La diplomacia con Washington

Seguramente el escándalo creado por Wikileaks seguirá creciendo en revelaciones, pero se terminará desdibujando porque ningún gobierno está dispuesto a aceptar lo que se está diciendo y porque la tendencia internacional ya muestra una clara inclinación hacia la cautela. La tarea más difícil la afrontan la diplomacia de Estados Unidos y el gobierno Obama, que tienen al frente el reto de recobrar la confianza. Pero mientras aumente la ola de filtraciones, los historiadores disponen de nuevos enfoques y el país tiene la opción de repasar su memoria.

Y en el caso de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia en los últimos 30 años, hay tanta tela por cortar y tantos interrogantes sin resolver, que la sola promesa de 2.416 cables enviados desde la Embajada norteamericana en Bogotá y 198 más de otras legaciones que hablan del país, constituye un atractivo inventario periodístico. Aunque se dice que el grueso de la información tiene que ver con los últimos años, un recorrido en las últimas tres décadas deja en claro que buena parte de la historia de Colombia pasa por sus relaciones con Washington.

Al margen de los temas económicos, el hilo conductor ha sido la lucha contra el narcotráfico. Con un explosivo punto de partida: el tratado de extradición suscrito entre los dos países en septiembre de 1977. A los pocos días, el presidente Jimmy Carter designó como embajador en Bogotá a Diego Asencio, quien manejó una relación sin mayores tensiones con el gobierno de Julio César Turbay, y antes de terminar le correspondió ser protagonista de uno de los episodios de mayor resonancia en la época: la toma de la Embajada de la República Dominicana por parte del M-19.

Durante dos meses, Asencio fue rehén de la guerrilla y dejó sus memorias sobre este episodio. Sus observaciones al gobierno Turbay estuvieron centradas en los derechos humanos. Pero pronto cayeron al olvido cuando llegó a Colombia el polémico embajador Lewis Tambs, quien no sólo reclamó aplicación de la extradición y empezó a ventilar la idea de la fumigación con glifosato, sino que acuñó un término que puso en aprietos la política de paz del entonces presidente Belisario Betancur Cuartas: la narcoguerrilla.

Cuando el ministro de Justicia, Rodrigo Lara, emprendió la guerra contra Pablo Escobar Gaviria y demás narcotraficantes, en 1983, el embajador Tambs fue su aliado. Cuando asesinaron a Lara, el diplomático lo calificó como su “entrañable compañero de lucha” y hasta se atrevió a reconocer que había aplicado importantes golpes al lado de la DEA. La guerra entre el Estado y la mafia estalló en Colombia y Lewis Tambs partió con muchos secretos hacia Costa Rica, donde terminó cuestionado en el escándalo Irán-contras.

En la era del narcoterrorismo, la Embajada de Estados Unidos fue ocupada por el fallecido Charles Gillespie, un curtido diplomático a quien se atribuye buena parte de la información que permitió la intervención de Estados Unidos en Grenada, en 1983. Además, fue el último embajador norteamericano de la era Pinochet. Y le tocó una época crítica. Buena parte de la defensa del Estado y la sociedad contra la violencia de los carteles de la droga pasó por Estados Unidos. Algún día se sabrá qué tanto participó Washington en esa guerra que dejó muchos mártires.

Luego vino el apaciguamiento de Pablo Escobar en la política de sometimiento a la justicia del gobierno de César Gaviria, y el representante de Estados Unidos en Colombia fue Thomas McNamara, quien luego llegó a ser Secretario Adjunto Principal de Estado para Asuntos Político-Militares del gobierno norteamericano. Su apoyo a la rendición de Escobar a cambio de rebajas de penas fue tan evidente como el malestar de Washington cuando el primer fiscal, Gustavo de Greiff, quiso hacer lo mismo con los capos del cartel de Cali.

Aún está clara en la memoria la dura confrontación entre De Greiff y la fiscal de Estados Unidos Janet Reno. Por la concesión de salvoconductos a narcotraficantes de Cali, declaraciones en favor de la legalización de la droga o comentarios sobre la inocencia de alias La Quica —un sicario de Escobar capturado en el país del norte— el fiscal De Greiff pasó de figura del año a villano del año. La Corte Suprema le aplicó la figura del retiro forzoso y salió por la puerta de atrás. Muchos de los secretos de este momento, vivido a la par con Estados Unidos, se conocerán algún día.

