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Señor Juez Administrativo de Bogotá... en mi calidad de apoderado judicial de la Fundación Politécnico Grancolombiano... ante usted, respetuosamente, propongo que se declare la nulidad de las resoluciones número 9526 de 29 de octubre de 2010 y 4535 de junio 8 de 2011, ambas expedidas por el Ministerio de Educación Nacional...
El firmante de la demanda es el abogado Delio Gómez Leyva. En otras palabras lo que busca el defensor es que se derogue una sanción de $56’670.000 (cien salarios mínimos mensuales vigentes), que el Ministerio le impuso a la institución por “inadecuada aplicación y conservación de las rentas”. Lo que quiere decir que, en opinión del Gobierno, el Politécnico hizo un uso inapropiado de sus recursos, “apartándose de sus objetivos y misión institucional”.
Aquí habría que decir que el Politécnico Grancolombiano es una universidad privada sin ánimo de lucro, por lo que “todos sus excedentes deben ser reinvertidos en la misma institución”, como explica el viceministro de Educación Superior, Javier Restrepo. Como al parecer la universidad desobedeció ese mandato —que es la misma norma que rige, por ejemplo, a las EPS—, el Gobierno la sancionó.
El pleito lleva más de cuatro años —el 6 de noviembre de 2007 el Ministerio ordenó la apertura de investigación— y todavía no hay un veredicto definitivo —el juzgado 005 administrativo del circuito de Bogotá tiene ahora la palabra—. Pero las acusaciones de parte y parte han sido enfáticas y se mantienen. ¿Quién ganará el pulso?
Las razones
Hay dos hechos. Uno: el 30 de diciembre de 1996 el Politécnico adquirió dos lotes en el norte de Bogotá —calle 213 N° 114-10—, denominados Los Arrayanes, a través de un crédito hipotecario cuyo saldo a 31 de diciembre de 2005 ascendía a $6.316’285.000. Según su versión, la idea era construir allí un campus universitario, pero la administración distrital les negó los permisos, argumentando que esos predios sólo podían ser utilizados para la edificación de viviendas.
La decisión que tomó a continuación la universidad es la que la tiene hoy en este lío jurídico. Así lo explican ellos mismos: “Al no ser acogida la pretensión expresada (...) fue necesario, a fin de conservar y acrecentar sus bienes y rentas (los de la universidad), asumir el reto de construir las viviendas autorizadas”. Según el Ministerio aquí estuvo el grave error: invertir en una actividad que no cumplía con “unos propósitos especiales (...) de las actividades académicas de las instituciones de educación superior”.
Pero la universidad no sólo decidió asumir el reto de construir las viviendas, también invirtió una buena suma de dinero en la adecuación del terreno: $1.138’329.000. Así continúa su versión: “El desarrollo del anterior objetivo (el de la construcción de las viviendas) implicó, desde luego, el tener que efectuar las inversiones necesarias en el terreno mencionado, para adecuarlo a su nuevo uso —vías de acceso desde la Autopista Norte hasta los terrenos, diseños urbanísticos, planos arquitectónicos, etc—”. Y más adelante apuntan: “La institución universitaria asumió, Señor Juez, con toda responsabilidad el resto de la construcción, pero a sabiendas y con plena conciencia de que su actividad es la de educar”.
Se construyeron en total 1.000 viviendas y se pactó que la comercialización y venta del proyecto se efectuaría por parte de Soluciones Inmobiliarias. “Como se observa, Señor Juez, la institución Universitaria no se apartó de sus fines propios, ya que la actividad constructora, la dejó en poder de expertos en la materia”.
Terminada la obra “el activo se valorizó, indiscutiblemente” —continúa la defensa— por lo que deciden vender. El 16 de agosto de 2006 se cerró el negocio por la suma de $13.436’882.453. Un error más en opinión del Ministerio, que le reclama al Politécnico haberse conformado con una suma inferior al precio “real” del proyecto. Esto, argumenta el Gobierno, afectó “la posición patrimonial y por ende la situación financiera consolidada de la institución”.
Según los cálculos del Ministerio de Educación el verdadero valor de Los Arrayanes era $15.970’262.131, pero el Politécnico alega: “Dicha entidad utilizó el referente equivocado (para hacer ese cálculo), pues el valor en libros del inmueble no sólo incluye la inflación, sino que no demuestra el valor real del activo ni permite determinar las ganancias o pérdidas en las que hubiere incurrido mi representada”. Sostiene, además, que el Ministerio se equivocó al sumarle al valor del inmueble “los gastos en los que incurrió el Politécnico para realizar las adecuaciones necesarias (...) haciendo así más dramática la diferencia”.
