El último informe de riesgo de la Misión de Observación Electoral (MOE) deja en evidencia que los ilegales siguen al acecho y están tratando de cooptar el poder local en los comicios del domingo, pero a diferencia de otros procesos electorales, en esta ocasión están apelando a todo tipo de estrategias para mantenerse o llegar a los cargos de elección popular.
Trasteo de votos, manipulación de subsidios o ayudas del Gobierno a cambio de respaldo y actos de violencia contra actores del proceso electoral, son los mecanismos que están empleando los ilegales.
Aunque el Gobierno ya activó el Plan Democracia para enfrentar actos violentos que puedan afectar la jornada electoral del domingo, hay riesgos que van más allá de las arremetidas armadas y pueden incidir en el resultado de los comicios. Para la directora de la MOE, Alejandra Barrios, es una gran preocupación el hecho de que hay 98 municipios “donde hay trashumancia electoral, actos de violencia contra actores del proceso político y presuntos vínculos de políticos con grupos armados ilegales”.
Para estos municipios, la MOE pidió observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) porque “es evidente que hay intereses ilegales detrás del poder local”. Además, Barrios manifestó que “en cerca del 30% de los municipios del país se está generando algún tipo de alerta o de presión frente a las elecciones”.
Uno de los temas más preocupantes es, a juicio de Barrios, que la entrega de estos avales se dio con complicidad de los directivos de las colectividades que no asumieron el compromiso de ayudar en la depuración de la política. “A menos de una semana de elecciones yo podría decir que los partidos políticos están perdiendo el año”, afirmó.
Este planteamiento es compartido por el director de la Corporación Nuevo Arco Iris, León Valencia, quien sostiene que ellos presentaron un informe en el que hacían públicos los nombres de candidatos que podrían tener vínculos oscuros y “los partidos, en lugar de tomar medidas o corroborar la información, se dedicaron a atacar a Arco Iris. Sé que esto no es tan fácil, pero hay que tener pantalones para decir que no se da el aval porque se cree que no es un buen gobernante”.
Los dos analistas prendieron las alarmas por la situación que se podría presentar en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y Magdalena. En Antioquia, porque es el departamento con más actos de violencia contra actores del proceso electoral y mayor número de inscripciones de cédulas impugnadas por el Consejo Nacional Electoral.
En el Valle del Cauca el principal temor es lo que León Valencia ha denominado “la parapolítica en cuerpo ajeno”, pues sostiene que hay líderes que se encuentran tras la rejas y están tratando de imponer sus candidatos. En especial, se refirió al caso del exsenador Juan Carlos Martínez, quien con sus candidatos está muy cerca de ganar la Gobernación y más de 30 alcaldías.
Frente a las denuncias presentadas por la MOE, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, manifestó que se está tratando de mitigar los factores de riesgo, para que las elecciones puedan llevarse a cabo con tranquilidad y los ciudadanos escojan a los mejores candidatos. “Como nunca ocurrió antes, el Gobierno ha elaborado un cronograma de actividades y una estrategia definida para contrarrestar la acción de los violentos y los delitos electorales en la jornada en la cual los colombianos elegirán a gobernadores, alcaldes, diputados y concejales”.
Además, Vargas Lleras anunció que durante toda la semana recorrerá el país, acompañado del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, verificando que el Plan Democracia se esté empleando de forma adecuada y se garantice la tranquilidad en la jornada electoral del domingo.
Las denuncias de los ciudadanos
Entre el 8 de febrero y el 24 de octubre la Misión de Observación Electoral (MOE) recogió 2.601 denuncias de ciudadanos de todo el país, de las cuales 2.314 fueron clasificadas como posibles irregularidades. De la información recogida se desprende que las principales denuncias son por presuntas irregularidades en las campañas, seguidas por participación indebida en política , vínculos con grupos al margen de la ley y utilización de subsidios y ayudas humanitarias. Las denuncias fueron enviadas desde los 32 departamentos del país, pero en su mayoría provinieron de: Antioquia (17%), Cundinamarca (8%) y Valle del Cauca (8%).
Irregularidades en campañas
El presunto delito electoral más denunciado por los ciudadanos fueron las irregularidades en campañas, de las cuales se recibieron 1.082 reportes. El 27% se trata de posibles casos de trashumancia (287), seguido de presuntos candidatos inhabilitados o investigados (24%, 261) y posible compra de votos (22%, 237). Según el informe de la MOE, los departamentos más afectados por esta conducta son Antioquia, con 193 denuncias; Cundinamarca, con 105, y Valle del Cauca, con 80.
Intervención en política
De las más de dos mil denuncias por irregularidades electorales, 560 reportes corresponden a intervenciones indebidas en política. De ellos, el 45% se deben a uso del empleo público a favor de algún candidato (252 casos), seguidos por un 19% compuesto por denuncias contra autoridades electorales que favorecen alguna campaña (108 casos) y 19% para el uso de bienes de la administración en favor de alguna candidatura (104 casos). Según las denuncias, los departamentos más afectados han sido Antioquia con 121 reportes, Valle del Cauca con 45 y Cundinamarca con 43.
Aspirantes al margen de la ley
La MOE (Misión de Observación Electoral) recibió 246 denuncias de posibles vínculos entre candidatos y agrupaciones ilegales (guerrillas, bacrim y narcotraficantes). Las denuncias fueron enviadas desde 24 departamentos, en los que figuran principalmente: Magdalena, con 38 reportes; Valle del Cauca, con 32, y Antioquia, con 27.
Subsidios en favor de candidatos
La MOE recibió 105 reportes por supuesta utilización indebida de bienes y dineros de programas sociales y ayudas humanitarias en favor de candidatos. Las denuncias fueron reportadas desde 23 departamentos, donde los que presentan mayor riesgo son: Antioquia y Cundinamarca, con 11 denuncias, y Risaralda, con 8.
Por otra parte, Acción Social también tiene un reporte de denuncias ciudadanas a candidatos que están utilizando subsidios y programas públicos para presionar al electorado. A hoy, Acción Social ha recibido más de 200 denuncias, principalmente de aspirantes de Valle del Cauca, Cundinamarca y Santander.
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