Tambalea en la Corte Constitucional la suerte del acuerdo entre Colombia y Estados Unidos para permitir que en siete bases militares en el país, con presencia de agentes y contratistas norteamericanos, se desarrollen operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo. El magistrado Jorge Iván Palacio les pidió a sus colegas declarar inconstitucional el acuerdo al considerar que los alcances del mismo no podían ser convenidos por el Gobierno sin que una ley del Congreso los aprobara. Lo que critica en su ponencia el magistrado Palacio es que las condiciones para la instalación de las bases trasgreden los acuerdos preexistentes entre ambos países en materia de cooperación bilateral.
No obstante, la ponencia plantea diferir los efectos de la sentencia durante un año, tiempo en el cual el acuerdo pueda ser examinado por el Legislativo y cuente con su bendición. De esta manera, se cumpliría el formalismo jurídico y, de paso, se ajustarían las condiciones de cooperación binacionales. Hasta el próximo 17 de agosto tiene plazo la Corte Constitucional para pronunciarse sobre la instalación de siete bases a las que soldados y asesores estadounidenses tendrían acceso y uso libre. El Gobierno autorizó las bases de Malambo, Atlántico; Palanquero, Magdalena Medio; Apiay, Meta; Cartagena y el Pacífico; Tolemaida (Tolima) y Larandia, en Caquetá, para tal fin.
El controvertido acuerdo militar fue protocolizado por ambos países en diciembre del año pasado, pero desde el mes de junio la noticia trascendió a los medios y se convirtió en el caballito de batalla del presidente venezolano, Hugo Chávez Frías, para señalar a Colombia como “un enlace del imperio yanqui” y un peligro para la región. Fue este convenio el que dio pie para que Caracas congelara sus relaciones comerciales con Colombia, un bloqueo que le ha costado al país más de US$9.000 millones desde entonces. El vecindario mostró sus reparos, también protestó Ecuador y recordó que el ataque al campamento de Raúl Reyes en Sucumbíos se hizo con tecnología norteamericana.
En momentos en que Caracas y Bogotá afrontan tiempos turbulentos por la presencia de las Farc en Venezuela, con 87 campamentos y no menos de 1.500 guerrilleros, según se denunció ante la OEA, la ponencia del magistrado Palacio tiene a más de uno con los nervios de punta.