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El 30 de septiembre de 2012, es decir, en 46 días, vencen dos contratos para la explotación de la única mina de níquel que existe en el país. Se trata de una extensión de 686 hectáreas en Montelíbano (Córdoba), y la firma que realiza los trabajos es Cerro Matoso S.A., propiedad de la multinacional angloaustraliana BHP Billiton. Sin embargo, en aplicación de un tercer contrato que se firmó en 1996, la empresa hoy argumenta poseer derechos para seguir explotando la mina hasta 2029. El tema ya encendió las alarmas en los organismos de control y a partir de hoy es objeto de debate en el Congreso.
La intención de varios legisladores, encabezados por el senador Jorge Robledo y el representante David Barguil, es contradecir el anuncio formulado el pasado 24 de julio en Cartagena por el ministro de Minas, Mauricio Cárdenas, en el sentido de señalar que la firma Cerro Matoso S.A. tiene asegurada su permanencia en la explotación de la mina hasta 2029. En criterio de los opositores de esta decisión, de ser acatada esta directriz se estarían desconociendo varios estudios especializados que han advertido la inconveniencia de la prórroga, así como tres funciones de advertencia de la Contraloría resaltando las mismas conclusiones.
La historia del yacimiento de níquel, a 22 kilómetros de Montelíbano, se remonta a los años 50, cuando dos firmas internacionales presentaron propuestas para buscar hierro y minerales en la región. La empresa Richmond Petroleum resultó elegida, pero tuvo que superar un conflicto jurídico antes de que en marzo de 1963 el Ministerio de Minas la autorizara para la búsqueda de níquel. Así nació el contrato 866-63, con 25 años de autorización. Años después se suscribió el contrato 1727 de 1970, a través del cual se amplió el plazo de la concesión, condicionado a una serie de beneficios para la gente de la región, en especial para los habitantes de Montelíbano.
El tiempo fue pasando. En los años 70 la Richmond Petroleum entregó el negocio a la Hanna Mining Co. y el IFI, y meses después nació Cerro Matoso S.A. En 1982 ya estaba produciendo ferroníquel. Sin embargo, en 1989, Hanna Mining Co se retiró de la mina y entró la Billiton, que poco a poco fue comprando acciones al IFI hasta quedarse en 2005 con el 99,9%. Hoy Cerro Matoso produce utilidades del orden de los $17 mil millones mensuales, pero en virtud de un extraño contrato suscrito en noviembre de 1996, dice tener bases legales para extender su presencia en la mina hasta el año 2029.
Se trata del contrato de aporte 051-96M, suscrito por el entonces ministro de Minas, Rodrigo Villamizar, a través del cual se dispuso que pasaban a la nueva negociación los contratos previos, cambiando de paso el vencimiento de la negociación. En este nuevo contrato es que se basa Cerro Matoso para insistir en su permanencia en la mina, en contradicción con las expectativas económicas en términos de regalías y utilidades, que esperan beneficiar a la región, según lo han observado los especialistas del tema y las autoridades de control.
Precisamente, el pasado primero de agosto la contralora Sandra Morelli, en cartas dirigidas al ministro Mauricio Cárdenas y a la saliente presidenta de la Agencia Nacional de Minería, Beatriz Uribe, les hizo saber que no existe claridad jurídica en los contratos de Cerro Matoso y que, en términos económicos, la forma en que se están acordando las condiciones de reversión de la mina al Estado es lesiva a los intereses de la nación. En tal sentido, instó a ambas instancias a evaluar lo que está sucediendo en este caso, para mitigar los riesgos a los que hoy se expone el Estado con la prórroga propuesta.
A las advertencias de la Contraloría se suman varios diagnósticos de carácter técnico. Por ejemplo, una consultoría adelantada por quien hoy ejerce como procurador, Alejandro Ordóñez, quien advirtió la inconveniencia de prorrogar la concesión, urgiendo al Estado para evitar cualquier efecto económico negativo. De igual modo, el experto Luis Jorge Ferro aportó un estudio con conclusiones similares, formulando un llamado a cambiar los cánones de arrendamiento, de tal manera que se puedan maximizar los ingresos de la nación.
El economista Guillermo Rudas, quien hace parte de un comité creado para la defensa del interés público en este caso, agregó que hoy Cerro Matoso pagaría $140 millones mensuales de arriendo por una propiedad que vale $1,4 billones. Y que habría que revisar lo que hoy se está pagando por regalías, pues lo hace por menor valor desde 2004.
A las observaciones de Rudas se suma el colectivo Colombia Punto Medio, orientado por el experto Álvaro Pardo, quien calcula en US$9 millones semestrales las pérdidas para el Estado si se autoriza la prórroga.
Estos y otros aspectos de orden técnico serán el tema central de los debates de control político que se realizarán hoy y mañana en la Comisión Quinta del Senado, por citación de los congresistas que hoy hacen parte del Comité por la Defensa del interés público en Cerro Matoso. El propósito de los citantes es demostrar que el contrato de 1996 no sólo carece de soporte legal, sino que no podía afectar otros en ejecución y mucho menos sin estudios previos. El objetivo es que se atiendan las advertencias de la Contraloría antes de ampliar una concesión lesiva para el Estado.