Pero vendrían tiempos turbulentos. El nuevo embajador Myles Frechette llegó en julio de 1994, a punto de asumir la Presidencia Ernesto Samper. El primer aviso llegó por cuenta del saliente director de la DEA, Joe Toff, quien renunció diciendo que Colombia era una narcodemocracia. Pesaba en el ambiente el fantasma de los narcocasetes, y a pesar de que el ex fiscal De Greiff había archivado el caso, la sombra de que la campaña de Samper había sido filtrada por el cartel de Cali se extendía hasta Washington.

El desenlace es conocido, pero muchos secretos quedaron rondando. ¿Quién aportó las grabaciones que dieron origen al proceso 8.000? ¿Cómo se logró que el testigo estelar de este expediente, el contador del cartel de Cali Guillermo Pallomari, viajara a Estados Unidos y se convirtiera en colaborador de la DEA? Lo cierto es que, salvo en los tiempos de la provocada separación de Panamá, nunca antes las relaciones entre Colombia y Estados Unidos fueron tan tensas. Y el embajador Frechette se convirtió en protagonista de primer orden.

Samper fue absuelto por la Cámara de Representantes en 1996, pero el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa. Además, condicionó al Ejecutivo colombiano a dar un giro absoluto en la lucha antidrogas, so pena de ser descertificado y por ello sujeto a restricciones económicas. La réplica fue una agenda legislativa concertada con los norteamericanos: ley de extinción de dominio con carácter retroactivo, incremento de penas al narcotráfico, revisión a los convenios marítimos y, de nuevo, la extradición, que había sido prohibida en 1991.

Salvo las versiones oficiales y unas cuantas investigaciones periodísticas, aún hay muchos detalles desconocidos de esta época que ayudarían a aclararla. ¿Cómo fue desmantelado el cartel de Cali con el apoyo de Estados Unidos? Y mirando un poco atrás, antes de que se iniciara la cacería de los narcos de Cali y el norte del Valle, ¿cómo se gestaron las aproximaciones entre Estados Unidos y algunas autoridades de Colombia con el clandestino grupo de los Perseguidos por Pablo Escobar (Pepes), que logró acabar con el capo de ?

Después de la tempestad, procedente de Bolivia y Chile, llegó a Bogotá Curtis Kamman. El interlocutor de la nueva alianza entre Estados Unidos y el país en materia de seguridad: el Plan Colombia. La iniciativa paralela del gobierno de Andrés Pastrana a su política de paz que le entregó 42 mil kilómetros de territorio a la guerrilla de las Farc, para adelantar unas negociaciones que nunca prosperaron. Un momento en el que Estados Unidos dio tímidos avances para hablar con las Farc, hasta que ésta asesinó a tres líderes indigenistas.

De nuevo Estados Unidos fue amigo del diálogo y hasta causó apremios al gobierno Pastrana cuando insistió en la necesidad de retirar del servicio a varios generales del Ejército señalados de violaciones a los derechos humanos, pero también se jugó su carta por el Plan Colombia, que empezó siendo un proyecto en su tradicional ruta contra el narcotráfico, pero se convirtió en el fortalecimiento de las Fuerzas Militares colombianas para combatir a la guerrilla, toda vez que ésta nunca mostró voluntad de paz.

Una tarea a la que también entró a colaborar la embajadora Anne Patterson a partir de 2000. Y fue durante su gestión cuando cobró forma el Plan Colombia. Cuando finalizó su gestión, ya en tiempos del ex presidente Álvaro Uribe, se hablaba otro lenguaje internacional. Los ataques terroristas del 11 de septiembre a las Torres Gemelas de Nueva York, modificaron la agenda y Colombia entró en esa órbita. La política de Washington fue apoyar la acción decidida contra las Farc del gobierno Uribe, con el robustecimiento militar que Estados Unidos había propiciado.

