Un edificio de cuatro pisos y un parqueadero subterráneo, con 3.192 metros cuadrados construidos y avaluado por el Instituto Agustín Codazzi en $2.962 millones, es la manzana de la discordia entre la Empresa de Loterías y Apuestas Permanentes del Atlántico (Lotería del Atlántico) y el Consejo Seccional de la Judicatura (CSJ) de ese departamento. En tiempos en que a la Judicatura le llueven las críticas por el supuesto carrusel de pensiones y está en la mira de la Contraloría por el posible mal manejo de millonarios recursos del plan de descongestión, la Lotería del Atlántico puso en conocimiento de la misma Contraloría y la Corte Suprema otro lío que podría comprometer dineros públicos.
Hace 12 años, Judicatura y Lotería firmaron un contrato de comodato (préstamo) con opción de compra válido por cinco años. El CSJ no tenía que pagar arriendo. A la Lotería no le quedó más opción que empezar a deshacerse de sus propiedades, luego de llegar a la crítica situación de vender sólo el 6% de los billetes que sacaba a la venta en cada sorteo. En ese edificio establecieron sus oficinas no sólo los magistrados del Consejo, sino también los del Tribunal Administrativo del Atlántico, el Tribunal Superior de Barranquilla y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración de Justicia. La justicia en pleno despacha desde allí.
Ese contrato en 2000 fue una mano amiga para ambas entidades. La Lotería del Atlántico tenía un posible comprador para uno de sus inmuebles, lo que significaba que en unos años tendría dinero para pagar algunas de las deudas pendientes con sus empleados. Asimismo, casi un centenar de funcionarios judiciales habían dado con las oficinas que necesitaban para sus labores. El CSJ, incluso, invirtió unos $1.600 millones en mejoras. Después vinieron las largas. El préstamo del edificio se extendió hasta febrero de 2009. En ese momento la Lotería quiso proceder a la venta de la propiedad. Y fue Troya.
Un mes más tarde, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó que se interviniera el edificio en disputa y por poco se materializa una orden de desalojo. Un año después, la respuesta del CSJ fue demandar a la Lotería ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, argumentando que no había sido tenido en cuenta como primera opción de compra. El pulso se fue poniendo más agrio, el tiempo siguió su curso y en el entretanto de la disputa salían a relucir frases del siguiente tenor: “los jueces no van a fallar contra los jueces”.
Después de 12 meses, las negociaciones se vinieron a pique: ni el CSJ compraba el terreno, ni lo dejaba vender. La gerente liquidadora de la Lotería, Yeseny Morales, se vio en la obligación de recurrir a la tutela con el fin de que el CSJ dé respuesta a los múltiples requerimientos que le han formulado para tratar este asunto. Morales explicó que el CSJ nunca ha hecho oferta alguna para quedarse con el inmueble. Diógenes Villa, director ejecutivo del CSJ, asevera que al entonces delegado de esta corporación lo han dejado ‘metido’ tres veces.
“Se supone que la función de esos magistrados es impartir legalidad, pero lo que hicieron fue una ocupación de hecho del edificio. Están obstaculizando el proceso liquidatorio y no puede ser que usen su investidura de servidores públicos para torpedearlo. Ellos no están siendo serios y es irrisorio que tengamos que instaurar una tutela para que unos jueces cumplan con las leyes”, le dijo a El Espectador Yeseny Morales, quien asegura además que la demora de los jueces radica en un detalle: las mejoras que el CSJ le hizo a la construcción. Según Morales, por un valor de —$1.600 millones— no estaban autorizadas, lo que podría acarrearle a la Judicatura nuevos procesos en la Contraloría por malos manejos de sus recursos.
La versión de la Judicatura, en cabeza del presidente de la Sala Administrativa (magistrado Néstor Raúl Correa) y el director ejecutivo (Diógenes Villa) es la opuesta. “La Contraloría nos investigaría si compramos el edificio sin que nos reconozcan las mejoras, tal como establece el Código Civil. No es que ‘no se nos dé la gana’ comprarlo”, le dijo a este diario Diógenes Villa. El magistrado Correa, por su parte, expresó que las negociaciones se fueron al piso cuando la Lotería pasó de pedir $2.000 millones a pedir $2.800 millones: “La situación está en el aire, es cierto, pero fueron esos $800 millones adicionales los que nos llevaron a concluir que no era conveniente seguir con la negociación”.
Los señalamientos van y vienen, pero lo cierto es que el edificio, cuyo contrato de comodato venció en febrero de 2009, sigue siendo ocupado por magistrados del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico y dos tribunales más de esa región, sin que la compra se concrete. Desde entonces, en palabras de la liquidadora, el CSJ no paga el uso del edificio, unos $30 millones mensuales. “Ya deben tres años, eso suma cerca de $1.200 millones. Ellos administran justicia ahí y gratis”, concluyó Morales.
Otro enredo más para el CSJ —organismo que el ministro de Justicia insiste en acabar por “ineficiente”—. Para Yeseny Morales, la preocupación no es por el edificio en sí, sino por los 28 extrabajadores y más de 50 acreedores de la Lotería, a los que les adeuda unos $8.000 millones.