La lucha contra un cáncer institucional

“Si ustedes sellan este lugar, me van a interrumpir la quimioterapia. Si lo sellan, yo podría morir”. Angustiado, sin ocultar el pánico que le produce suspender su tratamiento, Gilberto Alzate*, uno de los pacientes con cáncer atendidos en la Sociedad Oncológica Oncocare Ltda., buscaba por todos los medios que los funcionarios de la Secretaría Distrital de Salud no sellaran la institución.

Lo que probablemente no sabía Alzate es que desde el pasado 14 de diciembre el Invima, en una visita de control, descubrió que esa unidad, ubicada en la carrera 20 N° 80-21, suministraba medicamentos a los pacientes sin contar con el certificado de buenas prácticas de elaboración, es decir, que muchas de las mezclas oncológicas que se daban allí eran preparadas bajo condiciones inapropiadas, según el Instituto de Vigilancia.

Desde primera hora de la mañana y hasta las 9:00 de la noche del pasado miércoles se extendió el operativo de sellamiento, dilatado por la discusión en la que se empecinó la abogada Pilar Escalante, gerente de la unidad, aduciendo el riesgo de interrumpir la quimioterapia para los pacientes. “Esta es la institución oncológica más visitada de Bogotá y tenemos una larga lista de pacientes en espera de recibir un tratamiento”, insistía entre lágrimas la gerente.

Sin embargo, con el fin de asegurar que la salud de los pacientes como Alzate no estuviera en riesgo, finalmente, entre gritos, lágrimas y agresiones por parte del personal de Oncocare, la Secretaría de Salud procedió con el sellamiento de la unidad, hasta tanto contase con los documentos requeridos para prestar el servicio.

Ayer en la mañana la gerente firmó un contrato a primera hora con Farmasánitas por un año para que le suministre los medicamentos oncológicos. De esta manera el Distrito levantó la medida, pero seguirá con el procedimiento de control.

Tras casi 15 horas de angustia por parte de los pacientes, el lío fue solucionado no sin antes dejar un mal sabor en el ambiente: según una fuente cercana a la Secretaría Distrital de Salud, Oncocare no había sido sellado antes debido a que contaba con la protección de algunos funcionarios de ese despacho.

Al respecto, el actual secretario distrital de Salud, Guillermo Jaramillo, le dijo a este diario que aunque las pasadas administraciones pudieron ser laxas con este tipo de entidades, cualquier clase de favor de esta índole desaparecerá de su despacho y aseguró que sólo continuarán las unidades que se cumplan con la ley y los requisitos.

El caso de Oncocare es sólo uno de los tantos que se repiten en todo el país y que tienen alarmados a buena parte de los especialistas en oncología. Si bien ahora cuenta con el respaldo de Farmasánitas, su sellamiento preventivo prende una vez más las alarmas por la proliferación de pequeñas unidades para la atención de pacientes con cáncer, muchas de las cuales funcionan sin mayores controles.

Según la Liga Colombiana contra el Cáncer, en el país hay cerca de 3.000 prestadores habilitados para este fin. En Bogotá funcionan 65 IPS con estos servicios y, de acuerdo con una investigación de la Procuraduría General de la Nación publicada hace cinco meses, el 90% de las unidades oncológicas atienden a sus pacientes, sin contar con la licencia del Invima, en muchos casos obviando los requisitos establecidos.

Según el Atlas de Mortalidad por Cáncer en Colombia, entre 2000 y 2006 hubo 203.907 muertes por esta causa en el país y de acuerdo con el Ministerio de Salud y de la Protección Social, un promedio de 33 mil personas mueren al año tras padecer un cáncer.

Por eso preocupa que los pacientes estén siento atendidos en unidades cuestionadas, si se tiene en cuenta que, dados los requerimientos de esta enfermedad, y de acuerdo con la experiencia internacional, la atención de pacientes con cáncer, sobre todo en niños, se debe hacer en grandes centros, con protocolos estandarizados y manteniendo la adherencia al tratamiento, tal como lo señala John Marulanda, asesor médico de la Liga Colombiana contra el Cáncer.