Y un argumento más de la defensa: “(...) para determinar si hubo o no detrimento patrimonial, el Ministerio debió acudir a las cifras reales de la compra, costos y precio de venta de inmueble (…) En este caso, el flujo de caja de la operación realizada sobre el predio Los Arrayanes demuestra claramente que el resultado comercial de la operación fue positivo para el Politécnico”.
Al otro lado está el Ministerio, que insiste en que al analizar los estados financieros entregados por la misma universidad, “se concluyó que se presentaron en forma neta unas pérdidas registradas y certificadas, derivadas de la venta tanto de la inversión en la hacienda Los Arrayanes como las derivadas del lote denominado Oasis San Mateo, por un valor de $5.999’462.755”.
Aquí entra a jugar el segundo hecho por el que el Politécnico Grancolombiano está protagonizando este proceso. Se trata de la compra del predio Oasis San Mateo, en Soacha, en 1987. Aunque cronológicamente esto ocurrió primero que la adquisición de Los Arrayanes, tiene menos peso en esta historia, pero sí es necesario citarlo porque es un ingrediente más que se sumó a los motivos del Gobierno para imponer la sanción. Ese lote de Soacha fue enajenado en agosto de 2006 por $1.888’764.586.
¿Cuál era la intención inicial?
El Politécnico Grancolombiano insiste, una y mil veces, en que la compra de Los Arrayanes respondía únicamente al interés de construir allí un campus universitario. Otra es la posición del Ministerio, el cual sostiene que existen pruebas que desmienten a la institución. Según el ente del Gobierno, lo primero que se hizo luego de la compra del predio Los Arrayanes fue solicitarle a la Alcaldía de Bogotá incorporarlo como nueva área urbana. Y a través del Departamento Administrativo de Catastro se pidió la asignación de nomenclatura urbana para el predio.
“Más allá del detrimento patrimonial quedó demostrado, y no es cuestión de interpretación, que la institución se apartó de su objeto y misión institucional”. Dice el Ministerio que este comportamiento “terminó contribuyendo a fines muy diferentes al desarrollo académico, como es el desarrollo de la construcción de viviendas, dirigido a satisfacer una población bien distinta a la comunidad académica”.
En su defensa el Politécnico esgrime otros argumentos: sostiene que los inmuebles que son “materia del cuestionamiento en el acto sancionatorio” se adquirieron en 1987 y 1996, y la sanción se impuso el 19 de octubre de 2010 y se notificó el 16 de noviembre del mismo año: “Ya habían transcurrido más de tres años, o sea, se expiró y notificó en un término superior al previsto en la Ley 30 de 1992”. Manifiesta que la apertura de investigación preliminar no la realizó directamente el Ministerio, sino que se ordenó a través del Icfes, lo que “vulneró el debido proceso”.
Los conocedores aseguran que una sanción de $56’670.000 es mínima en comparación con lo que le podría costar al Politécnico la demanda que está en curso. ¿Qué hay realmente detrás de este pleito? Por ahora un juez tiene la palabra.
Las instituciones que no cumplen
Así como el Ministerio de Educación es el responsable de otorgar la personería jurídica a las instituciones de educación superior nacientes, tiene también la misión de liderar el proceso a través del cual se mide su rendimiento y calidad.
“La evaluación de la calidad es un proceso dinámico y continuo que tiene, al menos, dos instancias: la del aseguramiento interno, es decir, el ejercicio de autoevaluación y mejoramiento que cada institución adopta como parte de su gestión, y la del aseguramiento externo, que está a cargo de diferentes organismos del Gobierno”.
Aquellas instituciones que no cumplen con la norma pueden ser castigadas con la cancelación de la personería jurídica.
Cronología del pleito
1996
Diciembre
El Politécnico Grancolombiano adquiere dos terrenos ubicados en la calle 213 N° 114-10 de Bogotá, denominados Los Arrayanes, con un crédito hipotecario de $6.316’285.000.
2006
Agosto
La institución vende los terrenos, en los que ha construido mil viviendas, por la suma de $13.436’882.453. Ese mismo año habían enajenado un lote adquirido en Soacha en 1987, por $1.888’764.586.
2007
Noviembre
A través de una resolución el Ministerio ordenó la apertura de investigación para comprobar la existencia o comisión de la universidad de “actos constitutivos de falta administrativa”.
2009
Noviembre
La funcionaria investigadora formuló cargos en contra de la universidad, en la que se le acusaba de incumplir con su misión de conservar las rentas y aplicarlas debidamente.
2010-2011
Octubre-julio
Se resuelve una investigación administrativa al Politécnico, sancionándose con una multa de cien salarios mínimos mensuales legales vigentes.
2012
Enero
La institución demanda ante el Juzgado 005 Administrativo del Circuito de Bogotá la decisión del Ministerio, y pide que se derogue la resolución sancionatoria del Gobierno.