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La investigación por el sonado escándalo de las ‘chuzadas’ y los seguimientos ilegales a periodistas, políticos de oposición y magistrados se encuentra en el punto que muchas de las víctimas querían: con el expresidente Álvaro Uribe Vélez en el banquillo.
Sin embargo, no fue de la forma como algunos esperaban: obligado a comparecer. Por el contrario, fue el propio expresidente quien pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes rendir de manera libre su versión de los hechos y, adicionalmente, hacerlo de manera pública.
A las 2:00 de la tarde, si todo sale como está previsto, comenzará la transmisión por el canal institucional, en la que se verá a Uribe Vélez respondiendo una a una las casi 60 preguntas que tienen los investigadores, con las que esperan establecer si vale o no la pena abrir investigación formal contra el exmandatario.
Pero el hecho de que Uribe Vélez esté en el banquillo, obligado o de manera voluntaria, parece ser el producto de todo un proceso que, desde que reventó el escándalo, se adelanta de manera escalonada. Empezó con los detectives, pasó por los directivos del DAS y ahora tocó las puertas de la Casa de Nariño, primero con Bernardo Moreno y ahora con la mira puesta en el expresidente.
Tras las denuncias de los medios hace dos años, en las que se destapó que desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) estaban ilegalmente siguiendo e interceptando a personas declaradas como opositores al Gobierno, la Fiscalía comenzó con la investigación para dar con los responsables.
Y fue en junio de 2009 cuando el entonces fiscal general de la Nación, Mario Iguarán Arana, tomó las primeras decisiones al vincular al proceso a 30 funcionarios del DAS, entre detectives y directivos de la entidad. El ente acusador descubrió la creación de un grupo especial dedicado exclusivamente a la operación ilegal.
Días después, de ese grupo, dictaron medida de aseguramiento contra el exsubdirector de la institución José Miguel Narváez, los exdirectores de Inteligencia y Contrainteligencia Fernando Tabares y Jorge Alberto Lagos; la exsubdirectora de análisis Marta Inés Leal y diez detectives adscritos al grupo G-3, encargado de la operación ilegal.
Para entonces empezaba de manera preliminar la investigación contra los exdirectores del DAS Jorge Noguera, María del Pilar Hurtado, Andrés Peñate y Joaquín Polo, a quienes vincularon mediante indagatoria.
A medida que avanzó la investigación, los propios indiciados abrieron una puerta a la justicia para ahondar en los detalles de cómo se coordinó la operación. Ante la contundencia de las evidencias, varios exdirectivos decidieron negociar con la justicia para obtener un principio de oportunidad y rebaja de penas.
Fue cuando salió a la luz pública el nombre de Alba Luz Flórez, la llamada Mata Hari, quien fue la primera en relatar de manera minuciosa cómo infiltró a la Corte Suprema de Justicia y a quién le entregaba la información. Luego los subdirectores Tabares, Lagos y Leal hicieron lo mismo. Cada que hablaban la responsabilidad estaba más arriba en el orden jerárquico de la institución.
Hasta que llegaron las evidencias contra los exdirectores Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado, a quienes los subalternos señalaron de ser quienes dieron las órdenes y de exigir su cumplimiento. Por eso, los que hoy están condenados dicen que siempre cumplieron órdenes creyendo que todo estaba ajustado a la ley. Curiosamente, mientras gran parte de los procesados han aceptado su culpa y han colaborado con la justicia, los directores siguen declarándose inocentes.
Los testimonios apuntaron a que el trabajo lo habían ordenado desde la Casa de Nariño durante el gobierno Uribe. Inicialmente apuntaban a un enlace directo: María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, y Bernardo Moreno, exsecretario general de la Presidencia de la República. Dicen que todos los informes elaborados por los detectives terminaban en el palacio presidencial.
El más reciente capítulo de todo este escándalo fue la formulación de imputación contra Bernardo Moreno como el supuesto autor intelectual del escándalo de las ‘chuzadas’, al que citaron junto con la exdirectora Hurtado, la cual no llegó y se quedó asilada en Panamá. Moreno quedó en libertado condicional, mientras contra Hurtado existe una orden de captura internacional.
La teoría de los exfuncionarios que colaboraron con la justicia fue que toda la información recolectada ilegalmente tenía como destinatario final el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esto es lo que quiere comprobar o desvirtuar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Por eso, en medio del proceso preliminar, allí estará Uribe sentado en el banquillo , dando explicaciones y dándole la cara al país para seguir alegando su inocencia.
“No hay estrategias dilatorias”: Lombana
“Siempre hemos sido rigurosos y apegados a las normas de procedimiento. No estamos pensando en estrategias dilatorias”, señaló Jaime Lombana, abogado del expresidente Uribe, al responder a las insinuaciones hechas por algunos representantes de la Comisión de Acusación de la Cámara, en el sentido de que temen que el exmandatario aproveche la versión libre de hoy para hacer un ‘show’ mediático.
Lombana reveló que Uribe irá con el fin de demostrar que jamás ni él ni nadie de su equipo de gobierno propició los seguimientos e interceptaciones ilegales por parte del DAS.
Y en cuanto a la versión de que se estaría pensando en pedir la nulidad del proceso por supuestos errores procesales, el abogado dijo que tampoco se ha pensado en ello.
Ayer, la Federación Internacional de Derechos Humanos hizo un llamado para que se garanticen la independencia y la imparcialidad en este proceso.