La escena se ha repetido casi a diario desde el pasado 9 de abril en los 19 municipios de Casanare: estudiantes que se aglomeran en las calles alzando pancartas y voceando arengas con las que exigen que se respete su derecho a la educación. Protestan por la falta de recursos para sostener los restaurantes escolares, garantizar el transporte escolar y contratar personal administrativo en sus planteles educativos (piden el nombramiento de 850 funcionarios administrativos y 160 docentes).
Desde el 9 de abril no hay clases en las escuelas y colegios públicos de todo el departamento, que albergan a 48.000 estudiantes. La razón, argumentan ellos, es muy clara: la reforma a la Constitución Política, aprobada por el Congreso, que modifica la distribución de las regalías dejó a Casanare sin recursos suficientes para la educación. “Además de ser despojados de cerca de $40 mil millones de pesos en regalías, ahora le sumamos la falta de dinero para sufragar estos gastos que acarrean las instituciones educativas”, le dijo el alcalde de Yopal, Willman Enrique Celemín Cáceres, al sitio web Prensa Libre Casanare.
“Nosotros los estudiantes protestamos con respeto y orden por aquello que los adultos no entienden”, aseguró a un medio local un alumno de la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán, del municipio de Sabanalarga. Él, junto a sus compañeros, cargaba una especie de ataúd de cartón simbolizando “el entierro de la educación” en su región.
Podría decirse que este paro educativo tuvo su origen en un encuentro de personeros que se celebró en Yopal a finales de marzo, cuenta Vladimir Maiguel, miembro del Sindicato de Maestros de Casanare (Simac). En esa reunión se enumeraron uno a uno los problemas que estaban empezando a desmoronar al sistema educativo del departamento.
La inconformidad se extendió a todo Casanare. La Gobernación, las alcaldías, el sindicato de maestros y las asociaciones de padres se unieron para hacerle un reclamo directo al Gobierno. Finalmente lograron que la ministra de Educación, María Fernanda Campo, los escuchara. El 3 de abril una comisión viajó a Bogotá, pero en ese encuentro, asegura Maiguel, “no hubo ningún arreglo”.
Otra opinión tiene el Ministerio, que publicó un comunicado en el que aseguraba que dispondrían “recursos adicionales” para enfrentar esta crisis. El documento explicaba que, en coordinación con el Ministerio de Minas y Energía y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), se asignarían a Casanare “recursos provenientes del margen de comercialización de producción de hidrocarburos en montos suficientes que permitirán dar solución a la problemática existente”.
¿Por qué, a pesar de esta decisión, continuaron las protestas? “Nosotros no vamos a aceptar que con la plata de hidrocarburos y el superávit de regalías se solucione lo que tendría que cubrir el Sistema General de Participación (el sistema que el Gobierno creó para redistribuir los ingresos por concepto de regalías en todas las regiones del país)”, dice Maiguel.
Explica que ese dinero con el que el “Gobierno quiere cubrir el hueco” tendría que destinarse a inversión social, vivienda, niñez, salud, atención a adultos mayores, “no para financiar gastos administrativos. Se estaría dejando de invertir en la parte social para cubrir un problema que es de la Nación”. Dice además que ese dinero del que habla el Gobierno es una especie de ahorro que hoy tiene el departamento, pero que para 2013 ya se habrá agotado si se cumple la disposición del Ministerio. “¿Qué vamos a hacer entonces el próximo año para cubrir los mismos problemas?”.
La crisis ha llevado incluso a que ni siquiera se pueda pagar el sueldo del personal de seguridad a cargo de los planteles educativos, denuncia el representante de Cambio Radical Camilo Abril. El jueves pasado, durante la plenaria, el parlamentario casanareño expuso el caso de Yopal: según él la ciudad requiere $5.200 millones para enfrentar esta problemática, pero el Gobierno “sólo le giró $1.500 millones”.
Dijo además que Yopal cuenta con 33.000 estudiantes y requiere hoy de 141 administrativos, 150 personas para vigilancia y 40 nuevos docentes. También hizo las cuentas del departamento: “En total se requieren $12.000 millones para 684 administrativos”.
La senadora Maritza Martínez Aristizábal aseguró que la principal responsable de este problema es la comisión rectora de la nueva reglamentación de regalías que “apenas se reunió por primera vez el 29 de marzo. Las consecuencias se sienten en los municipios y departamentos que venían financiando gasto social, como transporte y alimentación escolar, con recursos de regalías. No están yendo los niños a estudiar y eso se siente muy fuertemente en las provincias. Aquí pueden tomarse con calma las cosas, pero allá se convierte en un polvorín”.
El sábado pasado hubo una nueva reunión entre el Ministerio de Educación y las autoridades de Casanare y Yopal. En ella se definió que el Ministerio de Minas y Energía girará los recursos para solucionar los problemas de alimentación escolar, transporte y apoyos administrativos. Estos recursos provienen “del margen de comercialización de la producción de hidrocarburos”, un dinero que, según Vladimir Maiguel, le pertenece al departamento y debería ser destinado en inversión social.
Al cierre de esta edición se desarrollaba una nueva reunión en Yopal con el viceministro de Educación, Javier Botero, en la que se contemplaba la posibilidad de levantar el paro.
Demora en el pago de regalías
En los cuatro meses que lleva en vigencia la Ley de Regalías el Departamento Nacional de Planeación ha recibido 69 proyectos de desarrollo departamentales y municipales (que suman casi $1.000 millones), que no han tenido ningún avance en su desarrollo porque no se han puesto en marcha los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD).
Así lo denunció el representante a la Cámara, Simón Gaviria, quien afirmó que “la demora en la conformación de los OCAD, mediante los cuales se tramitan los proyectos de regalías, ha estancado múltiples iniciativas sociales, y esto perjudica gravemente a las comunidades más vulnerables”. También aseguró que, a través de un derecho de petición, el Ministerio de Hacienda reconoció que este año no se ha efectuado ningún giro a los municipios correspondientes al Sistema General de Regalías, vigencia 2012.