Su opinión es compartida por el doctor Javier Pacheco, oncólogo y hematólogo del Hospital San José: “Lo importante es que no se haga oncología de garaje, que se haga en instituciones de alto nivel, con guías y protocolos de manejo”. Según Pacheco, estos centros no se pueden limitar únicamente a hacer la quimioterapia, sino a tener todo el soporte médico.

Pero el problema en la atención a estos pacientes tiene varias aristas. El doctor Gustavo Campillo, presidente de la Mesa Nacional de Cáncer, explica que el dilema de fondo tiene que ver con las formas de contratación entre las EPS y las prestadoras de servicio. Este tipo de convenios, que funcionan a través de paquetes y que resultan más convenientes para las EPS, en algunos casos terminan perjudicando a los pacientes.

La situación es la misma en las diferentes ciudades del país, como lo señala Campillo. Y no se equivoca: un funcionario cercano a los hospitales de alto nivel, en donde se atienden pacientes con cáncer en Bogotá, le dijo a El Espectador que mientras las IPS están saturadas y ofrecen citas hasta en cuatro semanas, los hospitales que podrían prestar atención en sólo 24 horas y que cuentan con toda la infraestructura y las condiciones necesarias, hoy tienen baja demanda de pacientes.

Jaime Arias, presidente de Acemi (asociación que agrupa a las EPS), asegura en cambio que las EPS conforman sus redes basadas en la calidad de los servicios de las prestadoras, pero reconocen que también tienen en cuenta consideraciones de tipo contractual. “La prioridad es que se atienda bien a sus pacientes y no se contrate con entidades de garaje, sólo con aquellas habilitadas por el Gobierno”, asegura.

Otra cosa cree el secretario distrital de Salud, Guillermo Jaramillo: “Las EPS que no pueden seguir escogiendo al prestador más barato, sino al de mejor calidad, les pedimos que sean responsables, porque de lo contrario estarían cometiendo homicidio.

Para Campillo, una de las soluciones a esta tendencia es que a la hora de afiliarse a cualquier EPS los pacientes puedan conocer la red de servicios con la que contarán y así elegir libremente como lo permite la ley. Pero como reconoce el presidente de Acemi, “los usuarios nunca preguntan por eso”, lo que favorece este tipo de contratación.

La legislación al respecto tampoco permite mayores controles. Aunque desde 2010 fue aprobada y sancionada la “Ley Sandra Ceballos”, que establece las acciones para la atención integral del cáncer en Colombia, esta es la hora en que no se ha hecho cumplir, permitiendo así que múltiples instituciones sigan habilitándose sin contar con los requisitos, como insiste Adriana Garzón, de la Fundación Simmon, de pacientes con cáncer.

Desde 2010 a la fecha han llegado al despacho de la Secretaría 156 quejas de pacientes con cáncer. Muchos de ellos alegan no haber recibido autorización de las EPS para recibir el tratamiento. La meta del secretario de Salud de Bogotá es asegurar que el servicio sea de la más alta calidad, “estamos redoblando esfuerzos para que los mal llamados ‘enfermos de alto costo’ sean atendidos de manera adecuada, para que las IPS, tanto públicas como privadas, no sigan cometiendo abusos”.

Para Adriana García, el sellamiento preventivo que adelantó el Distrito el miércoles es una buena señal. “Celebramos que las entidades de vigilancia y control asuman las riendas del asunto, porque ya es hora de que velen por la seguridad de los pacientes.

Jaramillo es enfático al respecto: “Tenemos que evitar que los pacientes se conviertan en una factura, en un objeto que produce dinero, aquí lo que está en juego es la vida”.

* Nombre cambiado por seguridad.