a que la falta de experiencia y continuidad de algunos funcionarios empezó a repercutir en la gerencia del Incoder. Muchos temas fueron suscitando más problemas, como el manejo de los distritos de riego o el desarrollo del proceso de restitución de tierras. Al margen de lo puramente administrativo, el ambiente se estaba dificultando en las relaciones personales entre altos funcionarios.
Lo cierto es que la ruptura definitiva se produjo al comenzar la semana. Juan Manuel Ospina decidió hacerse a un lado para dedicarse a la capacitación de jueces de tierras, pero ante la proliferación de comentarios sobre sus diferencias con el ministro Restrepo, manifestó que evidentemente éstas existieron, pero que en el fondo lo que imperó fue entender que cuando los problemas se van agrandando hay un momento para decir no más. Ese instante, aclaró Ospina, se dio a finales del año pasado.
Consultado por El Espectador sobre los comentarios alrededor de su renuncia, Juan Manuel Ospina observó que el Incoder es hoy una entidad muy compleja que vive una particular transición y que, efectivamente, puso personas de su confianza para poder meterle fuerza a la institución y a las políticas del Gobierno. “Es que en estos cargos el tiempo es escaso y se requiere trabajar con gente de confianza. De repente hay otra gente que quisiera que uno la atendiera, pero lo que se necesita es administración y entregar resultados”.
Respecto a los dilemas por la restitución de tierras, Ospina aseguró que deja al día todas las controversias por este asunto. Y aclaró: “En el tema de la restitución, nosotros tenemos una facultad inicial: el restablecimiento de derechos, sobre todo porque lo que está en juego generalmente es la titulación de baldíos. Si hoy me preguntan cuánto falta por hacer en este tema, nadie tiene la respuesta, pero me queda la convicción de que todos los casos se atendieron oportunamente”.
El saliente gerente del Incoder concluyó, en pocas frases, cuál fue su razón para dejar uno de los cargos más importantes en la actual política del gobierno Santos: “Me voy porque se estaba generando una situación de diferencia con el ministro Restrepo en cuanto a saber hasta dónde estaba dispuesto a darnos apoyo para sacar adelante el desarrollo rural. Hemos llegado a acuerdos con Planeación Nacional y Presidencia, pero hay escepticismo del ministro. Por eso llegó la hora de mi renuncia”.
Al margen de la renuncia de Juan Manuel Ospina, es claro que la gerencia del Incoder desde 2003 se ha convertido en un ‘chicharrón’. Su primer gerente, el zootecnista Arturo Enrique Vega Varón, terminó emproblemado ante la Procuraduría por anomalías en la entrega de tierras. Incluso en su momento trascendió que se estaban inscribiendo familias sin procesos de selección, como lo documentó un informe de la Corporación Arco Iris.
Luego, ocupó la gerencia del Instituto, en agosto de 2005, el economista Luis Ortiz López, quien también dejó el organismo un año después con problemas internos. Específicamente fueron acusados varios funcionarios de su administración por haber entregado tierras para desplazados a personas que registraban antecedentes penales. Fue tal la situación, que en el momento de su salida con él se fueron los gerentes de Magdalena, Atlántico, Córdoba, Bolívar, Tolima, Boyacá, Meta, Casanare y Arauca.
En ese momento, la Procuraduría General, al realizar un análisis sobre la ejecución del Incoder en su primera etapa de gestión, calificó la entidad como inoperante para el cumplimiento de sus programas misionales e hizo ver que en un país con un exagerado grado de concentración de la tierra, uno de los más altos en América Latina, se requería que el Instituto cumpliera una labor determinante que no se desarrolló de manera consecuente.
En 2006, la gerencia del Incoder quedó en manos del exalcalde de Valledupar Rodolfo Campo Soto. Otra vez se presentaron enormes dificultades para cumplir con su labor y apenas empezando su trabajo tuvo que despedir a uno de sus principales funcionarios en el occidente del país por estar titulando narcotierras que aún no estaban extinguidas. Con el paso de los días, Campo Soto se convirtió en uno de los hombres claves para sacar adelante el controvertido programa Agro Ingreso Seguro.
Posteriormente fue sancionado por la Procuraduría por intervenir en la celebración de convenios científicos y tecnológicos con la omisión de estudios previos, y luego fue afectado con medida de aseguramiento dentro del mismo escándalo. Hace pocos días se conoció una carta de numerosas personalidades del departamento del Cesar que salieron en defensa de Campo Soto, no sólo por sus ejecutorias al frente del Incoder, sino también por la forma como participó en el desarrollo de Agro Ingreso Seguro.
La renuncia de Juan Manuel Ospina ha creado ahora un vacío que se vio reflejado ayer por los comentarios de los especialistas del tema. Rafael Hernández, presidente del gremio de los arroceros, observó: “En el Incoder no se puede entrar a improvisar, hay que nombrar gente que sepa de lo rural”. A su vez, Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores, agregó que lo único que puede decir es que está sonando el exalcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón como alto consejero para el tema de tierras. Curiosamente, Ospina fue secretario de Gobierno de Garzón.