Pero esa tarea nunca implicó para Estados Unidos renunciar a su obsesión: el narcotráfico. Por eso, quizás sin quererlo, terminó complicando o favoreciendo el gobierno Uribe con una decisión que paró en seco al paramilitarismo: la petición de extradición de los principales jefes de las autodefensas. Ante la disyuntiva de los ‘paras’ de negociar su desmovilización o enfrentar a Estados Unidos, optaron por el primer camino. Esos secretos quedaron en la agenda de Anne Patterson, pero un nuevo embajador llegó para afrontar ese lío: William Wood.

Fue la época de la aparatosa negociación de paz entre el gobierno Uribe y las autodefensas, con un telón de fondo: la Ley de Justicia y Paz. En un momento álgido de las discusiones, la entonces representante Rocío Arias llegó a pedir que el diplomático Wood fuera expulsado de Colombia. Otros decían que Estados Unidos apoyaba a Carlos Castaño. Más de una vez el embajador norteamericano tuvo que lidiar a la prensa tomando distancia. Los pormenores de esta extraña encrucijada seguramente están en Wikileaks, o si no, hacen parte de una historia aún no contada.

Y justo en medio de los dos gobiernos de Álvaro Uribe, en 2006 llegó el locuaz William Brownfield, quien ya se había acercado a Colombia cuando fue Vicesecretario Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, y quien vino de Venezuela. La parapolítica, los falsos positivos, las ‘chuzadas’ y seguimientos ilegales en el DAS y con ellos la ‘Operación Jaque’ que liberó a tres contratistas estadounidenses o la acción en que fue abatido Raúl Reyes, son temas que pasaron por su agenda y que seguramente saldrán a relucir en el escándalo Wikileaks.

Ahora, el turno es de Peter McKinley, quien de entrada está capoteando el escándalo. Pero, como lo advierte el internacionalista Enrique Serrano, cuando empiece a pasar el tiempo, la lección que le va a quedar a Estados Unidos es que tiene que transformar su manera de divulgar sus informaciones diplomáticas en todo el mundo. Con el auge de las tecnologías de la información, las relaciones internacionales han entrado en una nueva era y el manejo confidencial va a exigir sofisticadas herramientas. Entre tanto, se vive una hora de revelados secretos. Colombia no es la excepción.

Seguramente el escándalo creado por Wikileaks seguirá creciendo en revelaciones, pero se terminará desdibujando porque ningún gobierno está dispuesto a aceptar lo que se está diciendo y porque la tendencia internacional ya muestra una clara inclinación hacia la cautela. La tarea más difícil la afrontan la diplomacia de Estados Unidos y el gobierno Obama, que tienen al frente el reto de recobrar la confianza. Pero mientras aumente la ola de filtraciones, los historiadores disponen de nuevos enfoques y el país tiene la opción de repasar su memoria.

Y en el caso de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia en los últimos 30 años, hay tanta tela por cortar y tantos interrogantes sin resolver, que la sola promesa de 2.416 cables enviados desde la Embajada norteamericana en Bogotá y 198 más de otras legaciones que hablan del país, constituye un atractivo inventario periodístico. Aunque se dice que el grueso de la información tiene que ver con los últimos años, un recorrido en las últimas tres décadas deja en claro que buena parte de la historia de Colombia pasa por sus relaciones con Washington.

Al margen de los temas económicos, el hilo conductor ha sido la lucha contra el narcotráfico. Con un explosivo punto de partida: el tratado de extradición suscrito entre los dos países en septiembre de 1977. A los pocos días, el presidente Jimmy Carter designó como embajador en Bogotá a Diego Asencio, quien manejó una relación sin mayores tensiones con el gobierno de Julio César Turbay, y antes de terminar le correspondió ser protagonista de uno de los episodios de mayor resonancia en la época: la toma de la Embajada de la República Dominicana por parte del M-19.

Durante dos meses, Asencio fue rehén de la guerrilla y dejó sus memorias sobre este episodio. Sus observaciones al gobierno Turbay estuvieron centradas en los derechos humanos. Pero pronto cayeron al olvido cuando llegó a Colombia el polémico embajador Lewis Tambs, quien no sólo reclamó aplicación de la extradición y empezó a ventilar la idea de la fumigación con glifosato, sino que acuñó un término que puso en aprietos la política de paz del entonces presidente Belisario Betancur Cuartas: la narcoguerrilla.

