El gobierno Uribe y su comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, sostienen que la Ley de Justicia y Paz sigue adelante. Sus detractores aseguran que quedó herida de muerte o literalmente liquidada. Lo único claro es que después de la extradición de los principales ex jefes de las autodefensas, el proceso de paz ya no es el mismo y su columna vertebral —la Ley de Justicia y Paz— quedó sujeta a su encarrilamiento definitivo o a volar en mil pedazos.
Ayer fue un día de voces encontradas y especulaciones de todas las partes involucradas en el accidentado proceso de paz entre el Gobierno y las autodefensas. Mientras la Fiscalía sostuvo que seguirá buscando la verdad porque aún falta escuchar las versiones libres de 2.000 desmovilizados que no han comparecido, el procurador Edgardo Maya declaró que las víctimas quedaron desamparadas y se reduce la opción de que sean reparadas .
“Me parece risible que se diga que las víctimas o sus representantes puedan ir a Estados Unidos a comparecer al proceso de Justicia y Paz, cuando en Colombia no se podían ni transportar a Barranquilla para asistir a las audiencias”, insistió el procurador Maya. En respuesta, el jefe de la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía, Luis González, aunque admitió que es cierto que cada quien se lleva su verdad, aclaró que seguirá insistiendo para esclarecer los delitos con el resto de los desmovilizados.
Y mientras los 14 ex jefes paramilitares extraditados empezaron a comparecer ante los jueces federales de Estados Unidos, tímidamente en el país comenzaron a escucharse voces de allegados a las autodefensas donde se advierten tres situaciones: el temor de que sectores que han permanecido fuera del proceso activen sus mecanismos de violencia, la desorientación de quienes creen que se perdió total credibilidad en el Gobierno y quienes estiman que el proceso de paz quedó atravesado por la lucha antidrogas.
El Espectador contactó a uno de los voceros más representativos de los paramilitares, quien desde el anonimato precisó que hoy “impera el miedo” entre quienes estaban colaborando con el proceso, porque quedaron situados entre dos frentes: “El Estado, que ahora los está investigando, y las bandas emergentes, que seguramente proliferarán y hoy los sindican de persistir en un error”. “El tema ahora es sobrevivir”, resaltó la fuente consultada, quien además siente que el proyecto político que animaba al proceso de paz quedó roto.
El personaje sostuvo que en una acción adicional a la extradición de los jefes paramilitares se cumplió un operativo por parte de la Policía Judicial en las cárceles, donde se recogieron todos los computadores que estaban en poder de éstos, al tiempo que personal de la misma institución comenzó a tomar fotografías de los desmovilizados que están ubicados en distintas casas habilitadas por el Gobierno. “Hoy, quienes entrábamos a visitar a los jefes paramilitares o que teníamos contacto con ellos como asesores, tememos que vamos a ser judicializados con algún pretexto”.
Al margen de las voces que reclaman anonimato para no comprometerse, otros sectores cercanos a los paramilitares dejaron oír su protesta. La llamada Unidad Política Investigativa de la Fundación Villa de la Esperanza manifestó que la apuesta del gobierno Uribe Vélez no es por la paz, sino por la guerra, y que si el uso de la fuerza es la forma de solucionar los problemas entre los colombianos, no les quedará otro camino que “repetir indefinidamente los horrores de nuestra historia”. En tono menos amenazante, el asesor de las autodefensas Juan Rubbini observó que los acuerdos de Ralito resultaron insuficientes y que “puede que en el corto plazo la extradición de una de las partes completica de la mesa de negociación, soliviante los ánimos de quienes han permanecido al margen del proceso y ello genere focos de tensión”. No obstante, en un lenguaje conciliador puntualizó que el giro que ha tomado el proceso de paz no tiene por qué significar su final, “y auguró que los presidentes Uribe y Bush sepan hallar la llave que reabra las puertas”.
El abogado de Diego Fernando Murillo alias Don Berna, Diego Álvarez, sostuvo que el Gobierno trató de evitar más problemas con las revelaciones de la parapolítica, no sólo por la develación de las relaciones entre los políticos y las autodefensas, sino porque en las versiones libres se empezaba a vislumbrar la implicación de militares y empresarios. La Corporación Democracia, orientada por seguidores de Don Berna, expidió una declaración pidiendo que no se criminalice un proceso que, como el de Medellín, mostraba logros evidentes.
En términos generales, es de desconcierto el ambiente que prevalece hoy entre los sectores cercanos a las autodefensas que, paradójicamente, por motivos distintos, terminaron coincidiendo con los reclamos de las víctimas que a través de diferentes comunicados pidieron ayer al gobierno de Estados Unidos que devuelva a los ex jefes paramilitares a Colombia para que sean procesados por la justicia ordinaria y no por la Ley de Justicia y Paz que, a la postre, terminó por beneficiar a los victimarios.
“Fue un excelente acuerdo”: Comisionado de Paz
“Con la captura de uno de Los Mellizos y la muerte de otro, tuvimos certeza de que algunos jefes paramilitares tenían contactos con las nuevas bandas emergentes”, declaró ayer el alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, al explicar parte de las razones que llevaron al Gobierno a extraditar a Estados Unidos a los 14 principales ex jefes del paramilitarismo.
El funcionario calificó de “excelente acuerdo” el suscrito con el gobierno estadounidense para avanzar en el esclarecimiento de delitos cometidos en Colombia por los paramilitares. Según Restrepo, éste permite compartir las pruebas entre los dos estados y que las víctimas puedan trasladarse a Estados Unidos para hacer el seguimiento de los procesos.
“La presencia física de las víctimas no era un elemento determinante, porque estas versiones se transmitían al país y las víctimas sólo podían presenciar las diligencias por circuito cerrado de televisión, de tal manera que ahora se puede recurrir a esos mismos mecanismos para que las personas puedan participar en las diligencias”, puntualizó el comisionado Luis Carlos Restrepo.