La necesidad de regular el periodismo

Cuando estalló el escándalo de las ‘chuzadas’ y la corrupción, en News of the World (extinto periódico británico, propiedad de Rupert Murdoch), a mediados de 2011, se hizo evidente que los hechos no sólo eran una vergüenza profesional, un punto bajo para el periodismo, sino que la prensa británica necesitaba una suerte de reforma.

Primero vino el diagnóstico, hecho por una comisión encabezada por sir Brian Henry Leveson, juez británico que, junto con un panel de asesores, entre los que se contaba con exeditores y expresidentes de periódicos como el Daily Telegraph y el Financial Times, produjo lo que hoy se conoce como el informe Leveson.

El documento, que salió al público en noviembre del año pasado, es el resultado de una investigación emprendida por el juez y sus asesores, en la que durante casi año y medio examinaron las relaciones de la prensa con el público, las autoridades (principalmente la Policía) y la clase política.

El reporte propone una serie de medidas que, después de varias negociaciones políticas (que, dice la prensa británica, fueron hechas en secreto) tienen hoy en alerta a editores en Inglaterra y en otras partes del mundo por el potencial precedente que se puede sentar sobre el manejo de asuntos como la libertad de prensa.

Lo que resulta más espinoso es la creación de una comisión que supervisaría la conducta ética de la prensa y que, en determinados casos, podría llegar a imponer multas de hasta US$1,5 millones para los medios de comunicación que resulten culpables en casos de difamación o violación de la privacidad; las multas más drásticas están reservadas para aquellas empresas informativas que decidan no someterse al escrutinio de la comisión, aunque también pueden imponerse a algunos de los medios que sí se afilien al cuerpo regulatorio.

“Esta es una muy mala idea que creará mártires y que probablemente es incompatible con cláusulas del Acta de los Derechos Humanos y la Convención Europea”, escribió ayer Alan Rusbridger, editor en jefe del periódico inglés The Guardian. 

La postura de The Guardian sirve como ejemplo para ilustrar lo fraccionada  que está la discusión, pues no todos los medios de comunicación están en contra de las propuestas del informe Leveson y no todos por las mismas causas.

Este periódico es uno de los que están de acuerdo con el informe Leveson a la hora de establecer pesos y contrapesos para la actividad de la prensa en Inglaterra. Esto, a primera vista al menos, puede resultar extraño y levanta preguntas como: ¿regular la prensa es coartar la libertad de expresión? ¿Cómo puede un periódico pedir mayores controles al ejercicio del oficio?

Cuando el escándalo en News of the World aún era una noticia fresca, Jeff Jarvis, uno de los analistas de medios más prominentes en Estados Unidos, además de columnista de The Guardian, escribió: “Hay que resistir la tentación de imponer regulación gubernamental al periodismo como consecuencia del escándalo. La regulación tiene dientes y los dientes conllevan poder”.

Pero lo que el escándalo en News of the World destapó fue una amplia red de corrupción entre autoridades, políticos y periodistas, cuyo fin era conseguir información confidencial para estar a la vanguardia de una noticia, sin importar el costo. Antes de 2011 el periódico de Murdoch ya había despedido a Clive Goodman, periodista que fue encarcelado por intervenir los buzones de voz de los miembros de la realeza.

En su momento, las primeras investigaciones aseguraban que miles de líneas telefónicas habían sido intervenidas, así como se había violado el acceso a historias clínicas, entre otra información reservada y protegida por la ley de personas comunes y corrientes, celebridades del espectáculo e incluso un exprimer ministro; durante la redacción del informe Leveson, la comisión oyó el testimonio de actores como Hugh Grant. 

Ante estos hechos, por los cuales Murdoch cerró el periódico y despidió a sus directores (quienes afrontar procesos judiciales), puede resultar difícil cuestionar la implementación de mayores controles y supervisión para el ejercicio del periodismo.

Breve paréntesis: no toda mala conducta se debe a la ausencia de legislación, claro está. Para cuando estalló el escándalo de 2011, se calculaba que las empresas informativas de Murdoch (antes agrupadas bajo el nombre de News Corp) habían pagado más de US$1.300 millones para llegar a acuerdos legales y así evitar la realización de juicios, en temas como competencia desleal y robo de secretos industriales, entre otros; todos estos son aspectos ampliamente regulados por las leyes. 

Resulta claro que algo tiene que cambiar, pero en el camino no puede quedar la libertad de expresión en uno de los países con mayor tradición liberal en el mundo. Lo que hoy pide la prensa británica, al menos un sector de ésta, es tiempo: tiempo para probar una especie de sistema de autorregulación que funcionaría apoyado en dos cuerpos.

Uno sería un órgano supervisor escogido independientemente en un proceso avalado por exjueces de muy alto nivel, que trataría de entender cómo se regula un oficio que se supone libre. El otro vendría siendo un comité verificador, si se quiere, que, libre de intervenciones políticas o de los mismos medios de comunicación, evaluaría la tarea del primero para cerciorar si se ajusta o no a lo propuesto por el informe Leveson.

En un año, escribió el editor Rusbridger, se analizaría cómo ha funcionado el sistema antes de recibir una aprobación oficial de todas las partes y así ponerlo en funcionamiento. “Necesitamos con urgencia una reforma. También una prensa libre. Lograr ambas cosas no se puede hacer a toda velocidad o en la oscuridad”, finalizó Rusbidger.

