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Al menos desde 2006 Irán está investigando sobre el terreno las posibilidades de obtener uranio en varios países de Latinoamérica, en particular Venezuela y Bolivia, según se desprende de las comunicaciones entre las embajadas norteamericanas en la zona y el Departamento de Estado. Este interés viene además respaldado por una ofensiva diplomática del régimen de Teherán en la zona que ha despertado las sospechas no sólo de la diplomacia estadounidense, sino de terceros países como Israel.
Durante los últimos tres años, Washington ha estado recibiendo regularmente informes desde distintas delegaciones sobre las posibilidades de que dicha producción pase a un estado operativo.
Evitando el tono alarmista, los estadounidenses han estado recogiendo toda la información que ha llegado hasta sus oídos en torno al pastel amarillo, la denominación que recibe el concentrado de óxido de uranio. Y no hay detalle pequeño que no merezca ser escrutado. Desde un acuerdo de una empresa canadiense —la mayor productora de uranio del mundo— para incrementar su producción en Puno (Perú) hasta un comentario del ministro de Exteriores israelí, Avigdor Lieberman, durante una visita oficial a Perú en julio de 2009, sobre el “desmesurado tamaño” de la representación diplomática iraní en Bolivia y su relación con la búsqueda de uranio en el país andino.
Es en Venezuela donde los iraníes están desarrollando una mayor actividad relacionada con la obtención de uranio, que cuenta con el respaldo abierto del gobierno de Hugo Chávez. Los funcionarios estadounidenses en Caracas decidieron recabar con discreción la opinión de un científico local quien confirmó que, aunque quisiera, Venezuela “no tiene ahora mismo científicos cualificados para llevar a cabo un programa nuclear”.
Con esta perspectiva sobre la capacidad técnica de Caracas, Washington ha podido evaluar el acuerdo nuclear firmado el pasado octubre entre Chávez y el presidente ruso, Dimitri Medvédev. Sin embargo, los diplomáticos destinados en Caracas insisten en sus escritos en “no despreciar los rumores sobre el uranio”.
Testimonios recogidos por la Embajada en Caracas confirman la presencia en diferentes períodos, comenzando en 2004, de un total de 57 técnicos iraníes que han trabajado en organismos relacionados con la minería y la geología.
La actividad iraní en Latinoamérica está en el punto de mira de Israel, que en mayo de 2009 filtró un informe de tres páginas en el que se aseguraba que Irán estaba ayudando a Bolivia y Venezuela en un teórico programa nuclear. Washington indica que en Potosí funcionarios bolivianos planean producir uranio en un futuro cercano. Y el pasado octubre, el presidente Evo Morales reveló a la opinión pública, durante una visita el pasado noviembre del iraní Mahmud Ahmadineyad, que Teherán ayudaría a La Paz a construir una central nuclear a cambio de recibir pastel amarillo.
La presencia de uranio en cualquier estado, ya sea natural o procesado, es escrutada minuciosamente por las embajadas estadounidenses en la zona. Por ejemplo, en un informe secreto se advierte del descubrimiento de munición con uranio empobrecido en un almacén de las Farc o la existencia en el norte de Brasil, cerca de la frontera con Colombia, de explotaciones ilegales de diversos minerales, entre otros el uranio, en poder de la guerrilla. A este respecto, los informes corroboran las afirmaciones del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien, según indagó este periódico, en las últimas semanas ha expresado en privado su preocupación por las minas ilegales existentes en el lado colombiano de la frontera con Brasil.
Un extenso reporte confidencial explica cómo Brasil ha comenzado a instalar centrifugadoras en cadena para enriquecer uranio. En el mismo documento se destaca que funcionarios del gobierno brasileño quieren colaborar con Washington “para mejorar la seguridad de las instalaciones nucleares y ayudar a entrenar a la próxima generación de técnicos y expertos”.
El cerco a Wikileaks
Algunos, como Björn Hurtig, defensor de Julian Assange, fundador del portal, famoso por las revelaciones de documentos confidenciales del gobierno estadounidense, creen que se trata de una persecución en contra del sitio web. Otros, como diferentes altos funcionarios de la Casa Blanca, piensan que es sólo una forma de prevenir futuras fugas de información.
Sin embargo, hasta el momento, lo único cierto es que hay tres medidas que han buscado cortarle las alas a Wikileaks. La primera fue la orden de captura emitida por la Interpol en contra de Assange por una presunta violación sexual cometida en Suecia en agosto pasado; la segunda, la decisión del sitio de venta Amazon.com de no seguir albergando a Wikileaks en sus servidores, por lo cual en la mañana de ayer fue imposible el acceso a la página y, por último, el anuncio de la Casa Blanca de pedirle a Rusell Travers, director adjunto de distribución de información del Centro Nacional contra el Terrorismo, que “se encargue de preparar y poner en marcha las reformas estructurales a la luz de las fugas de Wikileaks”.