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De unas décadas para acá, uno de los asuntos que mayor presta atención el sector de hidrocarburos es el de la gestión ambiental, un factor que cobra especial importancia en un país megadiverso como lo es Colombia. En este sentido, es responsabilidad de las grandes entidades reguladoras el asegurarse de que las empresas petroleras estén cuidando los ecosistemas colombianos, y así lo ha hecho la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
De acuerdo con el ente, “desde el propio momento de la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la gestión ambiental ha sido foco de atención transversal a todas sus actuaciones”. Por una parte, adelantan el seguimiento al cumplimiento de las cláusulas con enfoque socioambiental y de seguridad y salud en el trabajo, que fueron acordadas en todos los contratos TEA, E&P y los convenios de explotación. Por otra ha venido migrando hacia una gestión ambiental interinstitucional, preventiva y especialmente orientada hacia la presencia en territorio atendiendo requerimientos por parte de las empresas operadoras y de autoridades locales y regionales.
En relación con los procesos de asignación de áreas, “la ANH ha cualificado un proceso de planificación ambiental a los diferentes grupos de polígonos o bloques que han sido objeto de estudio para una posterior oferta”. Esta planificación tiene como fin ofertar polígonos que no incluyan áreas con territorios donde la actividad esté prohibida debido a determinantes ambientales definidas legalmente por las autoridades correspondientes, al igual que caracterizar restricciones o presencia de figuras de ordenamiento territorial vigentes, e identificar escenarios futuros en los cuales estos polígonos podrían verse enfrentados a posibles restricciones adicionales. También se han incorporado recientemente espacios de encuentro con gobernadores y alcaldes previos al comienzo del proceso competitivo, para darle una mayor legitimidad.
Por otra parte, se consolidó un equipo técnico de apoyo a la gestión socioambiental de los proyectos de gestión del conocimiento (PGC) que desarrolla, a través del cual se ha logrado viabilizar social y ambientalmente los proyectos directos de la Agencia, como sísmicas convencionales, con vibros y off shore, pozos estratigráficos y magnetotelúricas, actividades que se abordan desde la etapa de prefactibilidad por medio de acciones como revisión y elaboración de términos de referencia para sondeos de mercado.
Este equipo también apoya el aseguramiento de planes de manejo ambiental y social, la revisión cartográfica y predial de las áreas proyectadas para intervenir; el acercamiento con autoridades gubernamentales, locales y ambientales para presentar la intención de realizar investigaciones del subsuelo en diferentes regiones del país; la caracterización ambiental y social de las áreas de influencia para la toma de decisiones; la identificación en campo de restricciones socioambientales, y los trámites ante autoridades competentes para la certificación de presencia o no de grupos étnicos y zonas de protección ambiental.
Más allá de los contratos
Durante la etapa de ejecución de los PGC “se ha realizado el aseguramiento socioambiental conforme a la normatividad vigente en la materia, a las obligaciones contractuales y a los instrumentos de seguimiento, como lo son los planes de manejo ambiental y social, a través de la verificación de visitas de seguimiento en campo y revisión de reportes periódicos enviados por contratistas e interventorías”, agregan desde la ANH. Finalmente, para el cierre operativo de los mismos, el aseguramiento se realiza a través de la verificación de los informes finales de operaciones y, cuando ha sido necesario, se ha surtido el trámite para el cierre de permisos y/o licencias ambientales ante las autoridades competentes.
Así las cosas, desde 2006, a través de sus proyectos de gestión del entorno y con recursos de inversión, la Agencia ha avanzado en fortalecer la institucionalidad ambiental del país en temas de interés conjunto, lo cual repercute directamente en las actividades de exploración y producción en el territorio nacional.
A la fecha se han invertido alrededor de $70.500 millones, generando capacidades e información ambiental con entidades socias, como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Instituto de Investigaciones Marinas (Invemar), el Instituto de Investigaciones de Biodiversidad Alexander von Humboldt, Parques Nacionales Naturales de Colombia y recientemente con algunas autoridades ambientales regionales, como Corpoamazonia, Cormacarena, Carsucre, Corponor y Corpocesar.
Estos trabajos conjuntos han generado productos como la línea ambiental generada por el Invemar, con especial énfasis en el mar Caribe, llegando incluso a profundidades cercanas a los 4.000 metros, tarea que se ha venido adelantando ininterrumpidamente desde 2006. Con Parques Nacionales, por mencionar algunos, se creó una “Guía técnica para proyectos de hidrocarburos en zonas aledañas a áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales de Colombia” y se abordaron varios acuerdos técnicos de trabajo que llevaron a la ampliación del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete y su posterior declaratoria como Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad por parte de la Unesco.
Adicionalmente, la ANH ha fortalecido su capacidad de interlocución con la institucionalidad ambiental buscando armonizar intereses en temas como reglamentación de ecosistemas estratégicos y cuencas hidrográficas, declaración de sitios Ramsar y de nuevas áreas protegidas de carácter nacional y regional, y más recientemente en procesos de coordinación con autoridades ambientales regionales y municipales en la actualización de los planes de ordenamiento territorial de las regiones con actividad de hidrocarburos.
Las comunidades
Quienes habitan los territorios donde se hace exploración y explotación también son una parte importante del ecosistema. Por eso existen el Programa en Beneficio de las Comunidades, así como las diferentes políticas de responsabilidad social de las empresas de la industria, por medio de los cuales el sector de hidrocarburos, a través de las compañías contratistas, le ha reportado a la ANH una inversión social nacional de aproximadamente $1.078.334.802.727 entre 2009 y 2017.
Los dineros han sido distribuidos en municipios de los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre, Tolima y Vichada, muchos de ellos afectados por el conflicto interno, y han sido utilizados para el desarrollo en las líneas del capital social, capital humano y ambiental, así como de capital económico y competitivo.
Esto, a su vez, se visibiliza en proyectos de infraestructura como la construcción y/o adecuación de acueductos, perforación de pozos profundos y plantas de tratamiento para garantizar acceso al agua potable, y construcción o adecuación de puestos y centros de salud y hospitales, dotaciones y programas de salud preventiva con el propósito de fomentar la cobertura y calidad del servicio de salud. También se ha promovido la conectividad mediante la construcción de vías, puentes y demás obras que han facilitado la interacción entre las comunidades, y de estas con las cabeceras municipales y el nivel regional.
Otra parte de los dineros se destina a mejoramiento de vivienda, construcción y mejoramiento de alcantarillados y sistemas de saneamiento básico en áreas rurales, electrificación rural y soluciones de energía alternativa, educación ambiental, conservación de áreas y biodiversidad, y fortalecimiento comunitario, institucional y de minorías étnicas, además de propender por la calidad, dotaciones y cobertura en el sector educativo.
A nivel de proyectos empresariales, se han presentado inversiones para el desarrollo de proveedores locales, fortalecimiento organizativo y económico de los pescadores artesanales del Caribe colombiano, fortalecimiento de la cadena productiva del cacao en Arauca, Meta, Putumayo, Santander y Magdalena; y en la formación para el empleo y la vinculación al medio laboral dependiendo de las vocaciones productivas de cada municipalidad o región.
Se trata, entonces, de un sector que, de acuerdo con la ANH, trabaja en una gestión ambiental no solo centrada en el seguimiento contractual, sino con un fuerte enfoque de gestión que busca la sostenibilidad de los territorios en los que se desarrollan sus actuales y futuras actividades. Uno que genera inversión social como oportunidad directa para que las comunidades y los gobiernos locales aumenten el desarrollo sostenible.