Cuando estalló el escándalo de las ‘chuzadas’ y la corrupción, en News of the World (extinto periódico británico, propiedad de Rupert Murdoch), a mediados de 2011, se hizo evidente que los hechos no sólo eran una vergüenza profesional, un punto bajo para el periodismo, sino que la prensa británica necesitaba una suerte de reforma.

Primero vino el diagnóstico, hecho por una comisión encabezada por sir Brian Henry Leveson, juez británico que, junto con un panel de asesores, entre los que se contaba con exeditores y expresidentes de periódicos como el Daily Telegraph y el Financial Times, produjo lo que hoy se conoce como el informe Leveson.

El documento, que salió al público en noviembre del año pasado, es el resultado de una investigación emprendida por el juez y sus asesores, en la que durante casi año y medio examinaron las relaciones de la prensa con el público, las autoridades (principalmente la Policía) y la clase política.

El reporte propone una serie de medidas que, después de varias negociaciones políticas (que, dice la prensa británica, fueron hechas en secreto) tienen hoy en alerta a editores en Inglaterra y en otras partes del mundo por el potencial precedente que se puede sentar sobre el manejo de asuntos como la libertad de prensa.

Lo que resulta más espinoso es la creación de una comisión que supervisaría la conducta ética de la prensa y que, en determinados casos, podría llegar a imponer multas de hasta US$1,5 millones para los medios de comunicación que resulten culpables en casos de difamación o violación de la privacidad; las multas más drásticas están reservadas para aquellas empresas informativas que decidan no someterse al escrutinio de la comisión, aunque también pueden imponerse a algunos de los medios que sí se afilien al cuerpo regulatorio.

“Esta es una muy mala idea que creará mártires y que probablemente es incompatible con cláusulas del Acta de los Derechos Humanos y la Convención Europea”, escribió ayer Alan Rusbridger, editor en jefe del periódico inglés The Guardian. 

La postura de The Guardian sirve como ejemplo para ilustrar lo fraccionada  que está la discusión, pues no todos los medios de comunicación están en contra de las propuestas del informe Leveson y no todos por las mismas causas.

Este periódico es uno de los que están de acuerdo con el informe Leveson a la hora de establecer pesos y contrapesos para la actividad de la prensa en Inglaterra. Esto, a primera vista al menos, puede resultar extraño y levanta preguntas como: ¿regular la prensa es coartar la libertad de expresión? ¿Cómo puede un periódico pedir mayores controles al ejercicio del oficio?

Cuando el escándalo en News of the World aún era una noticia fresca, Jeff Jarvis, uno de los analistas de medios más prominentes en Estados Unidos, además de columnista de The Guardian, escribió: “Hay que resistir la tentación de imponer regulación gubernamental al periodismo como consecuencia del escándalo. La regulación tiene dientes y los dientes conllevan poder”.

Pero lo que el escándalo en News of the World destapó fue una amplia red de corrupción entre autoridades, políticos y periodistas, cuyo fin era conseguir información confidencial para estar a la vanguardia de una noticia, sin importar el costo. Antes de 2011 el periódico de Murdoch ya había despedido a Clive Goodman, periodista que fue encarcelado por intervenir los buzones de voz de los miembros de la realeza.

En su momento, las primeras investigaciones aseguraban que miles de líneas telefónicas habían sido intervenidas, así como se había violado el acceso a historias clínicas, entre otra información reservada y protegida por la ley de personas comunes y corrientes, celebridades del espectáculo e incluso un exprimer ministro; durante la redacción del informe Leveson, la comisión oyó el testimonio de actores como Hugh Grant. 

Ante estos hechos, por los cuales Murdoch cerró el periódico y despidió a sus directores (quienes afrontar procesos judiciales), puede resultar difícil cuestionar la implementación de mayores controles y supervisión para el ejercicio del periodismo.

Breve paréntesis: no toda mala conducta se debe a la ausencia de legislación, claro está. Para cuando estalló el escándalo de 2011, se calculaba que las empresas informativas de Murdoch (antes agrupadas bajo el nombre de News Corp) habían pagado más de US$1.300 millones para llegar a acuerdos legales y así evitar la realización de juicios, en temas como competencia desleal y robo de secretos industriales, entre otros; todos estos son aspectos ampliamente regulados por las leyes. 

Resulta claro que algo tiene que cambiar, pero en el camino no puede quedar la libertad de expresión en uno de los países con mayor tradición liberal en el mundo. Lo que hoy pide la prensa británica, al menos un sector de ésta, es tiempo: tiempo para probar una especie de sistema de autorregulación que funcionaría apoyado en dos cuerpos.

Uno sería un órgano supervisor escogido independientemente en un proceso avalado por exjueces de muy alto nivel, que trataría de entender cómo se regula un oficio que se supone libre. El otro vendría siendo un comité verificador, si se quiere, que, libre de intervenciones políticas o de los mismos medios de comunicación, evaluaría la tarea del primero para cerciorar si se ajusta o no a lo propuesto por el informe Leveson.

En un año, escribió el editor Rusbridger, se analizaría cómo ha funcionado el sistema antes de recibir una aprobación oficial de todas las partes y así ponerlo en funcionamiento. “Necesitamos con urgencia una reforma. También una prensa libre. Lograr ambas cosas no se puede hacer a toda velocidad o en la oscuridad”, finalizó Rusbidger.