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Un día del año 2018, ocho turbinas se encenderán y girarán a revoluciones capaces de generar 2.400 megavatios de energía. Entonces los empresarios y líderes políticos de Antioquia celebrarán y sentirán el alivio de culminar el sueño que empezó más de 30 años atrás: Hidroituango-EPM.
No se trata de un mero orgullo empresarial, sino de una obra que duplicará la capacidad de generación de energía de EPM a 13.900 gigavatios/hora anuales durante su vida útil y que brindará beneficios al menos a 25 municipios del norte de Antioquia, en mejoramiento de vías y la generación de 6.000 empleos directos y 24.000 indirectos.
Sin embargo, decenas de campesinos de municipios como Ituango y el Valle de Toledo no encuentra beneficios sino perjuicios con las obras. Sostienen que EPM les está arrebatando el río que les ha servido de sustento por varias generaciones y que el ofrecimiento de una supuesta compensación de $8 millones para cada familia no es justa.
Así lo dice Leonel Muñoz, barequero artesanal de la zona: “Nos dicen que no podemos estar en el río porque fue declarado de utilidad pública. Nos tratan de aparecidos, cuando somos nosotros los que hemos vivido allí toda la vida. Es una falta de consideración que los de EPM y los de la Gobernación de Antioquia nos quiten el sustento, que nos desarraiguen de nuestro territorio”.
Junto a otros 380 campesinos, Muñoz emprendió hace tres semanas una marcha de protesta pacífica hacia Medellín. Luego de caminar 170 kilómetros durante siete días con sus noches, llegaron al coliseo de la Universidad de Antioquia, donde recibieron albergue temporal gracias a la presión de los estudiantes que acompañaron la marcha.
Pero cuatro días después, el viernes 22 de marzo, las directivas de la universidad les pidieron que se retiraran, pues el campus se cerraría por el receso de Semana Santa. Ahora están en otro albergue temporal en una ONG situada en el barrio Prado Centro. Algunos están cansados y quisieran volver a sus hogares pero otros reclaman unidad y están decididos a continuar la marcha hasta la misma capital, si es necesario.
¿Qué están pidiendo? Isabel Zuleta, vocera del Movimiento Ríos Vivos, que convoca a 17 organizaciones afectadas, señala que “los de EPM hicieron el censo mal y no quieren reconocerlo”. La empresa, por su parte, ha reiterado en varias ocasiones que sí han tenido en cuenta a los pobladores impactados por las obras.
Zuleta estuvo en el grupo de los doce marchantes retenidos por el Ejército cuando comenzaron las protestas. Luego fueron trasladados en helicóptero hasta el municipio de Don Matías, por obstruir el espacio público.
Según Zuleta, en la audiencia preliminar fue dejada en libertad por orden de una jueza que recriminó a las autoridades por restringir el derecho constitucional a la protesta pacífica.
A finales del año pasado, voceros de los afectados, representantes de EPM y de la Gobernación de Antioquia promovieron una mesa de diálogo pero no llegaron a ningún acuerdo. Además de la revisión del censo, los afectados piden que se aclare el manual de valores, pues insisten en que los pagos a los desplazados por el proyecto no están nivelados y no se reconocen cultivos, como los de algunos frutales.
A través de un comunicado, EPM destacó que “no obstante los beneficios que llegan de la mano de una de las hidroeléctricas más grandes de América, existen algunas voces que se oponen a la construcción de ésta”. Sin embargo, señaló que “entendemos y respetamos el derecho a la protesta como la opción que tiene cada ciudadano de manifestarse y de proponer alternativas”.
Según el comunicado, la empresa está dispuesta a propiciar el diálogo con los campesinos. El Espectador intentó comunicarse con la compañía pero no fue posible. Al cierre de esta edición los campesinos, que han realizado varias manifestaciones de protesta en la ciudad en los últimos días, se preparaban para reclamar a las afueras de la Gobernación de Antioquia y buscar un acercamiento con EPM y el gobernador Sergio Fajardo Valderrama.