Cuando el ministro de Justicia, Rodrigo Lara, emprendió la guerra contra Pablo Escobar Gaviria y demás narcotraficantes, en 1983, el embajador Tambs fue su aliado. Cuando asesinaron a Lara, el diplomático lo calificó como su “entrañable compañero de lucha” y hasta se atrevió a reconocer que había aplicado importantes golpes al lado de la DEA. La guerra entre el Estado y la mafia estalló en Colombia y Lewis Tambs partió con muchos secretos hacia Costa Rica, donde terminó cuestionado en el escándalo Irán-contras.

En la era del narcoterrorismo, la Embajada de Estados Unidos fue ocupada por el fallecido Charles Gillespie, un curtido diplomático a quien se atribuye buena parte de la información que permitió la intervención de Estados Unidos en Grenada, en 1983. Además, fue el último embajador norteamericano de la era Pinochet. Y le tocó una época crítica. Buena parte de la defensa del Estado y la sociedad contra la violencia de los carteles de la droga pasó por Estados Unidos. Algún día se sabrá qué tanto participó Washington en esa guerra que dejó muchos mártires.

Luego vino el apaciguamiento de Pablo Escobar en la política de sometimiento a la justicia del gobierno de César Gaviria, y el representante de Estados Unidos en Colombia fue Thomas McNamara, quien luego llegó a ser Secretario Adjunto Principal de Estado para Asuntos Político-Militares del gobierno norteamericano. Su apoyo a la rendición de Escobar a cambio de rebajas de penas fue tan evidente como el malestar de Washington cuando el primer fiscal, Gustavo de Greiff, quiso hacer lo mismo con los capos del cartel de Cali.

Aún está clara en la memoria la dura confrontación entre De Greiff y la fiscal de Estados Unidos Janet Reno. Por la concesión de salvoconductos a narcotraficantes de Cali, declaraciones en favor de la legalización de la droga o comentarios sobre la inocencia de alias La Quica —un sicario de Escobar capturado en el país del norte— el fiscal De Greiff pasó de figura del año a villano del año. La Corte Suprema le aplicó la figura del retiro forzoso y salió por la puerta de atrás. Muchos de los secretos de este momento, vivido a la par con Estados Unidos, se conocerán algún día.

Pero vendrían tiempos turbulentos. El nuevo embajador Myles Frechette llegó en julio de 1994, a punto de asumir la Presidencia Ernesto Samper. El primer aviso llegó por cuenta del saliente director de la DEA, Joe Toff, quien renunció diciendo que Colombia era una narcodemocracia. Pesaba en el ambiente el fantasma de los narcocasetes, y a pesar de que el ex fiscal De Greiff había archivado el caso, la sombra de que la campaña de Samper había sido filtrada por el cartel de Cali se extendía hasta Washington.

El desenlace es conocido, pero muchos secretos quedaron rondando. ¿Quién aportó las grabaciones que dieron origen al proceso 8.000? ¿Cómo se logró que el testigo estelar de este expediente, el contador del cartel de Cali Guillermo Pallomari, viajara a Estados Unidos y se convirtiera en colaborador de la DEA? Lo cierto es que, salvo en los tiempos de la provocada separación de Panamá, nunca antes las relaciones entre Colombia y Estados Unidos fueron tan tensas. Y el embajador Frechette se convirtió en protagonista de primer orden.

Samper fue absuelto por la Cámara de Representantes en 1996, pero el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa. Además, condicionó al Ejecutivo colombiano a dar un giro absoluto en la lucha antidrogas, so pena de ser descertificado y por ello sujeto a restricciones económicas. La réplica fue una agenda legislativa concertada con los norteamericanos: ley de extinción de dominio con carácter retroactivo, incremento de penas al narcotráfico, revisión a los convenios marítimos y, de nuevo, la extradición, que había sido prohibida en 1991.

Salvo las versiones oficiales y unas cuantas investigaciones periodísticas, aún hay muchos detalles desconocidos de esta época que ayudarían a aclararla. ¿Cómo fue desmantelado el cartel de Cali con el apoyo de Estados Unidos? Y mirando un poco atrás, antes de que se iniciara la cacería de los narcos de Cali y el norte del Valle, ¿cómo se gestaron las aproximaciones entre Estados Unidos y algunas autoridades de Colombia con el clandestino grupo de los Perseguidos por Pablo Escobar (Pepes), que logró acabar con el capo de ?

