¿La CIDH salvará a Petro?
La búsqueda de respaldo internacional por parte de Gustavo Petro para hacer frente al fallo de la Procuraduría que lo destituyó de su cargo como alcalde de Bogotá y lo inhabilitó durante 15 años, se inició antes de que la decisión del Ministerio Público fuera conocida.
Daniel Salgar Antolínez
Desde el 28 de octubre, Petro envió abogados a Washington, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para solicitar medidas cautelares que ordenaran al Estado colombiano proteger sus derechos políticos frente a una supuesta persecución ideológica por parte del procurador, y así prevenir una situación como la que vive Bogotá hoy.
Días después de que se produjera el primer fallo de la Procuraduría, el 9 de diciembre, Petro fue en persona a la CIDH para decir que la sentencia le generaba un daño irreparable a sus derechos políticos y a los de los bogotanos que lo eligieron, por lo que reiteró su solicitud de medidas cautelares.
Ahora que se ha confirmado la destitución del alcalde en segunda instancia, la CIDH aún podría emitir las medidas cautelares. Sin embargo, a juicio de fuentes cercanas a la CIDH, es poco probable que se otorguen tales medidas, teniendo en cuenta que éstas se emiten según la situación de urgencia, riesgo o irreparabilidad del solicitante (por ejemplo, si está bajo amenaza de muerte).
Además, hay muy pocos precedentes en los que la CIDH haya otorgado cautelares en casos similares. El más parecido es el del mexicano Jorge Castañeda Gutman, en 2005, quien hizo la solicitud porque el Instituto Federal Electoral de su país se negaba a inscribirlo como candidato a las elecciones presidenciales por no pertenecer a ningún partido.
La CIDH otorgó las medidas, pues consideró que la situación era “susceptible de generar un daño irreparable en el ejercicio de los derechos políticos”, pero el Estado no las implementó. Entonces, la Comisión pidió medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero esta instancia resolvió desestimar la solicitud, argumentando que las medidas provisionales no se aplican a los derechos políticos.
Las medidas cautelares usualmente se otorgan en horas, días o semanas. Desde la primera solicitud de Petro, ya han pasado meses sin un pronunciamiento, y cuando la CIDH niega las medidas, no lo hace público.
A Petro le queda otro camino ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: ya presentó una demanda formal contra el Estado ante la CIDH. En este caso, la CIDH analiza la admisibilidad de la demanda y, de encontrar que lo es, estudia el fondo de las violaciones a los derechos humanos de las cuales el Estado sería responsable. Luego elevaría el caso ante la Corte Interamericana, que emitiría una sentencia vinculante. Este proceso podría tardar alrededor de cinco años.
En la Corte hay un precedente de peso: el fallo dictado en 2011 a favor de Leopoldo López contra Venezuela, en el cual el tribunal ordenó volver a habilitar políticamente al líder opositor y anular las resoluciones dictadas en su contra por cargos de corrupción.
Desde el 28 de octubre, Petro envió abogados a Washington, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para solicitar medidas cautelares que ordenaran al Estado colombiano proteger sus derechos políticos frente a una supuesta persecución ideológica por parte del procurador, y así prevenir una situación como la que vive Bogotá hoy.
Días después de que se produjera el primer fallo de la Procuraduría, el 9 de diciembre, Petro fue en persona a la CIDH para decir que la sentencia le generaba un daño irreparable a sus derechos políticos y a los de los bogotanos que lo eligieron, por lo que reiteró su solicitud de medidas cautelares.
Ahora que se ha confirmado la destitución del alcalde en segunda instancia, la CIDH aún podría emitir las medidas cautelares. Sin embargo, a juicio de fuentes cercanas a la CIDH, es poco probable que se otorguen tales medidas, teniendo en cuenta que éstas se emiten según la situación de urgencia, riesgo o irreparabilidad del solicitante (por ejemplo, si está bajo amenaza de muerte).
Además, hay muy pocos precedentes en los que la CIDH haya otorgado cautelares en casos similares. El más parecido es el del mexicano Jorge Castañeda Gutman, en 2005, quien hizo la solicitud porque el Instituto Federal Electoral de su país se negaba a inscribirlo como candidato a las elecciones presidenciales por no pertenecer a ningún partido.
La CIDH otorgó las medidas, pues consideró que la situación era “susceptible de generar un daño irreparable en el ejercicio de los derechos políticos”, pero el Estado no las implementó. Entonces, la Comisión pidió medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero esta instancia resolvió desestimar la solicitud, argumentando que las medidas provisionales no se aplican a los derechos políticos.
Las medidas cautelares usualmente se otorgan en horas, días o semanas. Desde la primera solicitud de Petro, ya han pasado meses sin un pronunciamiento, y cuando la CIDH niega las medidas, no lo hace público.
A Petro le queda otro camino ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: ya presentó una demanda formal contra el Estado ante la CIDH. En este caso, la CIDH analiza la admisibilidad de la demanda y, de encontrar que lo es, estudia el fondo de las violaciones a los derechos humanos de las cuales el Estado sería responsable. Luego elevaría el caso ante la Corte Interamericana, que emitiría una sentencia vinculante. Este proceso podría tardar alrededor de cinco años.
En la Corte hay un precedente de peso: el fallo dictado en 2011 a favor de Leopoldo López contra Venezuela, en el cual el tribunal ordenó volver a habilitar políticamente al líder opositor y anular las resoluciones dictadas en su contra por cargos de corrupción.