Después de la tempestad, procedente de Bolivia y Chile, llegó a Bogotá Curtis Kamman. El interlocutor de la nueva alianza entre Estados Unidos y el país en materia de seguridad: el Plan Colombia. La iniciativa paralela del gobierno de Andrés Pastrana a su política de paz que le entregó 42 mil kilómetros de territorio a la guerrilla de las Farc, para adelantar unas negociaciones que nunca prosperaron. Un momento en el que Estados Unidos dio tímidos avances para hablar con las Farc, hasta que ésta asesinó a tres líderes indigenistas.

De nuevo Estados Unidos fue amigo del diálogo y hasta causó apremios al gobierno Pastrana cuando insistió en la necesidad de retirar del servicio a varios generales del Ejército señalados de violaciones a los derechos humanos, pero también se jugó su carta por el Plan Colombia, que empezó siendo un proyecto en su tradicional ruta contra el narcotráfico, pero se convirtió en el fortalecimiento de las Fuerzas Militares colombianas para combatir a la guerrilla, toda vez que ésta nunca mostró voluntad de paz.

Una tarea a la que también entró a colaborar la embajadora Anne Patterson a partir de 2000. Y fue durante su gestión cuando cobró forma el Plan Colombia. Cuando finalizó su gestión, ya en tiempos del ex presidente Álvaro Uribe, se hablaba otro lenguaje internacional. Los ataques terroristas del 11 de septiembre a las Torres Gemelas de Nueva York, modificaron la agenda y Colombia entró en esa órbita. La política de Washington fue apoyar la acción decidida contra las Farc del gobierno Uribe, con el robustecimiento militar que Estados Unidos había propiciado.

Pero esa tarea nunca implicó para Estados Unidos renunciar a su obsesión: el narcotráfico. Por eso, quizás sin quererlo, terminó complicando o favoreciendo el gobierno Uribe con una decisión que paró en seco al paramilitarismo: la petición de extradición de los principales jefes de las autodefensas. Ante la disyuntiva de los ‘paras’ de negociar su desmovilización o enfrentar a Estados Unidos, optaron por el primer camino. Esos secretos quedaron en la agenda de Anne Patterson, pero un nuevo embajador llegó para afrontar ese lío: William Wood.

Fue la época de la aparatosa negociación de paz entre el gobierno Uribe y las autodefensas, con un telón de fondo: la Ley de Justicia y Paz. En un momento álgido de las discusiones, la entonces representante Rocío Arias llegó a pedir que el diplomático Wood fuera expulsado de Colombia. Otros decían que Estados Unidos apoyaba a Carlos Castaño. Más de una vez el embajador norteamericano tuvo que lidiar a la prensa tomando distancia. Los pormenores de esta extraña encrucijada seguramente están en Wikileaks, o si no, hacen parte de una historia aún no contada.

Y justo en medio de los dos gobiernos de Álvaro Uribe, en 2006 llegó el locuaz William Brownfield, quien ya se había acercado a Colombia cuando fue Vicesecretario Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, y quien vino de Venezuela. La parapolítica, los falsos positivos, las ‘chuzadas’ y seguimientos ilegales en el DAS y con ellos la ‘Operación Jaque’ que liberó a tres contratistas estadounidenses o la acción en que fue abatido Raúl Reyes, son temas que pasaron por su agenda y que seguramente saldrán a relucir en el escándalo Wikileaks.

Ahora, el turno es de Peter McKinley, quien de entrada está capoteando el escándalo. Pero, como lo advierte el internacionalista Enrique Serrano, cuando empiece a pasar el tiempo, la lección que le va a quedar a Estados Unidos es que tiene que transformar su manera de divulgar sus informaciones diplomáticas en todo el mundo. Con el auge de las tecnologías de la información, las relaciones internacionales han entrado en una nueva era y el manejo confidencial va a exigir sofisticadas herramientas. Entre tanto, se vive una hora de revelados secretos. Colombia no es la excepción.